CCOO reclama reforzar la protección por desempleo

CCOO analiza en su informe semestral la situación del mercado de trabajo en el primer semestre del año y especialmente la protección por desempleo, con un análisis detallado de las medidas tomadas frente a los efectos de la COVID-19 en el desempleo.

Tras los inicios de la crisis en marzo de 2020 y sus efectos sobre el mercado de trabajo, en el primer semestre de 2021 empiezan a mejorar los datos, con el incremento de la población activa, de las personas ocupadas y a partir del segundo trimestre del año empieza a descender el desempleo. Aunque todavía queda camino por recorrer, los efectos de la pandemia sobre la población y el mercado de trabajo han sido más moderados y la recuperación se ha iniciado en un tiempo récord respecto a anteriores crisis.

El parón de la actividad económica y comercial en el mercado laboral, y las medidas implementadas para paliar las consecuencias, como los ERTE y el cese de actividad de las personas autónomas, entre otras, han provocado el incremento del número de personas protegidas, del gasto en prestaciones y han puesto de manifiesto las necesidades de mejora para la gestión de las mismas (más recursos humanos y mejoras tecnológicas, entre otras).

Durante el primer semestre del año, más de 1.700.000 personas son paradas de larga duración (PLD), el 47% de los desempleados, y un 55% de los PLD lleva más de dos años en desempleo. Entre los menores de 30 años la tasa de paro es del 29,5%. Asimismo el 19% de las personas paradas inscritas en las oficinas de empleo lleva más de 4 años en desempleo, el 64% de las cuales son mujeres.

El 40% de las personas inscritas en los servicios públicos de empleo, con experiencia laboral, no perciben ninguna prestación por desempleo en junio de 2021 lo que demuestra la necesidad de abordar la revisión del sistema de prestaciones por desempleo y de que un importante número de personas que han perdido su empleo y quedan fuera de la protección que proporcionan las prestaciones por desempleo, más de 1,3 millones, puedan acceder a otras ayudas o prestaciones.

En un mercado de trabajo claramente precario, con contratos de corta duración, una alta rotación y bajos salarios, y con el agravante de la pandemia, la calidad de las prestaciones está condicionada por estas circunstancias, tanto el tipo de prestación al que se tiene acceso, como su duración y cuantía.

A pesar del mayor número de personas percibiendo prestaciones contributivas, como consecuencia de los ERTE y las medidas tomadas para poder acceder a los mismos (no se exige tiempo de cotización previo, entre otras), estas prestaciones contributivas suponen el 43% del total, frente una mayoría de prestaciones asistenciales. El 49% de los beneficiarios de prestaciones son mayores de 50 años y entre éstos, el 72% son perceptores de prestaciones asistenciales.

BRECHA DE GÉNERO EN PRESTACIONES

Teniendo en cuenta que el 74% de las personas ocupadas a tiempo parcial son mujeres, también entre los perceptores de prestaciones con parcialidad el número de mujeres supera ampliamente al de hombres. Del total de beneficiarios de prestaciones con parcialidad encontramos a un 72% de mujeres y a un 28% de hombres.

Además de mejorar las condiciones laborales de las mujeres, de forma que el trabajo a tiempo parcial sea una opción, no una obligación, se debe revertir la normativa que en 2012 estableció la parcialidad de los subsidios tras un contrato a tiempo parcial cuestión que venimos demandando en las negociaciones sobre prestaciones que se vienen manteniendo con los distintos gobiernos y que de momento sólo se ha conseguido para las personas perceptoras del subsidio para mayores de 52 años.

Como consecuencia de la puesta en marcha de las distintas prestaciones y subsidios por los efectos de la COVID-19 en el mercado de trabajo, se incrementó de forma considerable el número de posibles beneficiarios, lo que ha requerido un considerable esfuerzo de gestión al SEPE y sus trabajadores y trabajadoras, especialmente en los primeros meses, que junto al aumento de solicitudes, tuvo que habilitar la posibilidad de teletrabajar para muchas personas en un corto espacio de tiempo, adaptar programas de gestión, desarrollar la normativa y su aplicación efectiva, etc.

La finalización del trabajo de las personas interinas del SEPE en los últimos meses, que no han visto renovados sus contratos, está provocando una situación muy complicada por la falta de personal. CCOO reclama una solución positiva e inmediata y abordar de forma estructural las graves carencias de personal.

Tras la puesta en marcha de las distintas medidas implementadas para paliar los efectos de la pandemia, en comparación con el año 2019, el gasto en prestaciones en junio de 2021 crece un 44%, especialmente en prestaciones contributivas (60%).

Haciendo una revisión de las distintas disposiciones en relación con la protección por desempleo para minimizar los efectos de la COVID-19 sobre el empleo, por un lado se ha facilitado las condiciones de acceso a los ERTE y durante la percepción de la prestación no se ha consumido desempleo ni se ha rebajado la cuantía de la prestación a los 6 meses.

Por otro lado, además de las mejoras en los ERTE y el cese de actividad de las personas autónomas, se han puesto en marcha nuevas medidas para mejorar o dar cobertura a distintos colectivos afectados por la situación de pandemia (personas empleadas de hogar, personas fijas discontinuas, trabajadores y trabajadoras agrarios, personas que agotaban su prestación durante el confinamiento, personas que finalizaban sus contratos temporales, artistas, profesionales taurinos, etc).

Entre las nuevas prestaciones queremos destacar que, por primera vez, se ha tenido en cuenta la necesidad de protección de las personas empleadas de hogar, aunque el número de solicitudes presentadas y finalmente aprobadas ha sido muy reducido como consecuencia de las dificultades para la solicitud y su posterior gestión. Su inclusión en el sistema de protección por desempleo es una reivindicación de CCOO que aún sigue pendiente y que es necesario abordar.

Todas estas medidas tienen un carácter coyuntural para hacer frente a unas necesidades urgentes. A partir de ahora es precisa un revisión en profundidad del sistema de protección social (desempleo, rentas de CCAA, IMV, etc,), facilitar el acceso a quienes lo necesitan, evitando los vacíos de cobertura y conseguir la coordinación y cooperación entre los distintos ámbitos (SEPE, seguridad social, servicios sociales, CCAA, etc.). Es imprescindible mejorar los niveles de vida de la población y reducir los elevados niveles de pobreza y desigualdad que deje la pandemia.