El comité de Derechos Humanos de la ONU concluye que la inhabilitación de Baltasar Garzón dictada por el TS fue «arbitraria» y «no garantizó la imparcialidad de los magistrados»
- El órgano de Naciones Unidas pide a España “borrar los antecedentes penales” del magistrado condenado por prevaricación.
- La resolución vuelve a dejar en evidencia a un ya cuestionado Tribunal Supremo, y da por hecho que el proceso judicial que acabó con la carrera de Garzón fue «arbitrario», que no garantizó la imparcialidad de magistrados que participaron en la sentencia condenatoria y critica que fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir su inhabilitación.
- «El comité no puede concluir que el autor tuvo acceso a un tribunal independiente e imparcial en los procesos seguidos en su contra en el marco de los casos Franquismo y Gürtel, que finalmente resultó en su condena penal y en la consiguiente pérdida definitiva de su cargo. En consecuencia el comité considera que se violaron los derechos del autor basados en el artículo 14, párrafo 1 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos de la ONU».
- El bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -impuesto por el PP desde hace casi tres años- cerrará este año con al menos 46 vacantes por cubrir, entre ellas nueve plazas de magistrado en el Supremo (por jubilación o fallecimiento). El Alto Tribunal mantiene una mayoría absoluta conservadora que no responde a la configuración actual del Parlamento.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU vulneró la presunción de inocencia del exjuez Baltasar Garzón y se saltó las preceptivas garantías de un proceso judicial en torno a la sentencia por los casos Franquismo y Gürtel, que acabó por apartarle de la carrera judicial en febrero de 2012, al ser condenado a 11 años de inhabilitación.
El órgano estima que el Tribunal Supremo vulneró el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional ratificado por España en 1977, al no respetar el derecho de Garzón a un proceso «con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial».
En aquel escrito remitido a Naciones Unidas en 2016 el exmagistrado de la Audiencia Nacional afirmaba que los casos donde se le acusó de prevaricación –la instrucción de Gürtel, la de los crímenes de la dictadura– y un tercero por la financiación de unos cursos que le sufragó el Banco Santander fueron «arbitrarios y abusivos» y que los tribunales que lo juzgaron (solo fue condenado por intervenir los teléfonos de los letrados de Gürtel) «carecieron de imparcialidad y violaron su presunción de inocencia».
La denuncia del exmagistrado de la Audiencia Nacional alegó que dos de los magistrados que lo condenaron por pinchar los teléfonos de las defensas de Gürtel lo habían asimismo enjuiciado por el caso Franquismo (donde finalmente resultó absuelto) y que los juicios orales por ambas causas tuvieron lugar con cinco días de diferencia.
El dictamen de Naciones Unidas observa que el Estado (español) no ha refutado la alegación de Garzón, en la que sostenía que el magistrado Luciano Varela, instructor principal del caso Franquismo, «habría mostrado su falta de imparcialidad a lo largo del proceso mediante su repetida asistencia a los demandantes», el pseudo sindicato Manos Limpias que denunció al entonces magistrado y cuyo líder Miguel Bernard fue condenado el pasado mes de julio a cuatro años de cárcel por extorsionar a empresas y personalidades para que le pagasen a cambio de evitarles querellas y campañas de descrédito. Para el juez, Luciano Varela apoyó siempre a Manos Limpias en la modificación de sus escritos de acusación contra él.
El citado Comité determina que España «tiene la obligación» de «borrar los antecedentes penales» del exmagistrado, y de garantizarle «una compensación adecuada por el daño sufrido».
Garzón fue condenado por tener “acceso a un tribunal independiente e imparcial” en los procesos seguidos contra él por prevaricación en el Supremo.
En caso de cumplir el Estado con esta exigencia, el regreso de Garzón a la judicatura podría verse facilitado.
Algunas reacciones a la Resolución del comité de DDHH de la ONU
Juan Carlos Monedero: España se acostó franquista la noche que murió el dictador y se levantó demócrata al día siguiente. Muchos jueces aún no se han levantado. Y ahí tenemos a Cospedal, Cifuentes, Monasterio, Casado, BBVA y, claro, la cacicada de cargarse al juez Garzón.
Carlos Sánchez Mato: Resulta que la inhabilitación a Garzón fue un proceso arbitrario y que nuestro país tendrá que hacer una reparación efectiva. Hay quien dirá que son cosas del Comité de Derechos Humanos de la ONU que son unos «tiquismiquis» ¿La verdad? Nuestra «justicia» a la altura del betún.
Carolina Alonso: Un nuevo varapalo para la justicia española. La ONU concluye que Garzón fue inhabilitado en un proceso arbitrario. El primer paso para recuperar esta justicia que lastra nuestra democracia, es sacarla de las garras del PP, ¡renovación del CGPJ ya!
Luis Gonzalo Segura: La ONU dice que España juzgó de forma arbitraria a Baltasar Garzón. Sólo un régimen autoritario de apariencia democrática y funcionamiento criminal como España seguiría como si nada ante sentencias tan demoledoras. Porque ni es la primera ni será la última.
Enrique Santiago: A nadie le debería extrañar que el Comité DDHH de NNUU declare que el juez Garzón no tuvo un juicio justo Siempre pareció que el verdadero motivo para inhabilitarlo no era la Gürtell, sino que abrió un proceso para acabar con la impunidad del franquismo.
*Con información de Agencias.