La «España Vaciada» va un paso más allá
España es un país con grandes problemas de integración territorial, un país con competencias administrativas bastante descentralizadas, pero con una cultura y gestión del territorio que es, a pesar de todo, bastante centralista. Por ello, el modelo de Estado está constantemente cuestionado desde diferentes perspectivas: desde los partidos nacionalistas de, por ejemplo, Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía o Canarias; desde el republicanismo, que propone un modelo de Estado federal y plurinacional, frente al centralismo de la monarquía borbónica, pero también desde lo que se viene a llamar «España Vaciada«.
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En los últimos años se ha producido un creciente movimiento reivindicativo, principalmente de grupos de las provincias del interior del país, que denuncian la desindustrialización y la despoblación del territorio, la falta de servicios públicos, la estructura radial de las infraestructuras (con el centro en Madrid), el expolio del patrimonio natural y, en resumen, el abandono por parte de las instituciones. Cada provincia o territorio ha reclamado sus necesidades más inmediatas, desde la recuperación del tren de la «Vía de la Plata», que une todo el oeste del país (León-Zamora-Salamanca-Extremadura con Andalucía); desde la lucha contra los proyectos mineros contaminantes y peligrosos para el medio ambiente, como la exitosa lucha contra la mina de uranio de Retortillo en Salamanca; la recuperación de los servicios sanitarios de urgencia en la montaña palentina o la justa reconversión de las comarcas mineras del carbón en el Bierzo, entre otras. Todas ellas son reivindicaciones diversas, en torno a las cuales se ha acuñado el mencionado concepto y la problemática de la España Vaciada.
En términos electorales, España es un país con una larga tradición de partidos nacionalistas y regionalistas. Ahora mismo en el Congreso de los Diputados hay un partido de Galicia (BNG), uno de Asturias (Foro), uno de Cantabria (PRC), dos de Euskadi (PNV y EH-Bildu), uno de Navarra (N+), cuatro de Cataluña (ERC, JxCat, CUP, En Comú -dentro del Grupo Confederal Unidos Podemos-), una de la Comunidad Valenciana (Compromís -dentro de Más País-), dos de Canarias (CC y NC) y, por último, la cristalización por primera vez de las reivindicaciones de la España vaciada en la candidatura de la provincia de Teruel, denominada «Teruel Existe». En definitiva, un crisol de partidos de distinta procedencia ideológica, desde la ultraderecha de N+ hasta la izquierda abertzale, como EH-Bildu.
A finales de noviembre de este año, la Coordinadora España Vaciada anunció su intención de presentarse a las elecciones en una plataforma que aglutina a diferentes organizaciones provinciales «sin ideología ni de izquierdas ni de derechas. Igualmente, tras la convocatoria de las elecciones a las Cortes de Castilla y León, después de que el presidente de la comunidad autónoma Alfonso Fernández Mañueco (PP), dimitiera a los consejeros y las consejeras de su socio de gobierno (Ciudadanos), varias plataformas han levantado la bandera de la España Vaciada con su objetivo puesto en las elecciones: Soria ¡YA!, Burgos Enraíza o Palencia Existe, esta última también con la coletilla «ni de izquierdas ni de derechas», pero impulsada por personas cercanas a convocatorias patrocinadas por VOX y a grupos negacionistas o escépticos de la pandemia. Cabe mencionar que la Coordinadora España Vaciada se desmarcó de esta candidatura y también plataformas palentinas como Meseta Limpia, pero es, obviamente, un toque de atención.
Pese a todo, sería un error ver las reivindicaciones de muchos de estos colectivos como injustas. Son perfectamente legítimas: el freno a los recortes en los servicios públicos (Sanidad, servicio de Correos), la extensión de la red de transporte público y social a todo el territorio (no una red radial de AVE), políticas contra el abandono y la despoblación para frenar la fuga de la población, especialmente de los jóvenes, a las grandes ciudades o al extranjero. Son reivindicaciones que, a priori, un partido de izquierdas puede asumir sin ningún problema.
Sin embargo, las sombras sobre estos proyectos no solo vienen de estas últimas plataformas que se presentan a las elecciones de Castilla y León de forma oportunista. A la hora de hablar de diferentes tipos de política en el Parlamento, aparecen posiciones que podemos considerar peligrosas. En una reciente entrevista, el diputado de Teruel Existe Guitarte, al ser preguntado por políticas sociales como las políticas LGTBI+, consideraba que, para construir un país cohesionado, todos los partidos tienen que sentarse en la misma mesa en igualdad de condiciones dentro de los Derechos Humanos y la Constitución Española. Sin embargo, considera a su vez que hay en ciertos temas como este que son «posturas ideológicas» y que hay que buscar consenso y, en su caso, abstenerse. Es una contradicción in terminis decir que se van a defender los Derechos Humanos y decir que defender los derechos LGTBI+ es algo «ideológico» y sentarse con quienes en Madrid fulminan estos derechos, como PP, VOX y Ciudadanos.
