Greenpeace advierte que los presupuestos para la recuperación verde y justa siguen sin apostar por la transformación del sistema

En un primer análisis del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 presentado hoy en el Congreso, Greenpeace denuncia que, a pesar de la gran apuesta económica por la recuperación verde, sigue sin abordarse el necesario cambio de modelo, en especial en sectores clave como el agroalimentario.

Los 27.633 millones de euros presupuestados de los fondos de recuperación Next Generation, centrados en la reconstrucción verde, se repartirán de la siguiente manera: entre el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que los dedicará entre otros al despliegue de renovables (630 millones), hidrógeno verde (555 millones) movilidad eléctrica (445 millones) y transición justa (110 millones de euros), y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que destinará principalmente el dinero a rehabilitación de viviendas (2.489 millones) y movilidad sostenible en medio urbano e interurbano (1.736 millones).

A la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas resilientes, pese a ser una de las 10 palancas incorporadas en el Plan de Recuperación presentado por el Gobierno, tan solo se asignan 1.142,7 millones de euros, que se repartirán entre el cuidado de los ecosistemas, agua (más del 61% del total) y costa.

Como ya adelantaba el Plan España Puede, la apuesta del Gobierno es la perpetuación del actual y predominante modelo agroindustrial, responsable de un alto nivel de emisiones de GEI, contaminación de suelos y acuíferos, pérdida de biodiversidad y deforestación inducida por las importaciones de soja para la fabricación de piensos ganaderos, así como una falsa solución al despoblamiento rural. Así, en lugar de llevar a cabo medidas para impulsar la agricultura y ganadería ecológicas de pequeña y mediana escala frente al modelo industrial de macrogranjas, entre otras medidas que Greenpeace considera urgentes, el Ministerio de Agricultura centrará más del 60% de su esfuerzo inversor (303 millones) en la modernización de regadíos y (101,84 millones) a mejorar la competitividad y calidad del sistema agroalimentario, perpetuando el insostenible modelo actual.

Por otra parte, las políticas de gasto para Industria y Energía continuarán dando ayudas encubiertas a través de compensaciones al sector industrial, sin que se especifiquen condicionantes ambientales, como es el caso de los 277 millones de euros dirigidos en su mayor parte a compensar a los consumidores electrointensivos (que deberían condicionarse a mejoras de eficiencia y/o aumento del uso o contratación directa de energía renovable), o el dinero destinado del Programa de Renovación de Vehículos 2020 (Plan Renove), que continuará subvencionando la venta masiva de coches particulares en lugar de promover una movilidad menos dependiente del automóvil.

Eva Saldaña, directora de Greenpeace, recuerda que “la actual crisis económica, social y ambiental solo se puede abordar desde una transformación radical del sistema económico y social. El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 aún está lejos de afrontar esta transformación. Contamos con un presupuesto récord en gasto público, y su éxito dependerá en buena medida de cómo se desarrollen y ejecuten las inversiones que se contemplan”.

Aplazada de nuevo la fiscalidad verde y justa
Una vez más, queda aplazada la reforma fiscal verde y justa, a la espera de las conclusiones del Grupo de Expertos formado para este fin. La organización ve con buenos ojos el avance en la progresividad de los impuestos y la distribución de la riqueza, con la introducción de la medida fiscal que establece un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades.

El principio “quien contamina paga” vuelve a estar prácticamente ausente de los presupuestos. España sigue estando en el furgón de cola de la Unión Europea en impuestos verdes, con un porcentaje respecto al PIB del 1,77%, frente a la media del 2,37%.

Los nuevos presupuestos no introducen ninguna novedad sobre fiscalidad verde y mantienen un sinfín de exenciones para seguir contaminando con combustibles fósiles.

“La fiscalidad ambiental es una de las vías imprescindibles para garantizar la transición ecológica de nuestra economía, pero es necesario que esta transición sea verde y además justa. Por ello, es indispensable una reforma fiscal que sea progresiva, que incluya medidas para redistribuir la riqueza y sobre todo que incluya medidas directas de compensación. Es muy importante que la transición ecológica no deje a nadie atrás”, ha declarado Alicia Cantero, coordinadora del análisis de Presupuestos.

Greenpeace realizará una valoración ambiental más detallada de los presupuestos por partidas y programas que hará llegar a la Comisión de Presupuestos Generales del Estado del Congreso de los Diputados y que estará disponible en la web de la organización.