Más País Andalucía critica la “sangría al consumidor” de la banca y pide al gobierno que tome medidas contra “comisiones desorbitadas y condiciones abusivas”
La coordinadora general de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, cree que “la situación de muchas familias trabajadoras no puede soportar más abusos de consumo por parte de las grandes plataformas de servicios financieros, que cargan de manera excesiva las operaciones cotidianas y hacen prácticamente imposible acceder a las de mayor calado, esenciales para el consumo y para la pequeña y mediana actividad económica”.
La también coportavoz federal de Más País ha realizado estas declaraciones a colación de una pregunta parlamentaria presentada hace algunos días en el Congreso de los Diputados, instando al Gobierno central a “tomar medidas urgentes por la sangría económica diaria que sufrimos todos los ciudadanos de manos de comisiones, condiciones y prácticas de la banca”. Hasta 22.400 oficinas bancarias se han cerrado desde 2008 y el sistema bancario está concentrado hasta en un 70% en manos de las grandes operadoras.
Para Esperanza Gómez “además de que nos vemos abocados a utilizar un sistema bancario privado al que miman las administraciones, ya que es imposible prescindir de él para cobrar prestaciones, realizar operaciones o conseguir crédito, su funcionamiento cada vez es más deficitario y no atiende a las necesidades sociales ni empresariales de la ciudadanía”.
La máxima responsable de Más País Andalucía abunda sobre “la ausencia de oficinas y puntos de atención, situación especialmente difícil para la población mayor no digitalizada o de zonas rurales; sus cada vez más caros servicios, cargando desorbitadamente operaciones esenciales y diarias; y sus prácticas abusivas al vincular ventajas a la contratación o vínculo de otros productos gravosos que ponen en desventaja al consumidor: ¿dónde está la competencia?”. A pesar de haber ganado 10.100 millones durante 2020 por el cobro de comisiones, la patronal ha seguido aumentando las mismas durante este año.
A juicio de Esperanza Gómez, “el aumento en los precios de los suministros vitales, que parece no tener fin, las prácticas abusivas de las plataformas de servicios de diferente índole, como las de telecomunicación, y este comportamiento insolidario y depredador de la banca, en regiones como Andalucía, maltratadas por una desigualdad estructural, hace cada vez más difícil el día a día de cientos de miles de familias”.
La pregunta parlamentaria inquiere al Gobierno sobre si considera que el sector bancario español se encuentra suficientemente regulado; si tiene en mente el Gobierno tomar alguna medida en defensa de los consumidores y usuarios de servicios bancarios ante la subida injustificada de comisiones; y si tiene algún plan el Ejecutivo para luchar contra la “desbancarización” de nuestro medio rural y paliar las dificultades de acceso a los servicios bancarios de la población más vulnerable.
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