La CIMTM expresa su ‘condena y repulsa’ a los crímenes machistas de la última semana
La violencia machista ha dejado ya 14 víctimas mortales en lo que va de año (1.092 desde 2003, año en que empezaron a contabilizarse)
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La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres quiere expresar su máxima condena y repulsa a los crímenes machistas acontecidos en la última semana. Es lamentable que la vida de cinco mujeres y un menor de edad hayan sido arrebatadas a consecuencia de la violencia de género. Queremos trasladar al entorno de las víctimas nuestro máximo respeto y cariño en estos duros momentos.
La semana pasada comenzaba con dos mujeres asesinadas en Corbera de Llobregat (Barcelona) y Creixell (Tarragona) a manos de sus parejas. Les seguía un doble crimen en Sa Pobla (Mallorca), donde un hombre asesinó a una mujer embarazada de 28 años y a su hijo de siete. La madrugada del jueves tuvo lugar el quinto asesinato, a una mujer de 48 años en la localidad asturiana de Pola de Laviana, donde un hijo de la pareja comunicó el crimen y el hombre se entregó poco después. El último caso sucedió en la madrugada del sábado al domingo en Zaragoza, donde una mujer de 35 años ha aparecido muerta después de que su pareja, que tenía una orden de alejamiento, se precipitara por una ventana.
Y así, en lo que va de año, la violencia machista ha dejado ya 14 víctimas mortales en lo que va de año (1.092 desde 2003, año en que empezaron a contabilizarse).
Las cifras son escalofriantes y, sin embargo, solo reflejan la parte más visible y extrema de la violencia de género. Solo escuchamos hablar de mujeres maltratadas cuando ya no podemos hacer nada por salvar sus vidas. Algo que ha de cambiar urgentemente.
La violencia de género no son sólo los crímenes machistas de los que se habla puntualmente en los medios de comunicación. La violencia de género también son las mujeres que sufren maltrato psicológico y ni si quiera son conscientes. Las mujeres a las que se les priva de recursos económicos y se las relega al ámbito familiar y de los cuidados. Las mujeres que se atreven a denunciar y son cuestionadas por la justicia. Las mujeres que sufren violencia vicaria y se les amenaza con separarlas de sus hijos e hijas. La violencia digital y el acoso que sufrimos las profesionales cada vez que denunciamos el machismo y hablamos de abolir la prostitución o los mal llamados “vientres de alquiler”.
Debemos comenzar a señalar la violencia de género en toda su dimensión. El machismo es un problema estructural y una cuestión pública que no podemos solucionar en el ámbito privado.
Vivimos en una sociedad en la que la violencia machista se expresa como parte de la normalidad. Y ejemplos de ello es que un 44% de mujeres no denuncian porque piensan que no es lo suficientemente grave. Por otro lado, vemos a políticos negarla de manera sistemática y a muchos medios reproducir mensajes cuestionando a las mujeres.
Necesitamos reforzar los mecanismos de detección, atención y protección a mujeres víctimas de violencia de género. Así como destinar más recursos y articular medios para llegar a tiempo y evitar más muertes.
En el ámbito de la prevención es imprescindible instaurar obligatoriamente talleres de educación y sensibilización en violencia de género. Para ello necesitamos el compromiso de los centros educativos. Pues solo desde la educación a edades tempranas podremos evitar que se interioricen y normalicen conductas machistas que desembocan en relaciones basadas en roles de dominación masculina y sumisión femenina.
Tenemos claro que sin el compromiso de las instituciones políticas y los medios de comunicación jamás lograremos concienciar a la sociedad de que cada día las mujeres están siendo asesinadas en algún rincón del mundo por el mero hecho de serlo.
Destruyamos de una vez por todas el estereotipo estigmatizado de “mujer maltratada” como una mujer a la que se juzga y con la que cuesta identificarse. La violencia de género no tiene fronteras ni perfiles. No es un asunto de condiciones individuales ni de casos concretos. Su única causa es el machismo en una sociedad profundamente patriarcal.
En nuestro compromiso por erradicar y combatir la violencia de género, mostramos nuestra plena disposición y voluntad a las instituciones públicas para reforzar los mecanismos de protección a las mujeres y menores en situación de maltrato
Irene Montero señala la voluntad de hacer permanente el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género “como uno de los grandes consensos de estado”
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha comparecido esta mañana en la Comisión especial de seguimiento y evaluación de los acuerdos del informe del Senado sobre las estrategias contra la violencia de género aprobadas en el marco del Pacto de Estado Contra la Violencia de
Género (PEVG).
La ministra de Igualdad ha empezado su intervención recordando a todas las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. A continuación ha explicado las razones por las que se convocó el pasado viernes 21 de mayo, una reunión urgente en el seno del acuerdo PEVG, con el objetivo de proponer la constitución de un espacio de trabajo interinstitucional para trazar un Plan de revisión y modernización de las actuaciones contra la violencia de género. “Son muchas a las que no hemos llegado, por todas ellas necesitamos fortalecer el Pacto de Estado contra la Violencia de Género; necesitamos hacerlo a nivel social, político e institucional, precisamos de una mayor unidad feminista para hacer un cordón frente al negacionismo”.
