Se publica el Informe «Tiempo de verdad y de justicia. Bebés robados»

Este informe se ha elaborado con base en una investigación documental y sobre el terreno realizada por Amnistía Internacional España entre diciembre de 2018 y marzo de 2021. La investigación se ha desarrollado a nivel estatal, si bien ha prestado especial atención a algunas Comunidades Autónomas, en particular a Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y País Vasco, por ser estas Comunidades donde se concentran más del 81% de las diligencias de investigación emprendidas por la Fiscalía General del Estado desde el año 2011.

Durante más de 50 años, desde finales de la Guerra Civil hasta los 90, miles de personas pudieron ser objeto de desaparición forzada, o de sustracción y sustitución de sus identidades. Se vulneró, también, el derecho a la protección de la vida familiar, el derecho a la identidad, a la nacionalidad, al nombre, y a las relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Son los conocidos como “bebés robados”. La respuesta por parte del Estado ha ido desde la autoría o complicidad en los primeros años, hasta la actual atención inadecuada e insuficiente a los miles de procesos de búsqueda iniciados por personas que no conocen su identidad ni la de su familia biológica; o por quienes desconocen la suerte y paradero de sus hijos, hijas, o familiares.

Las sustracciones ilegales denunciadas se habrían producido primero en cárceles, y luego en hospitales, maternidades, casas cuna, centros de beneficencia, en algunos casos directamente gestionados por congregaciones religiosas, que carecían de una adecuada supervisión por parte del Estado. Amnistía Internacional ha constatado cómo bebés llegaron a ser entregados a familias de México o Chile, siendo registrados como hijos e hijas biológicos. La ideología de género franquista que puso el foco en el control de las mujeres, su sexualidad y su maternidad, impuso la creación de leyes, algunas vigentes hasta finales de los 90, que permitieron amparar la sustracción ilegal de bebés.

Amnistía Internacional ha recabado testimonios y documentado denuncias de sustracción ilegal de menores que dan cuenta de hechos que podrían constituir desaparición forzada, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Desde el momento en que existen motivos razonables para sospechar que una persona ha podido ser víctima de desaparición forzada, se origina para el Estado una obligación absoluta de investigar hasta esclarecer los hechos y conocer la verdad. En el caso de los niños y niñas desaparecidos, esta obligación no cesa hasta garantizar la posibilidad real y legal para la víctima de restablecer su identidad y, en su caso, los lazos familiares. El derecho internacional de los derechos humanos también dispone que son víctimas de desaparición forzada, además de las personas desaparecidas, aquellas otras que sufren un perjuicio directo como consecuencia de esa desaparición, como sus familiares.

Amnistía Internacional ha observado también que las acciones de los distintos poderes del Estado español, y en los distintos niveles de gobierno, no han proporcionado respuestas a las víctimas conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. El poder judicial ha archivado la mayoría de las denuncias, en algunos casos sin haber llevado a cabo investigación alguna, alegando la prescripción de los hechos. En el caso concreto de la Fiscalía General del Estado, sus esfuerzos y numerosas investigaciones emprendidas han arrojado escasos resultados materiales. El poder ejecutivo ha puesto en marcha algunos dispositivos orientados a asistir a las víctimas, pero con un alcance limitado, carentes de competencias y objetivos para esclarecer los hechos y llevar a término los procesos de búsqueda. Finalmente, el poder legislativo, a nivel estatal, no ha promulgado legislación específica que recoja gran parte de las medidas solicitadas por las víctimas.

A nivel autonómico han sido diversas las iniciativas legislativas aprobadas, aunque la organización no ha podido constatar que su implementación esté suponiendo una ayuda efectiva para las víctimas. En Asturias, la Ley 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de memoria democrática del Principado de Asturias, contiene varias menciones específicas a los bebés robados (artículos 6.f, 11.1, 15.3, 19.b).

Para Amnistía Internacional, no se trata de una violación de derechos humanos del pasado, sus efectos no han cesado y persisten hoy. Si algo ha podido constatar Amnistía Internacional a lo largo de esta investigación es el profundo dolor que soportan las familias y personas inmersas en estos procesos de búsqueda, incrementado por la falta de respuestas y la impunidad. Este sufrimiento moral y psicológico puede llegar a alcanzar el umbral de la tortura y otros malos tratos, tal y como han señalado mecanismos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas.

El Estado español debe adoptar medidas con un enfoque global para dar respuesta a estos procesos de búsqueda en su totalidad, y proporcionar de forma proactiva acompañamiento a las víctimas. Esto requiere que todas las autoridades implicadas garanticen mecanismos adecuados de acceso a la información, rendición de cuentas, así como apoyo jurídico y psicológico.

En estos momentos estamos ante una oportunidad histórica para impulsar el esclarecimiento efectivo de estas violaciones de derechos humanos. Esperamos que el Parlamento apruebe una Ley sobre bebés robados destinada a la búsqueda e identificación de niños y niñas; que el Ejecutivo garantice una asistencia integral, tanto jurídica como psicosocial para las víctimas y se reconozca públicamente el impacto que este tipo de violencia ha tenido específicamente contra las mujeres; y que desde tribunales y fiscalía se impulsen investigaciones exhaustivas e independientes para esclarecer los hechos.

Por todo lo expuesto, Amnistía Internacional pide al Gobierno del Principado de Asturias:

• Garantizar una asistencia integral a las víctimas, con servicios de orientación jurídica y acompañamiento psicosocial en todas las fases del proceso de búsqueda, en coordinación con la actuación desarrollada en este ámbito por el gobierno central.

• Elaborar un plan de resarcimiento y reconocimiento específico, de conformidad con lo establecido en el art. 19.b) de la Ley 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de memoria democrática del Principado de Asturias,

• Implementar las restantes medidas contempladas en la Ley 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de memoria democrática del Principado de Asturias, como son las referidas a: procedimientos de localización, toma de muestras y Banco de ADN, acceso a archivos, etc.

• Ampliar estas medidas previstas en la Ley 1/2019 para “los bebés robados” más allá del ámbito temporal al que se refiere dicha ley y que se apliquen a los casos existentes hasta los años 90.

Y a la Fiscalía Superior del Principado de Asturias:

• Actuar de oficio para la investigación de sustracciones de niños y niñas para su entrega a familias distintas a la suya y persecución de crímenes de derecho internacional.

• Garantizar investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales a fines de establecer la verdad sobre posibles sustracciones de niños y niñas, con independencia de que se pueda Llevar a cabo una labor de reexamen de las causas penales cerradas y, en aquellos casos en que exista prueba indiciaria de la comisión de una desaparición forzada, reactivar las investigaciones o, en su caso, instar a la reapertura de las investigaciones judicializadas.

Esperamos que el contenido de este informe sea de su interés y quedamos a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que precise.