Y es que «España vaciada» es un término puramente geográfico, que cada uno llena de contenido político como considera oportuno y, en parte, con las reivindicaciones locales, comarcales o provinciales de su ámbito más inmediato. Junto a las comprensibles reivindicaciones antes mencionadas, los cazadores también utilizan la bandera de la España Vaciada para promover la caza de una especie como el lobo, una especie protegida, en alianza con algunos sectores ganaderos, una realidad compleja en la que se cruzan la crítica a la ganadería intensiva y la defensa de la ganadería extensiva frente a las grandes explotaciones, una crítica compartida por la izquierda que pretende poner en jaque el modelo de producción capitalista en masa. Es difícil conciliar las reivindicaciones de los grandes propietarios agrarios (representados por ASAJA), que dicen defender la España Vaciada cuando reclaman el mantenimiento de la PAC (Política Agraria Común) para el beneficio de los grandes terratenientes, con los grupos o personas que reclaman un reparto equitativo de la tierra (donde también se denuncia que la tierra está fundamentalmente en manos de los hombres), la ocupación de tierras en desuso y un modelo más respetuoso con el medio ambiente; la exigencia de mantener las minas de carbón y las centrales térmicas no encaja con una política medioambiental que quiera cumplir con los compromisos de reducción de emisiones y de sostenibilidad del planeta, sin negar la necesidad de que las comarcas del carbón tengan futuro. Incluso Isabel Díaz Ayuso (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha aferrado al mástil de la bandera de la España Vaciada desde el corazón del centralismo, en un pueblo a pocos kilómetros de Madrid (Colmenar Viejo) con todos los servicios de un área metropolitana, haciéndose la foto en una granja de ovejas, cordero en mano.
Hay algo que une a todas estas reivindicaciones: una crítica al statu quo y una insatisfacción general con él. Sin embargo, algunas visiones proponen una solución reaccionaria y casi feudal, como en el caso de los grandes propietarios agrarios o los cazadores, mientras que otras visiones quieren cuestionar el sistema productivo, el reparto de la propiedad y los recortes neoliberales. También hay una confrontación entre la visión del mundo rural como un mundo ligado al sector primario como principal fuente de trabajo y supervivencia de las personas que lo habitan, y una visión que exige que el medio rural no se quede atrás en procesos de modernización como la digitalización, que denuncia que no se trata de volver a un sector primario preponderante (cosa que no va a suceder), sino de poder tener una conexión a internet y teletrabajar (tan importante durante la pandemia), no tener que recorrer 90kms para ir al pediatra o tener acceso a un transporte público asequible, que evite tener que depender del coche (y en muchas ocasiones de quien tiene el poder sobre ese coche, que son los hombres). Es decir, una visión del siglo XX del medio rural, conservadora y a veces también añorada por una izquierda nostálgica de una arcadia feliz que nunca existió (si no, que se lo digan a las mujeres rurales), se enfrenta también a una visión del siglo XXI.
Por todo ello, la plataforma «centrada en las personas» España Vaciada es un proyecto que sin duda merece atención, pero que tampoco está exento de riesgos, por sus propias decisiones y por el muy esperable oportunismo de otros colectivos que se puedan arrimar a este proyecto para beneficio propio. Sin embargo, este paso adelante organizándose electoralmente es bastante comprensible, porque en muchos sectores de la población rural se tiene la sensación de que, sea cual sea el gobierno de turno, siempre se sale peor parado. Pero esto no es necesariamente así. Hay una tradición de una izquierda que se preocupa por las realidades del mundo rural desde hace mucho tiempo, en las luchas de los jornaleros andaluces, en la denuncia de los recortes en los servicios públicos, en la denuncia de la manipulación de los fondos para la reconversión de las zonas mineras del carbón (fondos MINER) por parte de las grandes corporaciones o en la lucha contra las macrogranjas y los nuevos proyectos mineros (uranio, feldespatos) que amenazan la sostenibilidad ambiental; una izquierda que se alce en defensa de las mujeres rurales, que además de la discriminación o la dependencia de los hombres en la propiedad de los bienes agrícolas, sufren el aislamiento, con los riesgos que ello conlleva incluso para su propia vida; una izquierda que denuncie que el problema de la España vaciada es, en definitiva, el actual sistema político y productivo neoliberal y que fluye desde la Unión Europea hasta el último pueblo de la provincia de Ávila.
