Señalan como alarmantes los Planes urbanísticos del municipio de Barbate, similares a los de Tarifa

Los Verdes de Europa-Tarifa lamentan que nunca se haya tenido en cuenta el Informe Auken del 2009 relacionado con el Impacto de la Urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario. que ya ponía en tela de juicio los métodos de urbanizadores y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales en España.

Después de más de 10 años de este Informe manifiestan, los medio ambientalistas sufrimos un “deja vú “, esa sensación que una situación se repite y que se vuelve a experimentar.

Por más que la Comisión Europea haya pedido a las autoridades españolas competentes revisar y modificar, cuando proceda, la legislación, a fin de garantizar los derechos contenidos en el Tratado, y que se cancelen las promociones que no respeten o apliquen las leyes comunitarias y que los proyectos que no observen sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social deberían suspenderse y revisarse, volvemos a experimentar la manipulación, la tergiversación de las leyes y del sentido real de “interés general”, no existiendo justificación legal alguna como para volver a repetir actos dañinos que pretenden destrozar una biodiversidad inigualable.

Manifiesta su protavoz, Rosmarie Hennecke que los gobernantes de Barbate y de Tarifa parecerían estar compitiendo por obtener el premio a la “negligencia urbanística”. En mi opinión, las intenciones de la Comisión Europea en emplear procedimientos de infracción para garantizar que un Estado miembro cumpla con sus responsabilidades de conformidad con los Tratados o las directivas de la UE se cumplan, no surtirán efecto alguno mientras los propios Juzgados españoles sigan archivando denuncias de toda índole y no actúan de oficio como lo es por ej el caso de las sabidas infracciones relacionadas con la depuración de aguas. La Comisión Europea, después de años de sistemáticas denuncias de los ciudadanos por la falta de aplicación de derecho, está indicando que éstos denuncien ante los órganos competentes nacionales y jurisdiccionales, lo que me parece muy bien, pero considero que de nada servirá, mientras los Juzgados y Fiscalía rechacen sistemáticamente las denuncias”.

Manifiesta el grupo verde que, mientras que exista una mayoría de políticos que no dimiten a pesar de infringir de forma flagrante sus propios códigos éticos y que nadie pida responsabilidades, que, mientras que las administraciones y juzgadores, por las razones que fueran, no entiendan o no quieran entender el real significado del artículo 45 de la Constitución española que indica que “los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”, al igual que el artículo 47 que manifiesta claramente que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”, no avanzaremos.

Hacen un llamamiento a la reflexión en la toma de decisiones y en la aplicación de una voluntad política acorde a lo que la mayoría de la población entiende bajo valores, que sin vuelta de hoja son contrarios a las pretensiones de una minoría en búsqueda de sus propios intereses a golpes de irrespetuosidad, irresponsabilidad, contra el prójimo y las próximas generaciones. Exigen que se deje de desvirtuar con diversas otras leyes de índole como por ej. las así denominadas “turísticas” y aquellas que suponen “agilizar trámites” en pro de la economía omitir las leyes medioambientales y directivas europeas por chocar frontalmente con los derechos fundamentales.

(1) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-6-2009-0082_ES.html