Argentina: Trabajo, acceso y un entorno más saludable. Derechos asociados al reuso de la tecnología

Muchas voces hoy encuentran en la innovación tecnológica la solución a los principales problemas de la humanidad, de la mano de desarrollos de inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (IoT) o nuevas formas de conectividad. Otras, en cambio, señalan que estas estrategias llevan a incrementar de manera desproporcionada el consumo de aparatos para cuya producción se aumenta la extracción de recursos naturales, el consumo de energía y la generación de residuos.

Recolectar, recuperar, refuncionalizar, reusar, reparar, reciclar son conceptos que delinean los eslabones de una cadena que de diferentes formas extiende el ciclo de vida de los aparatos en su totalidad o la de sus componentes, reduciendo su impacto en el medio ambiente y promoviendo la generación de nuevos empleos. Acercando, a la vez, los dispositivos a grupos que aún no cuentan con ellos.

En este informe revisaremos como el reuso de los equipos electrónicos apuesta a mejoras en el tratamiento de residuos, la concreción de ambientes más sanos, la generación de empleos y la reducción de la brecha digital.

Contexto

La institucionalidad del cuidado del medio ambiente comienza en Argentina con la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que en su artículo 41 reconoce a todos los habitantes “el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”; y también “el deber de preservarlo”.

La Ley General del Ambiente a la vez establece “los presupuestos mínimos para una gestión sustentable y adecuada, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable”. Esta ley definió también la creación del Consejo Federal de Medio Ambiente y la firma entre todas las provincias del Pacto Federal Ambiental. Desde 2015 Argentina además incrementó el rango de lo ambiental con la creación de su Ministerio de Ambiente. El tratamiento de los residuos por su parte cuenta con legislaciones específicas como la Ley para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios y con legislaciones especiales como Ley de Residuos Peligrosos.

Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) son el residuo sólido urbano de mayor crecimiento en el mundo y se caracterizan por dos particularidades: contienen elementos de alta peligrosidad para el ambiente y la salud, y son el residuo de mayor aprovechamiento en la reutilización de sus partes y materiales, con un 90% de su total recuperable. Los materiales que pueden recuperarse son minerales, metales, plásticos y los circuitos impresos que poseen una alta valorización por los metales que contienen. Al no ser factible de recuperarse en Argentina, estos circuitos se exportan a empresas en Europa y Estados Unidos.

Considerar a los RAEE como “residuos domiciliarios” puede implicar que se minimicen sus riesgos, al acopiarlos por tiempo indeterminado o desecharlos con los demás residuos y que culminen en un relleno sanitario. A su vez, considerarlos “residuos peligrosos“ complejiza los procedimientos para el transporte, acopio y tratamiento. Los especialistas sostienen que mientras los equipos se mantengan enteros y descontaminados, no deberían ser considerados peligrosos.

Debido a la carencia de legislación específica para RAEE, para su tratamiento se les aplican convenios internacionales ratificados por Argentina.

Hubo dos intentos de promoción de leyes de gestión de RAEE, pero en ambos casos se detuvo su tratamiento. Hoy la gestión del tratamiento de los residuos se concreta en iniciativas de gobiernos locales, a través de programas que llevan adelante los municipios o por emprendimientos amparados en legislaciones provinciales.

Consumo y descarte vs. reuso y derechos

Una constante de las políticas ambientales locales es la puesta en tensión entre el cuidado ambiental y los intereses económicos de sectores productivos (papeleras, mineras, agricultura). Los sistemas económicos sostenidos en el consumo, impulsan la producción, comercialización y descarte excesivos, y la extracción no sustentable de recursos de la naturaleza. Estos sistemas proponen ciclos de vida de los productos cada vez más cortos –relacionados con la obsolescencia programada– y una creciente generación de residuos.

Mientras tanto, los aparatos eléctricos y las tecnologías de información y comunicación en particular, se han convertido en herramientas esenciales, requeridas para la resolución de cada vez más tareas, pero no por ello más accesibles. Esta tensión entre las necesidades y las dificultades de acceder a ellas, sigue incrementando la brecha digital. Este tiempo de aislamiento en la pandemia evidenció esta brecha más aún.

