El Gobierno de Sánchez consolida el urbanismo ilegal y da portazo a la acción popular

El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha abierto a consulta pública previa un anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (aprobada por RDL 7/2015). El objetivo de la iniciativa es “reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la planificación territorial y urbanística”. Pero lo que se pretende es poner freno a las sentencias que están declarando nulos de pleno derecho numerosos planeamientos urbanísticos. La iniciativa no es nueva, en 2018, el Partido Popular presentó un proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados que no llegó a tramitarse.

A juicio de Ecologistas en Acción, la manera más lógica de evitar las declaraciones de nulidad de pleno derecho del planeamiento, sería tan sencillo como que fuera legal. Que se ajustara a los procedimientos establecidos y que se plantearan actuaciones urbanísticas respetuosas con el medio natural y con los derechos sociales de acceso a viviendas o dotaciones públicas. Pero esto no es lo que busca la modificación legal que tramita el Ministerio de José Luis Ábalos.

Lo que se plantea es modificar la naturaleza reglamentaria del planeamiento y los efectos de su nulidad, de tal forma que lo que actualmente sería un planeamiento nulo por la ausencia de un informe sectorial, pueda “librarse” de ese final, aportándolo con posterioridad. Esta solución tendría un efecto perverso que solo beneficiaría al promotor y podría poner en grave riesgo el entorno, incluso las vidas de las personas.

En este sentido qué hubiera pasado en el caso de construirse el sector Las Cabezadas en Aranjuez, sobre zona inundable del río Tajo y afectando a un espacio protegido Red Natura 2000. El Ayuntamiento de Aranjuez pretendió desarrollarlo porque consideró que la Consejería de Medio Ambiente no había trasladado los informes ambientales, en plazo. De estar vigente esta modificación normativa, el Ayuntamiento podría haber construido 5.986 viviendas en zona inundable, poniendo en riesgo a sus habitantes.

Una situación similar sucedió con el recinto ferial de la Isla del Colegio en Alcalá de Henares, pretendía desarrollar un complejo ferial en una isla del río Henares. Una sentencia anuló el planeamiento por no haberse sometido al procedimiento de evaluación ambiental.

En estos casos, la irresponsabilidad municipal y el afán por construir por encima de cualquier obstáculo, llega a plantear actuaciones urbanísticos en zonas con riesgos naturales que ponen en riesgo a las personas que podrían habitar en esos futuros desarrollos.

Por último, la modificación de la Ley del Suelo y Rehabilitación, pretende reducir el riesgo de nulidades, reduciendo la posibilidad de que los ciudadanos recurran a los tribunales. Ante la desidia de las administraciones local y autonómica que suelen hacer caso omiso a las alegaciones que se presentan, solo queda recurrir a los tribunales. Pues bien, eso también se pretende recortar. Es lo que se conoce como acción popular, un derecho reconocido en el actual artículo 4 de la Ley del Suelo y que viene heredado de la Ley franquista de 1956 para “incentivar la defensa del régimen urbanístico, propiciando su observancia”. Pues bien un gobierno progresista pretende dejarla en papel mojado, limitando esa acción popular a colectivos que cumplan de manera activa sus fines estatutarios de defensa del territorio, el urbanismo o el medio ambiente. De este modo, se impedirá participar en estos procedimientos al común de la ciudadanía o a las plataformas de oposición a planes o proyectos urbanísticos.

El problema del urbanismo en el Estado español no son las anulaciones judiciales de los instrumentos de planeamiento, sino los crecimientos desorbitados e insostenibles que se plantean y la manifiesta inobservancia por parte de promotores y administraciones urbanísticas de la legalidad vigente. Por eso, blindar los instrumentos de planeamiento frente a los recursos contencioso administrativos no redundará en una mayor seguridad jurídica sino todo lo contrario, consolidará su eventual ilegalidad haciéndolos virtualmente inatacables. Así, se ha transmitido al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, en las aportaciones presentadas por Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, en el periodo de consultas.