Indignación en Honduras por reformas que atentan contra derechos ciudadanos y favorecen la impunidad

La Asociación para el Desarrollo Integral de la Península de Zacate Grande y la Defensa del Territorio (Adepza) expresó indignación vía Twitter ante las reformas realizadas por el Congreso Nacional «otra vez, a escondidas» y «en medio de un feriado».

Especial atención dirigió a la derogación del artículo 613 del Código Penal el cual «establecía una salvaguarda frente a la criminalización por el delito de usurpación a comunidades indígenas que demanden títulos de propiedad (ejem. Comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz). Profundizan persecución contra defensores del territorio», leyó el tuit.

La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) manifestó preocupación por las reformas aprobadas, advirtiendo que las mismas «podrían agravar la situación de conflictividad agraria en el país, criminalizar la protesta social y debilitar la lucha contra la corrupción.

Asimismo, expuso preocupación a las modificaciones relacionadas al tipo penal de usurpación, en la cual agravaron su pena «extendiéndolo a espacios públicos y facilitando los desalojos». Afectando de esta forma no solo a organizaciones campesinas, sino también a personas que ejerzan derechos a reunirse, expresarse y manifestarse.

OACNUDH también se manifestó y expresó preocupación en relación a las reformas que limitan el acceso del Ministerio Público a información financiera en casos de corrupción, y otros como el financiamiento de campañas y la inclusión de organizaciones de sociedad civil en la definición de personas expuestas políticamente. Lo cual limita la capacidad para realizar auditoría social.

El padre Ismael Moreno, director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, declaró mediante redes sociales que es momento de dejar las medias tintas y exhortó a la «sociedad consciente a acudir a las urnas a votar masivamente en contra de esta dictadura entronizada en Casa Presidencial y en el CN [Congreso Nacional]».

El fiscal coordinador de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, aseveró que con las reformas aprobadas «se ponen en riesgo casos de Lavado de activos, como “Hermes”, “Pandora”, “IHSS” “Barralaga” y demás Comisionados acusados, la mayoría de casos en contra de “Testaferros de los Cachiros” y demás Narcotraficantes?».

Además, agregó que la reforma al artículo 439 del Código Penal impide investigar el delito de lavado procedente de «cualquier delito grave… explotación de recursos naturales y medioambientales…o de enriquecimiento ilícito…o que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia».

En sintonía con el fiscal de la UFERCO, el ex Fiscal General, Edmundo Orellana reflexionó desde su perfil en Twitter que el «Congreso es la principal fuente de corrupción porque legisla para proveer impunidad. Su poder radica en la dictadura parlamentaria de un partido. Si vota en plancha, continuará esa dictadura, con el PN o con otro partido. Para que no se repita, vote por los más confiables».

Mediante el Manifiesto Público Número 61, el Encuentro Nacional de Organizaciones expresó su inconformidad con las reformas aprobadas al Código Penal y remarcaron que quienes crearon «Honduras abierta a los negocios» y «Honduras abierta a la minería», son quienes llevan una década prometiendo desarrollo y empleo sin que este llegue a las comunidades. En cambio, lo que sí llegó -dice el comunicado- fue el despojo de los territorios, la destrucción de los ríos y montañas donde se instalaron las mineras, las hidroeléctricas y las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Por su parte, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) calificó la acción promovida por «los parlamentarios del ala oficialista y algunos acomodados de la oposición», como un «nuevo golpe a la lucha contra la corrupción». Remarcando, además que «-paradójicamente- formaron parte de la comisión de dictamen para aprobar los proyectos de decreto de impunidad, diputadas y diputados vinculados a la corrupción».

De igual forma, advirtió «a la ciudadanía que las reformas en el tipo penal de usurpación, constituyen la antesala que han venido preparando desde el oficialismo a las puertas de un proceso electoral, ya que ante las posibles protestas que puedan emprenderse, se sancionará con la privación de libertad en contra de los hondureños que levanten su voz de justicia por la corrupción e impunidad que detone en el proceso eleccionario».

El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) lanzó una alerta internacional denunciando las acciones legislativas del jueves 7 de octubre, que a criterio de la organización es «una clara violación a los Derechos Fundamentales de la población hondureña».

Finalmente en un pronunciamiento, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció la opacidad en la «decisión autoritaria que detenta contra los principios constitucionales de asociación civil, libertad de expresión y participación ciudadana». De igual forma, condenó la reforma a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos para incluir a las organizaciones de sociedad civil que investigan, denuncian y exponen actos de corrupción, como «Personas Expuestas Políticamente (PEP)».