Economía circular y RAEE

Un Aparato Eléctrico o Electrónico (AEE) se convierte en un RAEE cuando el usuario lo descarta sin intención de volver a utilizarlo. “La vida útil de un aparato electrónico varía considerablemente según el tipo de aparato y de factores como la existencia de una cultura de la reutilización, la facilidad de acceso a nuevas tecnologías o la situación económica, entre otros”.¹ En Argentina los tres factores son importantes, e impactan de modo diferente sobre la situación de los residuos electrónicos.

Desde el enfoque de la economía circular, cuando un AEE es descartado, si aún funciona correctamente, puede ser reutilizado. Si no funciona bien, puede ser reparado por técnicos o personas interesadas en aprender a reparar. Si no es posible refuncionalizar la tecnología, sus partes pueden ser utilizadas para reparar otros aparatos, o puede ser desarmado en sus materiales primarios para aprovecharlos en nuevos procesos productivos. Si nada de lo anterior ocurre, pasa a disposición final. Los equipos refuncionalizados inauguran otro camino con un nuevo uso del dispositivo.

He aquí el menú de posibilidades de un AEE en proceso de convertirse en RAEE.

• Impacto ambiental

En el mundo se generaron 53,6 millones de toneladas de RAEE durante 2019, 7,3 kilogramos anuales por habitante, 21% más que en 2014. De no tomarse medidas crecerá un 56% más para 2030, duplicando el monto en 16 años. Argentina genera anualmente alrededor de 8,4 kg de RAEE por persona, más alto que el promedio mundial y regional, sin embargo está debajo de México y Brasil en volumen de residuos, y de Chile y Uruguay en cuanto a generación de residuo por habitante.

Multiplicado por los 42 millones de habitantes, se obtienen 360 mil toneladas de RAEE generados anualmente en el país. Se estima que entre un 50% y un 60% es almacenado en hogares y pequeñas instituciones por desconocimiento sobre el procedimiento de descarte. Solo un 10% a 15% llega a talleres de reparación y servicios técnicos, y del 5% al 10% se recicla con el fin de recuperar materiales. Se calcula que un 60% de los RAEE termina en basurales o rellenos sanitarios, sin que se les aplique un proceso adecuado de reciclaje.

El impacto ambiental de estos residuos radica en sus componentes y en cómo son tratados. Contienen metales pesados, como plomo, mercurio, cadmio y berilio, y químicos peligrosos como los retardantes de fuego bromados, que afectan los sistemas hormonal, nervioso, reproductivo, circulatorio y urinario, producen alergias y hasta cáncer. Los riesgos que acarrean los RAEE mal tratados o en basurales son la posibilidad de que los compuestos se liberen a las aguas subterráneas a través del subsuelo o al aire durante los incendios. De acuerdo al programa ambiental de Naciones Unidas, “la práctica de quema es frecuente y el daño puede alcanzar dimensiones globales al emitir compuestos persistentes orgánicos e inorgánicos, como las dioxinas, los furanos y el vapor de mercurio”.²

El sector más expuesto a estas sustancias tóxicas es el de los recuperadores urbanos por falta de conocimiento o de medios para manipular estos componentes. Muchos de ellos –en particular los trabajadores no organizados– tratan los residuos en el ámbito domiciliario, incluyendo la incineración de cables u otros materiales, generando situaciones de contaminación para ellos, sus familias y su entorno general”.

• Realidad laboral de los RAEE

Los residuos electrónicos, además de ser un problema ambiental serio, constituyen nuevas fuentes de empleo, en tareas como recolección, recupero, reparación, reciclaje, separación, desensamble, recuperación de materiales, exportación. Más recientemente, el borrado de datos informáticos emergió también como una oportunidad de empleo.

