Un grave accidente en la explotación de El Valle-Boinás deja en evidencia los riesgos del proyecto de Cobre San Rafael para la mina de Touro

Sin embargo, los hechos parecen confirmar justo lo contrario pues en la madrugada del jueves 12 de agosto se ha producido en la misma explotación un desprendimiento de grandes dimensiones (argayo) desde uno de los taludes superiores del antiguo cielo abierto hacia la balsa de residuos, obligando a la empresa Orovalle a paralizar la actividad de la planta de tratamiento de la mina. Técnicos del Gobierno de Asturias se han desplazado a la zona para evaluar la situación.

Desde la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, una de las organizaciones medioambientales más veteranas del Principado, se ha exigido una investigación a fondo del «impacto y afecciones» del derrumbe por parte tanto del Ejecutivo asturiano como de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHG), alertando de que las lluvias del cambio de estación podrían empeorar el problema.

Para el colectivo este accidente demuestra «la falta de control por parte de la minera y del Servicio de Minas del Principado», recordando que «la balsa afectada acumula miles de toneladas de lodos cianurados que son extremadamente peligrosos» por «su alta toxicidad», una instalación ubicada además «en la cabecera de un afluente del río Narcea».

Para la Coordinadora «no se puede obviar» que Orovalle Minerals S.L., antes denominada Kinbauri España S.L.- filial de la canadiense Orvana Minerals Corporation-, «acumula varias sanciones por contaminar las aguas por sus contínuos vertidos de arsénio y selenio» provocando «graves daños a la cuenca del Narcea» por «los continuos incumplimientos de las condiciones ambientales impuestas».

Actuación de la Fiscalía de Medio Ambiente

De hecho, en Febrero de este año, la Fiscalía del Principado de Asturias confirmó la denuncia de los ecologistas solicitó el pago de una multa de 20 millones de euros a Orovalle por la contaminación de las aguas del río Cauxa, afluente del Narcea, como consecuencia de vertidos ilegales de sustancias contaminantes desde tres puntos distintos de la la mina de oro de El Valle-Boinás por «un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente», solicitando además el abono de una indemnización al Estado por los daños causados al dominio público hidráulico y la suspensión de actividad «por un período no superior a cinco años» hasta la acreditación «del cese de las acciones contaminantes».

Según el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha podido acceder Tercera Información, las sustancias tóxicas «provienen de forma inequívoca de la actividad minera que, desde el año 2007, está desarrollando Kinbauri España S.L., empresa que «conocía plenamente esas emisiones, no autorizadas y contrarias a la normativa administrativa, tanto por sus informes internos como por comunicaciones de la Confederación Hidrográfica, que ha instruido tres expedientes sancionadores a la mercantil. Los dos primeros finalizaron con resoluciones sancionadoras. El tercero se encuentra suspendido por prejudicialidad penal», señalan desde la autoridad judicial.

Para la «Asociación Plataforma de Trabajadores Mineros Touro-O Pino» se trata de una explotación «comprometida» a nivel medioambiental

Llama la atención que para la autodenominada «Asociación Plataforma de Trabajadores Mineros Touro-O Pino«, que el pasado 19 de junio organizó una visita a la mina, se trate de una explotación comprometida «con la sostenibilidad y el medio ambiente».

Para el grupo, creado desde el entorno de Cobre San Rafael -empresa participada por Explotaciones Gallegas y Ayalaya Mining-, en la mina de oro de El Valle-Boinás «se ha podido observar como el paisaje verde típico de esta zona queda intacto».