Unidas Podemos pide al Gobierno continuar con las inspecciones en el campo
«Protegen a los trabajadores y a la mayoría de los empresarios de la competencia desleal», aseguran desde el grupo parlamentario.
El grupo confederal de Unidas Podemos- En Comú Podem- Galicia En Común registró este viernes una iniciativa parlamentaria para solicitar que continúen las campañas de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en el sector del campo y así «garantizar los derechos de los trabajadores y proteger al mismo tiempo a la mayoría de los empresarios de la competencia desleal».
En el texto de la Proposición No de Ley (PNL), Unidas Podemos señaló que las inspecciones sirven para «poder comprobar de primera mano cuáles son las condiciones laborales reales que se dan en el trabajo en el campo» teniendo en cuenta la estacionalidad característica del sector a la que según apuntan «se asocian riesgos de mayor precariedad y vulnerabilidad de las personas trabajadoras».
Para el grupo parlamentario estas campañas han sido un «éxito» a pesar de «las voces críticas» que surgieron desde «ámbitos patronales y de la derecha política», que denunciaban que dichas inspecciones estaban diseñadas «para criminalizar» a los empresarios del campo.
Aunque, «nada más lejos de la realidad» para el grupo confederal, pues estas inspecciones han servido para destapar «la competencia desleal» que sufre «la mayoría de empresarios honrados» por parte de una «minoría que no cumple las leyes y que no es en absoluto representativa del sector».
«Es por ello que la actuación inspectora de la ITSS cumple una doble función: garantizar los derechos de los trabajadores y proteger al mismo tiempo a la mayoría de los empresarios de la competencia desleal (…) Nuestro grupo parlamentario está convencido de que ambas cosas no solamente son compatibles sino que además van de la mano», zanjó el grupo confederal.
En este sentido, desde Unidas Podemos recuerdan que gracias a estas campañas, en el pasado año 2020 se detectaron «más de dos mil infracciones por situaciones de economía irregular y trabajo de personas de origen extranjero» que implicaron sanciones a las empresas infractoras por más de 12 millones de euros.
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