Duque celebra nuevo año como presidente en medio de asesinatos, masacres y desapariciones

El presidente de Colombia, Iván Duque, cumple este 7 de agosto su tercer año en la Casa de Nariño en medio del agudizamiento de la violencia que se traduce en desapariciones, asesinatos selectivos y perpetración, casi diarias, de masacres en zonas rurales y pequeñas ciudades del país.

Desde su asunción como presidente de Colombia en 2018, Duque prometió la construcción de un pacto que una al país y garantice la vida, pero a la fecha tanto líderes sociales como excombatientes y manifestantes urbanos han sufrido embates de grupos armados ilegales y de las propias Fuerzas Armadas.

«Los invito a que todos construyamos un gran pacto por Colombia, a que construyamos país, a que construyamos futuro y a que por encima de las diferencias estén las cosas que nos unen», indicó en 2018 Duque, ahora el país se ha consolidado como uno de los más desiguales del mundo.

Contraste de palabras con los hechos

Aunque el jefe de Estado reafirmó su posición de proteger el derecho a la vida de todos los colombianos, lo cierto es que la violencia se intensificó, siendo los principales blancos los líderes sociales.

«Más de 300 líderes sociales asesinados en los últimos dos años (…) bandas criminales aumentan su capacidad de daño en varias regiones del país, se han hecho promesas y compromisos con organizaciones sociales sin asegurar su financiamiento», denunciaba Duque en 2018.

Muy lejos de cumplir su promesa, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) revela que solo en 2020 se asesinaron 310 líderes sociales y en lo corrido del presente año, la cifra llega a 62 defensores de Derechos Humanos ultimados en los territorios.

Producto de su política de enfrentamiento bélico, muy similar a la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, núcleos armados se han apoderado de territorios y han perpetrado las lamentables masacres, Indepaz señala que el año pasado se suscitaron 91 masacres y en 2021 se acumulan 62, lo que deja entrever que en diciembre la cifra podría superar la del 2020.

Además de no garantizar la actividad de los líderes sociales, el Gobierno Duque también se distingue por invisibilizar otro ámbito que revive el amargo recuerdo de los colombianos: El desplazamiento forzado. 

Recientemente, más de 100 campesinos tuvieron que huir de sus comunidades rurales hacia el caso urbano del municipio de Ituango, situado en el departamento de Antioquia, «cada año, cada de seis meses han venido perdiendo muchas cosas y solo vemos que la Alcaldía lo que ha hecho es ocultar la situación y no enfrentar realmente lo que está pasando», denunció la vocera del Movimiento Ríos Vivos, Isabel Zuleta.

El 7 de agosto de 2018, Duque ratificó la garantía a la protesta social en su Gobierno, palabras desmentidas con lo suscitado en el estallido social que duró casi dos meses en Colombia.

La ONG Temblores entregó el pasado 12 de junio un informe a organismos internacionales donde señala que durante las masivas movilizaciones, se cometieron 41 homicidios y 69 casos de lesiones oculares (prácticas similares a las suscitadas en Chile contra los manifestantes).

Temblores detalla que también se registraron 1.649 detenciones arbitrarias, al menos 346 desapariciones y 41 casos de homicidios, éstos últimos presuntamente cometidos por la Policía Nacional.

«20 personas han muerto por impacto de armas de fuego activdas presuntamente por la Policía Nacional en el contexto del Paro Nacional (…) 37.7 por ciento de los disparos activados han sido directamente direccionados a los cuerpos de las personas manifestantes», explica el informe.

Vergüenza internacional

Pese a que Duque prometió cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz, la comunidad internacional ha expresado su preocupación por la lenta implementación del proceso durante la presidencia del alfil uribista.

«Se deben acabar las divisiones falaces entre amigos y enemigos de la paz, porque todos la queremos (…) Las víctimas deben contar con que habrá reparación moral, material y económica por parte de sus victimarios y que no serán agredidas por la impunidad”, aseveró Duque en 2018.

En contraste con lo expresado a presidentes de varios países del mundo, así como a representantes de Naciones Unidas, lo real es que durante el 2021 se han asesinado 31 excombatientes asesinados y en el 2020, de acuerdo al propio partido Comunes, fueron ultimados 249.

Los asesinatos contra excombatientes se suman a la posición hostil contra Venezuela, Duque ha cedido la soberanía del país para intentar desestabilizar el orden Constitucional del Gobierno de Nicolás Maduro.

En 2019, Duque entregó al organismo multilateral un dossier de pruebas que presuntamente culpabilizaba a Venezuela de albergar «terroristas», pero las fotos eran falsas y correspondían a zonas del propio territorio colombiano.