La Junta inicia el «desahucio» de dos VPO autonómicas en La Rinconada al estar «vacías» pese a su adjudicación

La Consejería de Fomento e Infraestructuras, dirigida por la popular Marifrán Carazo, ha decidido incoar «expedientes de desahucio administrativo» respecto a dos viviendas protegidas de titularidad autonómica localizadas en La Rinconada (Sevilla) y que según las inspecciones, se encuentran «vacías» por «la no ocupación» por parte de los adjudicatarios de tales inmuebles.

En concreto, el diputado de Unidas Podemos en el Parlamento andaluz por la provincia de Sevilla Ismael Sánchez (IU) había formulado una pregunta escrita a la consejera, avisando de que en La Rinconada hay «más de mil demandantes de vivienda» protegida y reclamando información sobre cuántos inmuebles de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA, dependiente de la Consejería) «se encuentran no adjudicados y desocupados en la citada localidad».

Ante ello, y en una respuesta escrita emitida el pasado 14 de junio y recogida por Europa Press, la consejera precisa que «las viviendas en arrendamiento y las de acceso diferido que no están amortizadas son inspeccionadas al menos una vez al año por personal administrativo de la agencia adscrito a tareas de verificación de inmuebles».

«Expedientes de desahucio»

«Como resultado de las verificaciones realizadas, se están investigando dos viviendas que según el resultado de las inspecciones, se detectan como vacías, motivo por el que se va a iniciar expedientes de desahucio administrativo por la no ocupación por sus adjudicatarios», expone la consejera.

Según la misma, a fecha de registro de la mencionada pregunta escrita el pasado mes de abril, AVRA no disponía de «ninguna vivienda vacante para poner a disposición del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas del Ayuntamiento de La Rinconada», gobernado por el socialista Javier Fernández.

En la audiencia

Meses atrás, por cierto, la Audiencia de Sevilla ordenaba el «desahucio por precario» de una vivienda protegida de titularidad autonómica ubicada en La Rinconada, que estaba siendo habitada por una persona que esgrimía que el legítimo adjudicatario de dicho inmueble le había «cedido el uso» del mismo mediante contrato; ordenando además restituir «la plena posesión» del piso a una mujer que había comprado el mismo al hermano del adjudicatario, que también habría contado con la «cesión» de la vivienda.