También el actual Gobierno de coalición progresista entre el PSOE y Unidas Podemos ha tomado iniciativas en defensa de trabajadoras del campo o pequeñas empresas agroalimentarias. El ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz (UP) impulsó una campaña de inspecciones en explotaciones agrarias que ha llevado a sacar a la luz miles de irregularidades: siete de cada diez explotaciones agrarias inspeccionadas fueron sancionadas por no respetar las condiciones laborales, de seguridad y de salud de las trabajadoras del campo. Frente a esto, las quejas y amenazas de la patronal agraria, que denunció un ataque a la España rural. También el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón (UP) con el de Agricultura de Planas (PSOE) ha impulsado un proyecto para facilitar la vida a pequeños productores y fomentar la producción sostenible y el consumo de proximidad, es decir, para cambiar la lógica del modelo de producción masivo favorecido por las administraciones (entre ellas las del PP de Castilla y León). Este modelo está detrás también de la despoblación, pues las grandes explotaciones no fijan población ni tejido productivo en la España Vaciada.
Sin embargo, estos cambios, como el modelo de producción y consumo, son proyectos a medio y largo plazo, frente al hecho muy inmediato de tener un grupo de diputados que pueden condicionar los Presupuestos Generales del Estado o de Castilla y León. La cuestión que se plantea es qué objetivos persiguen: si la defensa y ampliación de los servicios públicos o las subvenciones a la caza y a la ganadería de toros de lidia; o quizás pedir todo a la vez y cumplir una función «transversal» que en realidad no transforma ni la realidad social ni las raíces del sistema productivo y económico que han llevado a la situación actual de gran parte del interior de España, sino que pone parches, favoreciendo a veces los intereses de grupos muy reducidos y elitistas (como es el caso de los ganaderos de toros de lidia). Y cuando se trata de derechos fundamentales como el aborto, la eutanasia o los derechos LGTBI+, ¿qué van a hacer?
Tampoco nos puede convencer a quienes vivimos en el Exterior el modelo de retorno de población emigrada presentado por la Coordinadora España Vaciada en su documento Modelo de desarrollo de la España Vaciada. Es un modelo que cae en los viejos tópicos de Retorno de talento (si bien se especifica que es para cualquier persona de cualquier cualificación) y planificado fundamentalmente para el retorno de menores de 36 años. La emigración y la población residente, en casos como el mío, en el Exterior presenta una demografía mucho más diversa que la del «talento joven emigrado», como se desprende del documento creado por la propia emigración Retorno: una perspectiva desde la emigración. En él, se analiza cómo para que exista un Retorno digno, primero tiene que haber un análisis certero de la emigración. No se nos puede escapar que, con la salida de muchas personas, especialmente tras el inicio de la crisis financiera, asistimos a modelos de personas emigradas donde vemos desde esa mencionada persona joven, a familias con personas mayores de esos 36 años que, por ejemplo, quieren educar a sus hijos e hijas en su tierra natal; matrimonios mixtos; pensionistas que quieren retornar tras haber acabado su vida laboral en extranjero… Además, no se mencionan medidas fundamentales, como excluir el requisito de censo previo para acceder a ciertas ayudas o el reconocimiento de títulos y experiencia laboral de forma simplificada. Es decir, el plan de retorno cuenta con grandes carencias.
En cualquier caso, no podemos hacer como si la España Vaciada y la gente que se organiza para luchar por su tierra no existieran, ni sentarnos a criticar esta organización de estos colectivos desde la trinchera sin mancharnos las manos, ni creer que es cuestión de tiempo que estas reivindicaciones, como otros movimientos sociales, se debiliten; ni, como hacen algunas bases de izquierdas urbanas que solo tienen representación en las grandes ciudades (por ejemplo, Más País), mirar de forma clasista y despectiva a la población de estas comarcas y sus organizaciones.
Hay que seguir dando la batalla cultural y social en todos los rincones del país, mirando más allá de cuántos votos nos pueda dar un pueblo de 80 habitantes. Si queremos transformar la sociedad, no podemos dejar atrás a gran parte de nuestra población, primero por justicia social, pero también porque, si esta población desaparece y se sigue vaciando gran parte del país, estaremos dejando ese territorio a los que hoy tienen la propiedad y el poder para seguir manteniéndolo, que son los grandes terratenientes. Del mismo modo, perderemos a los que velan y luchan por la defensa del medio ambiente, y se podría dibujar un futuro en el que las grandes empresas puedan seguir expoliando el territorio y los recursos sin resistencia, o seguir viendo el campo como un vertedero para sus residuos. Tenemos que luchar por nuestro objetivo: el de un país anticapitalista en el que la vida de las personas del mundo rural no se mida por la rentabilidad de su existencia.
*Jaime Martínez: palentino en Berlín, militante de Izquierda Unida Exterior.