La Organización Internacional del Trabajo viene desarrollando estudios sobre RAEE y empleo en Argentina, con foco en las condiciones de trabajo, las capacidades profesionales y la promoción del empleo verde. Según estos informes se estima que en el país las actividades de recolección, tratamiento, eliminación de desechos y recuperación de materiales generan unos 3000 puestos de trabajo, en tanto que la reparación de equipos es responsable por otros 33 mil. Otros estudios difieren significativamente en las cifras, lo que evidencia la dificultad de acceder a estadísticas comparables en este campo.

En Argentina, de acuerdo con la OIT, “en los segmentos de la cadena que resultan económicamente sostenibles –ya sea porque existe un mercado para los productos reciclados o por el apoyo de alguna agencia del Estado– la actividad se desarrolla con estándares ambientales adecuados y crea empleos de calidad”. Esta realidad se circunscribe a la capital del país y a las cuatro provincias con mayor actividad económica, con equipos que provienen del sector público y empresas medianas y grandes, que conforman el segmento más rentable, resultando así una radiografía del sector más formalizado y organizado de la cadena de RAEE que se estima crea unos 600 empleos formales”.³

A la vez, la informalidad es uno de los principales problemas del tratamiento de residuos, con 84% de los trabajadores como recicladores informales, constituyendo el eslabón más precarizado de la cadena. Entre ellos predomina la fuerza laboral masculina, aunque con mayor proporción de mujeres y de jóvenes que en otros segmentos y con participación de trabajo infantil en la recuperación de residuos (9 mil – un 10%, mujeres).⁴

La capacitación es el principal factor de inequidad en el acceso al empleo. Una minoría de los trabajadores registrados en la recolección tiene estudios secundarios completos, mientras que en reparaciones la mayoría tiene estudios secundarios o superiores. Es también la capacitación la que podría transformar la inequidad en relación a las condiciones de trabajo de las mujeres.

Un informe de la ONU para América Latina analiza dos escenarios de empleabilidad deseables a futuro: uno orientado hacia una economía circular y otro hacia la sustentabilidad energética. En ambos casos, la creación de empleo está sujeta a la inversión en capacitación para desarrollo de competencias laborales. Los RAEE son una fuente de empleo genuina en futuros deseables, pero los mismos deben ser financiados por algún actor social. Este sigue siendo el eje de la discusión. ¿Quién asumirá esta responsabilidad?

• Recolección en pandemia

Durante el aislamiento social impuesto por la pandemia, los recolectores de residuos retomaron su trabajo más temprano que tarde. Ellos debieron revisar los procesos de trabajo y definir protocolos de cuidado y control de la propagación del virus. Las cooperativas y trabajadores organizados pudieron hacerlo en mejores condiciones y con más recursos de contención para las personas. Esta situación evidenció más aún los riesgos de la informalidad.

“¡Está faltando Estado!”, señaló una dirigente de una cooperativa de recicladores en un webinar sobre reciclaje inclusivo.⁵ La dirigente reclamó políticas públicas que regulen el trabajo y cuidado de los actores más precarizados de los abusos de otros actores de la cadena y bregó por la toma de conciencia sobre el rol social de los recuperadores. “Sin los cartoneros,⁶ estaríamos nadando en un mundo de basura” señaló.

• Recupero social y acceso

Entre 2009 y 2012, en tiempos del debate legislativo de RAEE, surgieron diversas iniciativas que abordan la recuperación de material informático para inclusión social y acortar la brecha digital, generando al mismo tiempo oportunidades de formación profesional, inserción laboral e ingresos”. Estas iniciativas contribuyeron con educación, información y comunicación.

Algunos de estos programas:

• El Programa E-Basura de la Universidad de La Plata, con trabajo voluntario de estudiantes, lleva adelante la reutilización de equipamiento que es donado. También realizan capacitación en oficios y un trabajo de difusión y toma de conciencia.
• El Programa Disposición de Tecnologías en Desuso del Servicio Penitenciario de Buenos Aires, organiza emprendimientos de recupero social en cárceles. Reciben computadoras de organismos públicos o empresas y reparan o desarman y acopian metales, plástico, plaquetas, vidrio y chatarra ferrosa para comercializarlos.
• La asociación civil Nodo TAU se dedicó a la recuperación de computadoras para organizaciones sociales y telecentros comunitarios. En 2019 concretó la puesta en funcionamiento de una planta de gestión de residuos informáticos en la que se capacitan jóvenes, en el marco de un programa provincial de empleo.
• Índices y políticas de acceso

