El Salvador: De criptomonedas y fagocitación de la democracia

El bicentenario de la independencia centroamericana (15/9) fue ocasión para que varios sectores de la sociedad salvadoreña volvieran a llenar las calles de la capital, mostrando su rechazo a varias medidas adoptadas por el gobierno de Nayib Bukele.

«Al conmemorar el bicentenario de la independencia, el pueblo trabajador se enfrenta a un régimen autoritario, encabezado por el clan Bukele, que está desmantelando las instituciones democráticas surgidas con los Acuerdos de Paz y montando una estructura de corrupción, abuso de poder e impunidad», señala el manifiesto a la nación del Bloque de resistencia y rebeldía popular.

Dicho espacio, que reúne a un amplio abanico de organizaciones sociales, populares y sindicales, se declaró en «resistencia popular» contra «el sucio negocio del bitcoin, el alto costo de la vida, los despidos masivos, la reelección presidencial, las reformas constitucionales regresivas, la persecución política a la oposición, la destitución arbitraria y forzosa de jueces y la imposición ilegal de funcionarios usurpadores».

Asimismo, rechazó el acoso contra periodistas, la falta de transparencia, el ocultamiento de la información pública, el abuso de poder, los golpes de estado y la instrumentalización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil.

«No sólo hubo mucha gente, sino también una gran articulación de sectores que están en descontento con el gobierno y con las medidas que ha estado tomando. Esto genera la posibilidad de una gran alianza contra el gobierno», dijo el economista y analista político César Villalona*.

Antecedentes

A partir del 7 de septiembre pasado, El Salvador se ha convertido en el primer país del mundo donde una criptomoneda es moneda legal de intercambio junto al dólar estadounidense. La denominada Ley Bitcoin había sido aprobada tres meses antes por la aplanadora legislativa oficialista.

Unos días antes de la entrada en vigencia de dicha ley, una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA) advertía que el 67.9% de las personas consultadas estaba en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta medida. Asimismo, 8 de cada 10 salvadoreños decían tener poca o ninguna confianza en la criptomoneda.

La encuesta señalaba también que casi el 40% de las personas entrevistadas pensaba que esta ley sólo beneficiaría a los ricos, un 22% a los inversionistas extranjeros y sólo el 5.8% creía que la población saldría beneficiada por esta medida.

Finalmente, un 70% de encuestados consideraba que la Ley Bitcoin debía ser derogada de inmediato y un 65% no pensaba descargar la aplicación (billetera virtual) ‘Chivo’.

Contra la Ley Bitcoin se expresó también la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, que exigió su derogación por considerar que el bitcoin «no es una moneda, sino un activo digital altamente volátil». Además, recordó que la ley «fue aprobada abruptamente sin consultar a la población» y que tampoco respondía a una demanda de la ciudadanía.

En este sentido, las organizaciones que integran la Coordinadora advirtieron que esta criptomoneda «podría favorecer actividades ilegales, ocultar dinero público malversado o evadir el pago de impuestos».

Asimismo, la falta de información y la brecha tecnológica en el uso del bitcoin iba a «incrementar los riesgos para la mayoría de la población y a aumentar las desigualdades».

Si un buen día comienza por la mañana…

De acuerdo con medios nacionales, el día del estreno de la criptomoneda fue desastroso y las expectativas del presidente Bukele fueron incumplidas.

Además de los graves fallos que sufrió la aplicación – miles de ciudadanos  no pudieron descargarla ni tener acceso a los 30 dólares en bitcoin prometidos por el gobierno al obtener la billetera virtual – el precio del criptoactivo se desmoronó. En menos de 24 horas el  ejecutivo registró una pérdida de dinero público de casi U$3 millones tras la compra de 550 bitcoins (U$28.4 millones).

Lo que también salió a relucir en los días pasados es que la empresa Chivo, que está detrás de la billetera virtual para el uso del bitcoin, se constituyó con fondos públicos de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL). En 1999, CEL y Empresa Transmisora de El Salvador (ETASAL) crearon Inversiones El Salvador No 1, una sociedad a la que este año renombraron como Chivo SA de CV y que estará administrada por dos funcionarios públicos. Sin embargo, funcionará como empresa privada y no estará sujeta a ningún tipo de control estatal sobre el manejo y uso de sus recursos.

«Es una ley que nació muerta. Uno va a los mercados, a los comercios y el bitcoin no se está utilizando, ni se va a utilizar. El rechazo es generalizado en la sociedad salvadoreña. Al final creo que van a dejar el bitcoin para cumplir con sus objetivos reales: el negocio de los cajeros de Chivo, la especulación cambiarias para unos cuantos ricos y el lavado de dinero mal habido», apuntó Villalona.

