La Confederación de STEs-i exige la retirada de los conciertos de los centros que discriminan al alumnado por razón de sexo

En España existen casi un centenar de centros, de los cuales alrededor de 70 están subvencionados, que practican una organización de la enseñanza diferenciada por sexos. En la anterior ley educativa, aprobada en 2013 (La LOMCE: Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa), se hacía referencia expresa a que este tipo de organización no constituía una discriminación del alumnado. En base a dicha legislación las distintas consejerías y departamentos de educación de las Comunidades Autónomas, o bien encontraron el amparo legal para sostener económicamente dichos centros privados o bien, se vieron obligadas a ello. Antes de la entrada en vigor de la “Ley Wert” que el Partido Popular impuso gracias a la mayoría absoluta parlamentaria que tenía en aquel momento, estos centros habían perdido sus conciertos en algunas Comunidades. Diversas sentencias de tribunales superiores de justicia así lo habían avalado y dos sentencias del Tribunal Supremo de la sección cuarta de la sala de lo Contencioso en agosto de 2.012 referidas a dos centros de Cantabria y Andalucía, dejaron al margen de la legalidad los conciertos con los colegios e institutos que segregan por sexo.

El Supremo, en ese año 2.012, entendió que las ayudas públicas a estas instituciones eran incompatibles con la LOE, aprobada por el anterior Gobierno socialista en 2006. En esta norma, el marco de referencia para todos los sistemas de enseñanza del país, se fijaba que en la admisión de alumnos no podrá haber “discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición”. Así, aunque no se mencionara expresamente, el Supremo entendió que eso dejaba fuera de la posibilidad de ser subvencionado a los centros que separan por sexo.

Todo cambió a partir de diciembre de 2.013 con la aprobación de la LOMCE y, ante un nuevo marco legislativo los conciertos con estos centros fueron, de nuevo “legales”.

Ahora, con la entrada en vigor de la nueva ley educativa (la LOMLOE) la situación legal ha cambiado radicalmente. Si bien en el año 2021 y por razones de tiempo no fue de aplicación lo que en materia de admisión de alumnado establece la LOMLOE, a partir de 2022 deberá tenerse en cuenta que constituye una discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos. Algunas comunidades autónomas, como Navarra o Cataluña, conscientes de este nuevo contexto legal, ya están tomando medidas para proceder a la retirada de los conciertos educativos a los centros privados que practican la educación diferenciada por sexos.

Es por todo ello, que la Confederación de STEs-i hace un llamamiento al resto de Comunidades Autónomas para que cumplan con la legalidad vigente y retiren las subvenciones públicas ya desde el curso 2.022/23. Los STEs siempre se han opuesto a este tipo de prácticas educativas propias de etapas históricas ya lejanas, que no tienen ninguna base científica, que están al margen de los estándares educativos europeos y que constituyen una flagrante discriminación del alumnado. Además, ahora tras la aprobación de la LOMLOE, no cuentan con ninguna normativa que justifique desde un punto de vista puramente legal el continuar con el sostenimiento económico, vía conciertos educativos, de este tipo de centros privados; coste que, a nivel estatal supera anualmente los 200 millones de euros.

Secretariado de STEs-intersindical.

21 de octubre de 2021