Organizaciones de derechos humanos y víctimas piden en Sevilla la prohibición de las balas de goma
Una nueva investigación liderada por Irídia y Novact evidencia que estos proyectiles contravienen la normativa internacional.
Las organizaciones de derechos humanos Irídia y Novact, junto con la Asociación de afectadas Stop Balas de Goma, han exigido hoy la prohibición de las balas de goma en todo el Estado, después de haber identificado al menos 40 víctimas en los últimos 20 años. En el marco de la presentación de su último informe, celebrado en la sede de la APDHA-Sevilla, las entidades han hecho un llamado a sumarse a la campaña de prohibición y han animado a las afectadas de todo el Estado a ponerse en contacto con ellas.
Según el informe “Stop Balas de Goma”, desde el año 2000 ha fallecido una persona por el impacto directo de una bala de goma y 11 han perdido la visión de un ojo. Además 14 personas fallecieron ahogadas en la playa del Tarajal, mientras la Guardia Civil lanzaba 145 balas de goma hacia quienes trataban de llegar a nado a la frontera de Ceuta. El estudio recoge, además, la experiencia y la lucha de organizaciones de víctimas (como Stop Bales de Goma y Ojo con tu Ojo), así como la voz de personas expertas y de organizaciones nacionales e internacionale como Amnistía Internacional.
La normativa de la ONU prohíbe disparar a la cabeza, el cuello, el pecho y la ingle. Sin embargo, más de la mitad de las víctimas documentadas en el Estado español en esta investigación, 18 personas (el 69 %), recibieron impactos en la zona de la cabeza; y otras 5, en el tronco. En estos casos el perímetro ocular fue la zona más afectada, con 13 de 18 casos. De estos, 7 terminaron con una mutilación del globo ocular y 4 con pérdidas de visión. A las lesiones físicas hay que sumarle las psicológicas y las repercusiones sociales.
En ninguno de los 40 casos identificados entre el 2000 y el 2020 se ha condenado al autor material del disparo. Solo en un caso, el de Iñigo Cabacas, se condenó a un mando de la Ertzaintza por un delito de homicidio cometido por imprudencia grave, al no detener la carga policial. En el caso de Roger Español, a pesar de tener individualizado al agente y el momento del disparo, ni los mandos, ni los agentes presentes, ni el Cuerpo Nacional de Policía identificaron al autor. Esta es una dinámica recurrente en casos de violencia policial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llamado la atención al Estado español en 13 ocasiones por no investigar denuncias de malos tratos policiales.
En la actualidad los agentes del Cuerpo Nacional de Policía tienen permitido el uso de balas de goma en todo el territorio del Estado. La normativa que regula los medios utilizados por las FCSE no es pública, por lo que no se puede determinar si cumple con los estándares internacionales. Sin embargo, su uso está prohibido por las policías de Navarra, Euskadi y Cataluña.
El objetivo del informe es contribuir al debate público, exponiendo que se trata de un arma imprevisible, indiscriminada y con gran potencial lesivo. Las balas de goma son potencialmente letales y pueden producir lesiones graves. Por todo ello, no cumplen con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza y es necesaria su prohibición.