La Fiscalía se niega a investigar los vínculos de Felipe González con los GAL porque «son hechos prescritos»

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha comunicado su negativa investigar la presunta participación de Felipe González en el terrorismo de estado y la formación de los denominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) al considerar que «los hechos están prescritos». En su resolución, firmada el pasado 14 de abril, la fiscalía rechaza la apertura de diligencias solicitada por la ex parlamentaria autonómica de Elekarrekin Podemos, Pilar Zabala, para esclarecer la posible comisión de hechos delictivos por parte de Felipe González durante su mandato como presidente del gobierno.

La solicitud de Zabala, hermana de la víctima de los GAL José Ignacio Zabala, había presentado una denuncia ante la Fiscalía de Gipúzcoa, que finalmente envió las diligencias a la Audiencia Nacional «por ser la competente para su conocimiento y actuación». En la misma, se solicitaba la apertura de diligencias para esclarecer si Gonzalez se habría valido de su cargo público para tolerar, financiar o encubrir graves vulneraciones de derechos humanos por medio de los fondos reservados a través del impulso y sostenimiento de los GAL.

En su respuesta, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Jesús Alonso ha recordado que los hechos relativos al secuestro y asesinato de Jozean Lasa Aristegi y José Ignacio Zabala Artano en 1983 fueron investigados. En este sentido, ha insistido en que «por esos delitos ya fueron condenadas varias personas que ejercían cargos públicos, en referencia al gobernador civil de Guipúzcua, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Donostia y tres guardias civiles de dicha comandancia».

En la denuncia presentada por Zabala se señalaba la posible participación de personas que aún no han sido juzgadas ni fueron imputadas en el procedimiento. Según ha precisado el fiscal en su escrito, se «aportan datos e informaciones nuevas y recientemente conocidas» sobre la presunta participación de Felipe González, entre ellas un informe de la CIA estadounidense.

El fiscal ha considerado que «los elementos indiciarios aportados no justificarían la apertura de una investigación» y ha alegado que desde el momento en que se cometieron los asesinatos hasta que se identificaron los restos «han transcurrido más de 20 años, periodo de prescripción contemplado en el artículo 113 del Código Penal».

A raíz de la decisión del Ministerio Público de archivar las diligencias, Zabala ha impulsado la plataforma B-Egiaz para reclamar una investigación sobre los GAL. Este viernes la exparlamentaria ha asegurado que están estudiando los siguientes pasos a dar en el ámbito judicial para agotar todas las instancias. Al acto también han acudido Maria Jauregi Lasa, hija de Juan Mari Jauregi; Juan Diego Botto, actor y director; y María de Olmo, historiadora y directora del Archivo Provincial de Alicante.