A pesar de los índices de consumo creciente, el acceso a equipos sigue siendo un derecho pendiente para un alto porcentaje de la población. América Latina es definida como la región más desigual del planeta, y esta inequidad se evidencia también en el acceso a la tecnología. En 2019, se registró que a pesar de que el 82,9% de la población de Argentina tiene acceso a Internet, solo el 60,9% de los hogares urbanos tiene acceso a una computadora. Es decir que hay un 40% de la población que no cuenta con un dispositivo de escritorio para acceder.

La brecha digital se agrava si se considera a la conectividad. En la provincia de Santa Fe, solo un 18% accede a una conexión de calidad. Recientemente la Alliance for Affordable Internet (A4AI) dio a conocer el “estándar de conectividad significativa”⁷ que se define por el tipo de conectividad, dispositivo utilizado e información a la que se accede. Las estadísticas compartidas en este estudio muestran un mayor índice de acceso en los centros urbanos, en los sectores de mayor índice de alfabetización y más entre los jóvenes que en personas mayores. Datos que evidencian las brechas existentes.

Esta realidad se puso en debate a partir del auge del teletrabajo y la educación a distancia en el contexto de aislamiento social. Algunos barrios populares de la ciudad de Buenos Aires relevan que el 60% de los hogares cuenta con solo un teléfono celular. ¿De qué modo se promueve la apropiación de la tecnología con un acceso concretado a través de un teléfono celular? Distintas voces, especialmente desde el ámbito educativo, afirman que el acceso desde un teléfono móvil promueve un rol consumidor, no solo de la tecnología sino también de los contenidos, mientras que los dispositivos de escritorio permiten una mayor apropiación y uso más intensivo y productivo de estos recursos.

• Políticas de acceso a los aparatos

El gobierno en Argentina desarrolló políticas de promoción del acceso a la tecnología, entre las que se destacan el programa Conectar Igualdad (CI) que distribuyó 5 millones de netbooks a estudiantes de escuelas secundarias públicas e institutos de formación docente entre 2011 y 2015. Fue una política de gran impacto aunque también recibió críticas entre ellas sobre su política de reparación de computadoras, que se acumulaban rotas en las escuelas. Experiencias similares en la región también lidiaron con este aspecto. El programa Ceibal en Uruguay se destacó por su planificación en el tratamiento de dispositivos rotos, mientras que el Canaima en Venezuela recibió críticas similares a las recibidas por el CI.

Durante el aislamiento, con la creciente necesidad de trabajar desde el hogar y de sostener la educación, aumentó la demanda de reparación de computadoras tanto en hogares como en escuelas, para ser aprovechadas por los estudiantes. Es importante destacar que las netbooks de CI cuentan con software libre, lo que facilita su refuncionalización, a diferencia del software privativo que dificulta este proceso.

• Teléfonos celulares: párrafo aparte

Los teléfonos celulares son dispositivos con más rápida obsolescencia, y con un circuito de reparación que limita la reutilización por falta de acceso a repuestos. Las estadísticas son de difícil acceso en este terreno. Sin embargo, GSMA,⁸ la cámara mundial de empresas de telefonía celular, aporta índices del rubro. En el informe de 2019 señala que en Argentina hay un 60 por ciento de penetración de suscriptores a telefonía, y un 69% de adopción de smartphone.⁹ Cifra que puede ser leída como indicador del número de personas sin acceso a un móvil.

