La diputada Maestro pide al Gobierno que explique qué medidas va a tomar para garantizar los derechos frente a los ataques fascistas contra personas y formaciones políticas

Jueves, 15 de julio 2021.

La diputada valenciana de Izquierda Unida en el Congreso, Roser Maestro, ha registrado una batería de preguntas escritas dirigidas al Gobierno a raíz del ataque perpetrado el pasado fin de semana contra la sede que comparten Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y el Partido Comunista de España (PCE) en la localidad de Manises (Valencia), que se suma a la larga lista de los que viene sufriendo esta formación en los últimos años. Entre otras cuestiones, Maestro interroga al Ejecutivo si “tiene constancia de este aumento de acciones violentas de índole fascista contra personas o sus bienes, o aquellos pertenecientes a formaciones políticas de izquierda, sindicatos o movimientos sociales, entre otros”.

La diputada de IU en el grupo confederal de Unidas Podemos plantea conocer también a través de su iniciativa si el Gobierno “va a adoptar medidas urgentes en el marco de sus competencias para garantizar el libre ejercicio de la libertad ideológica y la no injerencia violenta de grupos fascistas” y, en caso afirmativo, pide que se detallen.

Durante el ataque a la sede de Esquerra Unida del País Valencià en Manises la persona o personas autoras del mismo arrancaron y sustrajeron el rótulo informativo de la fachada donde, además de los logos del PCE y de EUPV, aparecía el lema ‘Casa del Pueblo. Espacio social y político de la clase trabajadora’. Este cartel fue hallado dos días después en una calle de la capital valenciana, seriamente dañado y repleto de pegatinas con contenido y simbología fascista y nazi.

Representantes de las formaciones políticas interpusieron la correspondiente denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de Quart de Poblet, ampliada posteriormente cuando se tuvo conocimiento de todos los detalles de la aparición del rótulo sustraído.

Nuestra sede en Manises ha sido atacada por fascistas a quienes les molesta que sigamos luchando por la justicia social, la igualdad, el feminismo, la República…
Nosotras #AntifascistasSiempre? #NoPasarán✊ pic.twitter.com/j0jhTxlxSt

— PCPV Partit Comunista del País Valencià (@elPCPV) July 13, 2021

Roser Maestro expone en el texto de su iniciativa que este ataque “se suma a las numerosas acciones violentas que se suceden contra distintas sedes de Izquierda Unida en diferentes localidades del Estado, de cuya autoría no se suele tener ningún conocimiento posterior, a pesar de haberse denunciado en todos los casos relevantes”.

“Pero Izquierda Unida/ Esquerra Unida del País Valencià no son el único objetivo de estos grupos -incide la diputada-, también han sufrido ataques sedes de otras formaciones políticas, sindicatos y diferentes movimientos sociales. Este incremento de las acciones violentas de grupos de extrema derecha se está produciendo al mismo tiempo que cargos públicos enaltecen públicamente el fascismo desde sus posiciones oficiales”.

Maestro advierte al Gobierno en la exposición de sus preguntas que “el aumento de los ataques contra determinadas organizaciones progresistas y las personas que las apoyan al mostrar públicamente su opción política es perfectamente constatable”. Considera que todo ello “pone en peligro las aspiraciones de participación política de gran parte de la ciudadanía, en cuyo seno aumenta la inseguridad y el miedo a la hora de expresar sus opiniones políticas, su pertenencia a fuerzas políticas alternativas o su participación en movimientos sociales”.

“Las autoridades, en estricta aplicación de la legislación vigente, tienen la responsabilidad de defender los derechos de estas personas y actuar como garantes de la Constitución, ya sea para preservar el derecho fundamental a la libertad ideológica y de expresión, como a la hora de velar por la seguridad de toda la ciudadanía”, apunta la diputada valenciana de IU.

Roser Maestro completa sus preguntas interesándose sobre si el Gobierno prepara “algún plan concreto para responder legalmente de manera efectiva contra estos grupos que demuestran estar en contra del ordenamiento jurídico actual y de los intereses generales” y si va a “revisar de algún modo la legislación vigente para perseguir y terminar” con este tipo de actuaciones.

En relación a este tipo de ataques, pregunta también si “¿conoce el Gobierno cuántas denuncias se han formalizado al menos en los últimos 3 años a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado así como de las policías autonómicas?” y si ”tienen constancia del número de agresiones o acciones violentas de índole fascista contra personas o bienes en el territorio valenciano en este mismo periodo?”.