Montero ha insistido en la necesidad de la institucionalización del PEVG. “La lucha contra todas las violencias machistas no puede depender de colores políticos o de quien gobierne, sino que debe ser una política de estado perdurable”. Y ha manifestado la voluntad del Ministerio de Igualdad de que el PEVG tenga vocación de permanencia “como uno de los grandes consensos de estado”. Para ello, ha anunciado, “estamos trabajando para traer al Congreso cuanto antes una iniciativa que nos permita convertir en permanente el Pacto de Estado, así como su financiación”.
✅ La ministra @IreneMontero anuncia que convertiremos en permanente el #PactoDeEstado contra la #ViolenciaDeGénero.
? «Este Pacto debe seguir siendo el pilar que sostenga las políticas contra la violencia machista. Hagamos de este compromiso un acuerdo perdurable en el tiempo» pic.twitter.com/xZV3GtMmBb
— Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) May 27, 2021
Montero también ha anunciado que tanto el PEVG, como su institucionalización, irá acompañado y reforzado de otra gran política pública diseñada desde la excelencia: la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas (2022-2025). “Puedo anunciarles ya, que el mes que viene, en junio, la Estrategia será licitada a través de procedimiento abierto, de tal forma que su elaboración y el proceso participativo sobre el que se fundamenta habrán concluido en el primer trimestre de 2022”.
La ministra ha recordado que este año, con cargo a los PGE, se van a invertir en la lucha contra las violencias machistas 268 millones de euros, de los que 100 son para transferencias directas a las CCAA y 80 para la AGE. Con la transferencia de estos créditos se da cumplimiento a la medida 278, que será destinado por las CCAA y las ciudades de Ceuta y Melilla a proyectos o programas de lucha contra la violencia contra la mujer.
SAP y violencias machistas
Montero ha explicado también como con el texto aprobado de la Ley de Infancia se cumplen con otras medidas del PEVG, como la 129, que hace referencia al falso síndrome de alienación parental (SAP). Con ella se cumple con los estándares internacionales, como la Convención de los derechos del niño, y se refuerza el derecho de los niños y niñas a ser escuchados, como titulares de derechos.
Respecto a las violencias machistas Montero ha afirmado que acabar con las violencias machistas “pasa por hacer frente a todas las violencias, por proteger a todas las mujeres y por asumir todas las obligaciones”. En ese sentido, la inminente Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual “va a dar un vuelco definitivo a las políticas contra las violencias machistas en nuestro país”. España, ha afirmado, quiere lanzar un mensaje claro: “las víctimas de violencias sexuales son titulares de derechos humanos y las administraciones públicas son garantes de su cumplimiento”. “Con esta nueva norma no será consentimiento más que aquel que se exteriorice libremente y de modo inequívoco”. Con esta Ley, “pasamos de una visión estrictamente punitivista”, centrada en el castigo al agresor, “a una visión donde la víctima de violencia no solo cuente con la protección y el apoyo que le brinda el estado, sino con un proceso de reparación social del daño sufrido”.
La ministra de Igualdad ha recordada el resto de políticas que está llevando a cabo el Ministerio de Igualdad contra las violencias machistas, como la ampliación del 016 y ATENPRO, con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del Plan España te Protege Contra las Violencias Machistas, el cual también incluye la creación en todas las CCAA y provincias de los centros de atención integral 24 horas para víctimas de violencia sexual, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 del Convenio de Estambul.
En la misma línea de dar cumplimiento al PEVG, Montero ha priorizado la lucha contra la trata y la explotación sexual, con la puesta en marcha del Plan de Acción Urgente Contra la Trata y la Explotación Sexual, que incluye una Ley Integral Contra la Trata de seres humanos y de protección a las víctimas, o un Plan de Inserción Sociolaboral para las víctimas.
La ministra ha hecho público que en la Consulta Pública Previa, habilitada hasta este mismo lunes, se han recibido 454 propuestas. “Regular un fenómeno como la trata, que es la esclavitud del siglo XXI, no es solo necesario sino que es imprescindible”. La ministra ha recordada que se ha colocado la primera piedra en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, reconociendo la trata como violencia sexual y ampliando a sus víctimas la cobertura y derechos con los que cuentan todas las víctimas de violencia sexual. “España tiene una deuda con las víctimas de trata y este gobierno tratará de saldarla. La futura Ley Integral colocará a las víctimas en el centro”.
Junto a esta ley se incorpora también, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un Plan de Inserción Sociolaboral destinado a víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en situación de prostitución, desarrollado junto al Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido a ofrecer alternativas reales y dignas, tanto laborales como sociales y económicas, para poder salir de la prostitución o de las redes de trata. Junto a esto, ha finalizado, “recuperamos también, tras haber sido eliminada del Código Penal en el año 1995, la tercería locativa para perseguir a la industria proxeneta”.