Zelucash¹⁰ es una empresa dedicada a la refuncionalización de celulares. Compra smartphones en desuso, desde una plataforma en internet, los recupera y vende al mercado con garantía y precios accesibles. “Antes de que existiese el concepto de usado con garantía, la gente descarta su teléfono en 12 o 14 meses. Actualmente, la garantía de calidad y origen legítimo de estos aparatos (esto es, no son robados ni contrabandeados) se puede extender hasta cuatro años” explica el fundador de la empresa.¹¹

• El reuso como cambio cultural

Una de las aristas principales de la problemática de los residuos son los hábitos de la población. En el caso de los residuos electrónicos, el reuso presenta la complejidad de la reparación, los conocimientos técnicos necesarios para hacerlo y la dificultad de acceder a los repuestos, en un mercado que impulsa a tirar y comprar nuevo. Sin embargo, otro modelo de consumo es posible, y apostar a la reparación por sobre el descarte también lo es.

Existen en Argentina iniciativas que hacen de la reparación una bandera. Entre ellas el Club de Reparadores, una iniciativa de la organización Artículo 41 que realiza encuentros entre quienes reparan, quienes quieren aprender y quienes necesitan ese servicio.

Las iniciativas que promueven otra forma de consumo y de descarte, aluden a principios cercanos a la filosofía hacker y su relación con la tecnología, con referencia a valores como los saberes técnicos compartidos, los códigos abiertos, la acción colectiva, el mapeo colaborativo y la democratización de la información.

Es interesante observar este paralelismo entre quienes promueven la extensión de la vida útil de los aparatos como práctica ecológica y quienes apuestan a democratizar el acceso a la tecnología y al conocimiento, en una metafórica retroalimentación entre la cultura del reuso y la militancia tecno progresista que promueve derechos.

También hay una confluencia de conceptos en relación al feminismo. Las iniciativas que intentan atenuar los efectos negativos del consumo masivo de la tecnología, armonizan con las propuestas de la economía feminista, del ciberfeminismo y el ecofeminismo, con sus formas de sostener la vida más ancladas en la naturaleza y en los ciclos vitales, que en la extracción y el descarte, concibiendo a los recursos como bienes comunes y sobre los que recae una responsabilidad colectiva y comunitaria. Todo un cambio de paradigma.

• ¿Es el trabajo para la sostenibilidad, sostenible?

Las políticas de tratamiento de residuos colaboran con la sustentabilidad ambiental. Pero, ¿son sustentables las experiencias de tratamiento de residuos? La mayoría de los actores mencionan la sostenibilidad como problema. Los costos del recupero y reciclado no cubren los costos de la correcta gestión de los residuos. El consumo responsable tampoco incide en la transformación de esta realidad. “Refurbished” no es aún en estas tierras un sello o atributo difundido y valorado en los dispositivos tecnológicos.

A la vez hay tareas estratégicas que nadie quiere costear –los traslados de los dispositivos en desuso, por ejemplo– que requieren del apoyo y financiamiento del estado (en caso que la rentabilidad no esté garantizada) entendiendo a la gestión de residuos como un servicio público y también como una actividad económica.

“Pero no solo el Estado”, señala Protomastro, especialista en gestión de RAEE.¹² “Debemos lograr una norma que involucre todos los valores de la cadena, porque es un problema que generamos todos y por ende en la solución debemos participar todos. Ni mano libre del mercado ni obligación compulsiva a fabricantes. La solución está en la responsabilidad compartida”, señaló el especialista.

Conclusión

Acceder a un dispositivo que permita la comunicación sigue siendo un derecho no garantizado a toda la sociedad. Estos aparatos –hoy inmersos en un sistema que avasalla recursos ambientales, que los deja caducos antes de tiempo– generan una importante cantidad de residuos de los cuales es complejo hacerse cargo correctamente. A la vez, este aumento de dispositivos, genera un consumo energético no solo en su producción sino también en su uso, cuyo impacto ambiental aún no se ve con claridad. Este modelo implica además una reducción de mano de obra, por procedimientos que se automatizan, por medio de la robótica o la aplicación de inteligencia artificial, limitando la posibilidad de reparar.

Intentemos encontrar estrategias que modifiquen este panorama. El reuso y recupero de las tecnologías tiene aristas políticas, económicas, sociales y también culturales, arraigadas en conductas individuales e institucionales que es necesario transformar. El incentivo de políticas de reuso, reparación y reciclado, no sólo reduce los residuos que se generan sino que además genera fuentes de trabajo en tareas para la extensión de la vida útil de los dispositivos, su reciclado o su correcta disposición final, a la vez que recupera dispositivos para actores sociales con dificultades de acceso.

