Izquierda Unida lleva a los ayuntamientos para su aprobación una detallada iniciativa para “impulsar la reforma urgente de la financiación local” que considera “prioritaria”

Viernes, 8 de octubre 2021.

Izquierda Unida, a través de su responsabilidad de Política Municipal, ha elaborado una completa y detallada iniciativa que va a llevar a debate para tratar de que se apruebe en todos los ayuntamientos donde tiene representación para “impulsar la reforma urgente de la financiación local”.

Entre las propuestas concretas que incluye el texto de la moción está instar al Gobierno a que inicie “de manera urgente la derogación de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del PP y apruebe una nueva normativa que conceda más autonomía financiera a las entidades locales”, así como a “cumplir el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda sobre gestión directa de los Fondos Europeos de Reconstrucción Económica de ayuntamientos y cabildos insulares de, al menos, el 15% del total de los transferidos al Estado español”.

Rubén Pérez, responsable federal de Política Municipal, considera que el actual Gobierno de coalición y los acuerdos previos firmados para su formación “constituyen una oportunidad histórica para abordar plenamente las reformas reclamadas por las entidades locales”.

De hecho, el acuerdo de gobierno incluye textualmente que el Ejecutivo ‘ampliará las competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como unidad territorial básica. En esta misma línea, derogaremos la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP, aprobando una nueva normativa que conceda a los municipios la capacidad de percibir unos tributos propios mínimos (sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica) y de disponer de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado’.

Pérez entiende que una vez que el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, que ahora inicia su trámite parlamentario, la reforma de la financiación local pasa a ser un asunto “prioritario” en lo que resta de legislatura.

El dirigente federal de IU refuerza esta idea por el “trascendental papel que han jugado los ayuntamientos en la contención socioeconómica de los efectos causados por la crisis sanitaria del Covid-19”, donde han realizado un “gran esfuerzo inversor, al haber asumido competencias impropias y haber contribuido a ampliar el escudo social para proteger a familias, bonificar a la hostelería y al comercio local, o para garantizar servicios sociales básicos”.

Rubén Pérez destaca la idea que Izquierda Unida ha defendido desde el primer momento sobre que “es necesario garantizar un debate conjunto sobre financiación autonómica y local que permita abordar la necesaria financiación local de un modo global y con un modelo concertado entre Gobierno central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos”.

El texto de la moción insta también al Gobierno a iniciar la derogación urgente de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012 “por tratarse de una legislación lesiva para la autonomía y suficiencia financiera local”.

La completa iniciativa política que pone en marcha Izquierda Unida plantea también que el Ejecutivo lleve a cabo las reformas legislativas necesarias “para introducir de manera amplia elementos de progresividad en el conjunto de tributos en atención a la capacidad económica del contribuyente”.

La moción incluye propuestas muy concretas para solicitar a los gobiernos autonómicos que “en cumplimiento del mandato constitucional de suficiencia financiera de las corporaciones locales y dado que estas asumen hoy sin compensación alguna competencias claramente autonómicas, a poner en marcha de manera urgente iniciativas para abrir la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la comunidad autónoma, ingresos que deberán ser necesariamente incondicionales”.

Las propuestas incluidas se completan con estas:

• Instar al Gobierno del Estado a abordar las reformas necesarias en lo tocante a la propiedad inmobiliaria, en tanto en cuanto la base imponible fijada al territorio es la base nuclear de la fiscalidad local, cambiando el método de valoración de los inmuebles para calcular la base imponible de una forma más real y poder aplicar criterios de progresividad (la aplicación del ‘valor catastral’ se ha demostrado insuficiente y desigual). Aumentar la horquilla de los tipos de gravamen aplicables para garantizar mayor autonomía a los ayuntamientos. Regular el recargo sobre bienes inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente (viviendas vacías) para que se pueda aplicar con seguridad jurídica.

• Instar al Gobierno del Estado y a las CC.AA a realizar las reformas legislativas necesarias para dar un tratamiento más favorable a la vivienda habitual frente a segundas viviendas, abriendo así la posibilidad de gravar a los pisos turísticos como una actividad económica y no residencial.

• Instar al Gobierno del Estado a revisar los beneficios fiscales de la Iglesia católica en lo tocante a tributos como el IBI.

• Instar al Gobierno del Estado a reforzar la participación de las entidades locales en los ingresos del Estado garantizando que las transferencias del Estado a los ayuntamientos cumplen unos compromisos sobre su evolución y revisión permanente, evitando las importantes desviaciones (la volatilidad de los resultados definitivos) que han dado lugar a devoluciones relevantes por parte de los municipios y han deteriorado fuertemente sus capacidades presupuestarias en momentos de crisis aguda.

• Instar al Gobierno del Estado al mantenimiento del sistema de coparticipación en las grandes figuras tributarias (IRPF, IVA e Impuestos Especiales), al menos para las ciudades, y a estudiar la posibilidad de ceder a esos gobiernos locales alguna forma de competencia normativa. Del mismo modo, permitir que los ayuntamientos puedan incrementar sus recursos estableciendo recargos sobre la cuota estatal del IRPF.