El economista recordó que la aprobación de la ley en junio pasado fue precedida por toda una serie de escándalos de corrupción, vinculados con la pandemia y compras sobrevaloradas.

«Hablamos de unos mil millones de dólares de gastos de 2020 que no tienen soportes contables y por los cuales la Corte de Cuentas está exigiendo realizar una auditoría. Durante casi un mes, (Ministerio) Hacienda les negó el acceso a los auditores y luego les brindó una información parcial e incompleta. No me sorprendería si una parte de este dinero los convierten en bitcoin y así lo legalizan».

Villalona evidenció una gran contradicción entre lo que dice la ley, lo que dice el presidente Bukele y lo que ocurre en la realidad.

«De acuerdo a la ley, todos los precios hay que fijarlos tanto en dólar como en bitcoin. Hasta se pueden pagar salarios, pensiones y tener ahorros con ambas monedas. Sin embargo, en conferencia de prensa, Bukele dijo todo lo contrario. Todo es un absoluto fracaso».

El economista recordó también que el país se encamina hacia la bancarrota.

«La deuda pública ha alcanzado los U$23,300 millones y se está acercando al 100% del PIB. En dos años y medio de gobierno de Bukele, la deuda aumentó de casi U$5 mil millones. El gobierno está en bancarrota a pesar de haber manejado muchísimos millones y ha estado inflando los datos del presupuesto.

Pero como no tiene dinero para terminar el año – explicó el economista – ha tenido que reducir gastos. Uno de los resultados es que la inversión pública cayó un 49% entre enero y abril de este año y, posiblemente, se deje de transferir dinero a las alcaldías. Mientras tanto, hay al menos 17 mil empleos que aún no se han recuperado en el sector formal».

Democracia tambaleante

Las protestas del 7 y 15 de septiembre, la segunda mucho más masiva y representativa de amplios sectores de la población salvadoreña, se dan en un contexto de gran incertidumbre y tensión nacional e internacional, tras la decisión de la bancada oficialista (Nuevas Ideas) y sus aliados de reformar la Ley de Carrera Judicial y jubilar, de manera automática, a jueces, y fiscales que hayan cumplido 60 años o que llevan más de 30 años de servicio.

Estamos hablando de al menos un tercio de los jueces que hay en el país y que, no cabe dudas, serán reemplazados por figuras leales al presidente salvadoreño.

Asimismo, el 3 de septiembre, la Sala de lo Constitucional, integrada por magistrados de total confianza del mandatario tras la destitución ilegal de sus antecesores y del fiscal general al instalarse el nuevo Parlamento el pasado 1 de mayo, emitió una resolución muy original, eufemísticamente hablando, en la que habilita que los presidentes puedan presentar su candidatura para el período sucesivo inmediato, algo que prohíbe la Constitución salvadoreña.

En la resolución, los magistrados ordenan al Tribunal Supremo Electoral permitir «que una persona que ejerza la presidencia de El Salvador, y no haya sido presidente en el período inmediato anterior, participe en la contienda electoral por una segunda ocasión». De esta manera, Nayib Bukele podrá buscar la reelección presidencial una vez terminado su periodo en 2024.

«Estamos frente a un régimen autoritario que imita el modelo democrático, que invoca en su discurso principios fundamentales de ese modelo como la representación legítima popular, el sufragio libre, las libertades públicas, los derechos de los ciudadanos, la participación ciudadana por medio de la consulta popular y hasta por el referéndum, pero que está demostrado que estos elementos no se aplican en la práctica por estar cooptados. Más bien les sirven de camuflaje para ocultar y avalar lo que en verdad está pasando», advirtió la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) después de la decisión de los magistrados.

Además de ser inconstitucional, el tema de la reelección presidencial es rechazado por un sector amplio de la población. Pero ¿cómo hacer para revertir esta situación si todos los poderes del Estado están controlados y responden a los intereses de una persona y no a los de la población? se pregunta Villalona.

«Si no hay derechos para jueces, magistrados y fiscales, si el presidente irrumpe y se toma el Parlamento escoltado por policías y militares, si manipula la Constitución, ¿qué no puede hacer con la población?

Estamos en una situación muy delicada. Hay que seguir informando a la gente, hay que fortalecer las organizaciones, hay que seguir articulando sectores y esfuerzos, hay que continuar a protestar y a tomarse las calles.

La forma de detener una política adversa al pueblo es con protesta ciudadana, y la movilización del 15 de septiembre es esperanzadora y le manda un mensaje muy claro al gobierno», concluyó.

* (las declaraciones de César Villalona fueron brindadas a diferentes medios nacionales, tanto radiales como escritos)