El TSJM avala el cartel de Vox porque 269 menores extranjeros «son un evidente problema social y político» para Madrid
- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso presentado por la fiscalía contra Vox por el cartel de las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo en el que se comparaba un dinero que no reciben los menores de edad extranjeros y migrantes con la pensión mínima de «tu abuela» según ha adelantado El País.
- A finales de junio, el TSJM sentenció los documentos falsificados por la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, para la obtención de una licencia de obra en el Ayuntamiento de Madrid eran tan «burdos y groseros» que eran «incapaces» de inducir a error a ninguna persona y «mucho menos a técnicos de urbanismo». Así, el tribunal inadmitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía “al no reunir los hechos relatados los caracteres del delito de falsedad documental atribuido a la querellada”.
El tribunal desestima así el recurso presentado por la Fiscalía y al que se adhirió el PSOE al considerar que el presunto delito de odio del mensaje es un «eslogan político» que no contiene en ningún caso «ideas a prohibir».
Fiscalía: “Una estigmatización negativa, intolerante y prejuiciosa”
Ministerio Fiscal denunció un posible delito de odio al considerar “la hostilidad y el rechazo social hacia estos menores, su cosificación y deshumanización y constituye un ataque a la dignidad de todo el colectivo, lo que se ha hecho de manera pública al colocar el cartel en una de las estaciones de Metro de mayor afluencia de usuarios del servicio público de transporte”.
En abril, la jueza de instrucción del juzgado número 53 de Madrid ya archivó la denuncia porque, según rezaba su auto, el mensaje expuesto en espacios públicos no incitaba a la violencia contra ellos que requiere el tipo penal del delito de incitación al odio: «El lenguaje directo utilizado en los mensajes de gran repercusión en los medios de comunicación, con motivo de la campaña electoral, no ha creado una situación de peligro, no tienen la aptitud para generar un riesgo, riesgo que justifique el recurso a la violencia».
El contenido del cartel es falso, pues esos 4.700 euros no los recibe el migrante, sino que son gastos derivados de la custodia por parte de instituciones públicas. Además, hay 3.709 menores con medidas de protección designadas por la Comunidad de Madrid. De estos, 2.637 son españoles, es decir, el 71,1%. El 28,9% restante, 1.072 menores, son extranjeros. De estos, solo 269 son menores extranjeros no acompañados, según las cifras de la consejería. Y no todos están en un centro de acogida, sino que pueden estar también en una familia de acogida. Pero, en definitiva, la denuncia no se refería a la evidente falsedad del cartel, sino a un presunto «delito de odio».
TSJM: «representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio”
Ahora, los jueces del alto tribunal sostienen que “el cartel también puede interpretarse como un mensaje electoral a un colectivo mucho más numeroso que el de los menas” –o sea, a los menores extranjeros no acompañados e indefensos- “el que se presenta una crítica gráfica y directa sobre la cuantía de las pensiones en comparación con el sostenimiento de estos jóvenes”. Y añaden: “Con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio”.
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