En Argentina está pendiente una ley específica que regule el tratamiento de residuos electrónicos que contemple la realidad y necesidades de los actores de la cadena, sus responsabilidades y sus vulnerabilidades. Una ley específica jerarquizaría las tareas y volcaría recursos en su mejora. Al respecto el actual Ministro de Ambiente declaró: “los cambios paradigmáticos se producen cuando hay acompañamiento de la población. A veces querer cambiar desde lo normativo algo muy arraigado puede ser un problema. Hay que trabajar con ahínco para generar modificaciones culturales, concientización (…) para que el sector productivo se sienta obligado a repensar su método. Hay una tendencia mundial a comprender mejor estos temas, son los nuevos debates, y cuando existe la preocupación en la sociedad, el cambio es inevitable. La salida es colectiva y es social”.

El principal desafío es sensibilizar a los actores a tomar conciencia de su responsabilidad, considerando la motivación de cada sector para asumir los costos de hacerlo. ¿Qué se precisa hoy para ampliar el reuso? Un cambio en la conducta de la población (que involucra la responsabilidad individual), el foco en lo ambiental, el empleo, y el modo en que las personas acceden y utilizan las tecnologías (responsabilidad de empresas que producen, usan y tratan residuos electrónicos) y un estado que regule y articule la cadena de valor de los residuos electrónicos (responsabilidad gubernamental).

Lo que está en juego es nuestro futuro, el futuro de nuestras comunidades, el futuro del mundo todo, que será sustentable si todas las partes lo son. Nuestro futuro, hoy aún más amenazado por un virus que nos desafía a hacer las cosas de otro modo:

“Del virus nos salvaremos. Del mundo tal como está, tal como es gobernado por las corporaciones y el capitalismo financiero no”, señala un periodista argentino en una certera y reflexiva nota titulada Nuestro futuro. “Me quedo con esa mínima porción de tierra cultivada, con la noción de espacio, de geografía, de frontera, me quedo con el cuerpo que no está escindido de la tecnología, de la basura. (…) El mar, la montaña, el desierto son lo que permanecen. Casi lo único que podemos mirar y sentir para buscar sosiego en estos días es el sol que entra por nuestras ventanas, llega a un rincón de nuestros encierros y nos llena los pulmones de vitalidad extrema alejándonos de las pesadillas, quitándonos el miedo. La resistencia apenas comienza. Y en su ADN es viral y revolucionaria. El futuro es esto que nos pasa hoy y nadie podrá evitar que sea nuestro futuro”.¹³

Acciones propuestas

Muchos desafíos surgen en el cruce de lo ambiental, lo laboral y el acceso. Destacamos:

> La necesidad de difundir información sobre los problemas generados por el consumo de aparatos y beneficios asociados al reuso.

> La promoción de la mirada local. Es necesario debatir los marcos regulatorios desde cada territorio, de acuerdo a experiencias locales, sus limitaciones y requerimientos (financiación, capacitación, asistencia técnica).

> Visibilizar trabajo de recolectores, recuperadores y recicladores así como la responsabilidad social sobre los residuos de los diferentes actores involucrados. Es necesario analizar motivaciones para cumplirlas y evaluar sistemas de incentivos.

> Sistematizar recolección de datos de RAEE e índices de control de los procedimientos, índices sociales y demográficos para que sean comparables.

> Generar espacios de encuentro y diálogo entre actores de la cadena: el estado, compañías privadas, trabajadores, sindicatos, organizaciones ambientales, sociales y digitales.

> Incrementar vínculos con la universidad para revisión de la cadena desde distintos saberes (de las ingenierías, la economía, las ciencias sociales) para conformar una mirada interdisciplinaria sobre el tratamiento de RAEE.

María Florencia Roveri, Nodo TAU, Argentina.

https://tau.org.ar

Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 554: Tecnología y medio ambiente: Respuestas desde el Sur 02/11/2021