Redacción •  Actualidad •  19/11/2021

Presentada Proposición No de Ley para erradicar el amianto de los centros educativos de la Comunidad de Madrid

Ayer, representantes de los grupos parlamentarios Unidas Podemos, Socialista y Más Madrid registraron en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley para la retirada del amianto de los centros educativos de la región, una propuesta que ha sido impulsada por la Plataforma por la Erradicación del Amianto, de la que forma parte la FRAVM. La PNL incluye la realización urgente de un inventario de los centros afectados y el desarrollo de un Plan de Desamiantado para proceder a su retirada en un plazo máximo de dos años.

Presentada Proposición No de Ley para erradicar el amianto de los centros educativos de la Comunidad de Madrid

Continúa la batalla para lograr la completa erradicación del amianto en la Comunidad de Madrid. A instancias de la plataforma, de la que también forman parte el colectivo Madrid sin Amianto, la FAPA Giner de los Ríos, CCOO-Madrid, UGT-Madrid, la Asociación de Víctimas del Amianto (AVIDA) y Ecologistas en Acción, las citadas agrupaciones políticas han presentado una propuesta para que la Asamblea inste al Consejo de Gobierno regional a ejecutar las actuaciones señaladas y a incluirlas tanto en los presupuestos autonómicos de 2021 como en la Estrategia de Reconstrucción y Resiliencia de la Comunidad de Madrid, esto último con el fin de que puedan ser sufragadas a cargo de fondos Next Generation UE.

Tras una documentada y contundente exposición de motivos, la PNL (Proposición No de Ley) recoge seis demandas que reproducimos a continuación de forma literal:

1.- Elaborar en el menor plazo de tiempo posible el Plan Director para la Eliminación del Amianto en la Comunidad de Madrid descrito en la Proposición No de Ley 304/2020, aprobada por la Asamblea de Madrid el 3 de diciembre de 2020.

2.- Realizar con carácter de urgencia un inventario de los centros educativos afectados por amianto en la Comunidad de Madrid.

3.- Desarrollar un Plan de Desamiantado para proceder a la retirada segura del amianto de las instalaciones escolares afectadas en un plazo no superior a dos años.

4.- Incluir las obras y reformas correspondientes a estas actuaciones de retirada del amianto en la Estrategia de Reconstrucción y Resiliencia de la Comunidad de Madrid para su financiación europea con los fondos Next Generation UE.

5.- Incluir en todo caso en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2021 las partidas suficientes para las actuaciones descritas anteriormente.

6.- Establecer una mesa de seguimiento de los grupos parlamentarios para monitorizar el desarrollo del Plan Director y el Plan de Desamiantado de centros educativos.

Tras su registro, la FRAVM espera que la PNL sea debatida cuanto antes en la Asamblea de Madrid y a continuación aprobada, con el fin de activar con la urgencia que merecen unas actuaciones que deberían de haber arrancado hace muchos años.

Recordemos que en 2002 se prohíbe en España la utilización del amianto y de los productos que lo contienen, pero no se eliminan los ya instalados o en servicio, por lo que el amianto sigue siendo hoy día un problema de salud pública, medioambiental y laboral. En 2013 el Parlamento Europeo publicó una resolución sobre los riesgos para la salud de este material, instando a los estados a identificarlo y censarlo y a desarrollar planes de erradicación en el menor plazo posible.

En 2015 y 2019 el Comité Económico y Social Europeo emitió sendos dictámenes en los que señala que la cifra de víctimas anuales en Europa por amianto ronda las 88.000 personas, lo que representa entre el 55-85% de los cánceres de pulmón en el trabajo, estableciendo como objetivo prioritario de la UE la eliminación de todo el amianto a través de planes de acción de los estados miembros antes de 2028.

Lamentablemente, en la Comunidad de Madrid no existen estudios ni registros que determinen la situación del amianto instalado, ni del vertido ilegalmente en el medio ambiente en escombreras, lo que supone un grave riesgo para la salud de madrileños y madrileñas. Tampoco existe una normativa de carácter regional que ampare posibles actuaciones de los municipios de la región.

El 3 de diciembre de 2020 la Asamblea de Madrid aprobó por mayoría una Proposición No de Ley, en la que se instaba a la elaboración en el plazo de un año de un Plan Director para la eliminación del amianto en la Comunidad de Madrid, plan que debería incluir un censo del amianto en todo el territorio y un plan de erradicación segura, priorizando los centros educativos y entornos con presencia de niños, como polideportivos. Desgraciadamente este Plan Director no existe todavía.

Sin embargo, “sí se han identificado numerosos centros educativos donde existe amianto que ha superado su vida útil, en alguno de los cuales se han realizado auditorías, e incluso se han efectuado algunas obras y reformas en las que se ha procedido a la retirada de amianto. Pero no existe un inventario completo de los centros educativos afectados, ni por consiguiente un plan de retirada completo de este material”, indican los grupos en la nueva PNL.

Distintas sociedades médicas, en especial la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y la Asociación Española de Pediatría (AEP) urgen a las administraciones públicas a que procedan a desarrollar planes de desamiantado en el plazo más breve posible. “La AEP asegura que un millón de niños en nuestro país estudian en colegios donde están expuestos al amianto, recordando que la etapa escolar es más sensible a la acción de carcinógenos y reclamando la total eliminación del amianto en los centros educativos para evitar la exposición ambiental, así como desarrollar programas de Salud Medioambiental Escolar, que contribuyan a eliminar la exposición a cancerígenos en los centros educativos y el amianto de forma prioritaria”, puede leerse en la exposición de motivos de la Proposión No de Ley presentada esta mañana.

La presentación de esta propuesta forma parte de las acciones de sensibilización y presión de la Plataforma por la Erradicación del Amianto, un espacio que se constituyó el pasado 23 de febrero con el objetivo de comprometer a las administraciones en el desamiantado seguro de todos los edificios, estructuras e instalaciones que contengan este peligroso material.


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