Amnistía Internacional: «las autoridades estadounidenses deben retirar los cargos por motivos políticos contra Assange»

El Tribunal Superior de Londres celebra hoy una vista preliminar sobre el recurso que ha presentado la justicia estadounidense contra la decisión de la corte británica de rechazar el traslado de Assange al considerar que existe riesgo de suicidio.

Antes de la audiencia de apelación preliminar en el Tribunal Superior de Londres sobre la decisión de no extraditar a Julian Assange a Estados Unidos, Amnistía Internacional vuelve a reclamar a las autoridades estadounidenses que se retiren los cargos en su contra. El director de Europa de la organización, Nils Muižnieks, ha manifestado; “Este intento del gobierno de Estados Unidos de que el tribunal revoque su decisión de no permitir la extradición de Julian Assange sobre la base de nuevas garantías diplomáticas es un descarado juego de prestidigitación jurídica. Dado que el gobierno de los Estados Unidos se ha reservado el derecho de mantener a Julian Assange en una instalación de máxima seguridad y someterlo a Medidas Administrativas Especiales, estas garantías son inherentemente poco confiables».

La organización en defensa de los derechos humanos recuerda que «Obama abrió la investigación sobre Julian Assange», y que «Trump presentó los cargos en su contra», e insta al presidente Biden a invertir la política emprendida por EE.UU. hasta la fecha y a que «haga lo correcto y ponga fin a esta farsa de enjuiciamiento«.  Para Nils Muižnieks, “esta apelación falsa debe ser desestimada por el tribunal y el presidente Biden debe aprovechar la oportunidad para retirar estos cargos de motivación política que han puesto la libertad de prensa y la libertad de expresión en el banquillo de los acusados».

Desde AI advierten que casos como los revelados por Wikileaks siguen vigentes: “el trabajo reciente de Amnistía Internacional como socio técnico en el Proyecto Pegasus es solo el último ejemplo que expone lo que algunos estados harán fuera de la mirada de la publicidad. Refuerza la importancia vital de los denunciantes, los periodistas de investigación y los editores para hacer rendir cuentas a los autores de violaciones de derechos humanos ”.

Pegasus es una creación del Grupo NSO, una de las decenas de empresas israelíes especializadas en vigilancia y ciberseguridad. Según la NSO, el programa sólo sirve para combatir a «criminales y terroristas» y por eso añade con cinismo que sólo «se vende a gobiernos que respetan los derechos humanos». Algunos de los países que han comprado el sistema «Pegasus» son México, Azerbaiyán, Kazajstán, Hungría, India, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudí, Bahrein, Marruecos, Ruanda y Togo…

A partir de una lista filtrada de más de 50.000 números de teléfono seleccionados por los clientes de NSO, el llamado Proyecto Pegasus pudo averiguar la identidad que había detrás de 1.400 números. Entre ellos: unos 180 periodistas y 250 activistas de derechos humanos.

«Si es extraditado a los Estados Unidos, Julian Assange podría enfrentar un juicio por 18 cargos, 17 de ellos bajo la Ley de Espionaje; y uno bajo la Ley de Abuso y Fraude Informático»

La ONG apunta a que, además, Assange «correría un riesgo real de sufrir graves violaciones de derechos humanos debido a las condiciones de detención que podrían equivaler a tortura u otros malos tratos, incluido el aislamiento prolongado«.

Julian Assange es el primer editor en enfrentar cargos bajo la Ley de Espionaje. Se trata de una ley federal de los Estados Unidos aprobada el 15 de junio de 1917 en un contexto de guerra global, poco después de la entrada de EE.UU. en la Primera Guerra Mundial y modificada varias veces a lo largo de los años. Su constitucionalidad y relación con la libertad de expresión y el significado del lenguaje utilizado en su redacción han sido impugnadas en los tribunales varias veces desde entonces

AI «se opone a la colocación de cualquier persona con salud mental grave condiciones en las cárceles de máxima seguridad e insta a los estados a atender a las personas con enfermedades mentales que están encarceladas en entornos terapéuticos apropiados» y «espera que el gobierno de los EE. UU. no cuestione los motivos por los que se puede apelar», tales como el perfil de «experto de uno de los testigos» o el «riesgo evaluado de que Assange se suicide».

Estados Unidos también aseguró que las autoridades darán su consentimiento para transferir a Julian Assange a Australia, su país de la nacionalidad, para cumplir cualquier pena privativa de libertad que se le imponga siguiendo el acuerdo bilateral entre ambos países.

Las publicaciones en el portal digital WikiLeaks filtradas a grandes medios corporativos expusieron secretos sobre las violaciones de DDHH del ejército estadounidense en Irak y Afganistán, información acerca de las detenciones extrajudiciales en la prisión de Guantánamo (en la isla de Cuba) y cables diplomáticos que desvelaron abusos de derechos humanos en todo el mundo.

Una de las más recientes revelaciones del portal, el pasado 5 de agosto, «The Intolerance Network», escasamente divulgada en España, detalla la financiación de la extrema derecha internacional, sus amplias redes de coordinación con documentos originales sobre HazteOir y CitizenGO, y la financiación inicial del partido neo-fascista Vox desde la fortuna de millonarios como Esther Koplowitz, presidenta del Consejo de Administración de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC); Isidoro Álvarez (1935-2014), presidente del grupo El Corte Inglés; David Álvarez Díez (1927-2015), propietario del Grupo Eulen; o Juan-Miguel Villar Mir, exministro de Hacienda y dueño entonces de la constructora OHL.

El activista australiano permanece recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh (sureste de Londres), dado que la jueza Vanessa Baraister denegó la petición de libertad condicional mientras se dirime la apelación estadounidense.