CCOO condena que el Gobierno andaluz vuelva a arremeter contra las personas trabajadoras del sector público instrumental “por puro tacticismo electoral”

CCOO de Andalucía ha condenado que el Gobierno andaluz vuelva a arremeter contra los entes públicos instrumentales “por puro tacticismo electoral”. Según ha recordado, “son entidades que prestan servicios públicos reconocidos por ley” y que esta postura, “lejos de buscar optimizar recursos, profundiza en el enorme daño que este Gobierno está haciendo a los servicios públicos en Andalucía, enormemente mermados ya”, ha defendido la secretaria de Institucional de CCOO de Andalucía, Nuria Martínez.

El sindicato ha denunciado que el Gobierno andaluz ha adjudicado un contrado por valor de 1.796.850 euros a una consultora externa para el diseño de un plan de reestructuración de la red de empresas públicas, agencias, fundaciones y consorcios del sector público instrumental, y que asesorará sobre la reubicación, cambio o extinción de puestos de trabajo. Todo ello cuando ya se han tomado decisiones para poner en marcha la agendia TRADE y la agencia ADA, entre otras.

Martínez ha señalado que el Gobierno autonómico “ya malgastó ingentes cantidades de dinero público en auditorías, buscando poner en cuestión a los empleados y empleadas públicos, y cuyos resultados han demostrado que en la Administración Pública no sobra nadie”. Además, ha afirmado que “dado que las auditorías no han dado el resultado que esperaban, vuelven a la carga buscando rédito electoral”.

Con esto, el Gobierno autonómico “sigue en su línea de querer privatizar servicios públicos externalizando las decisiones a gestores y llevando a consultorías privadas estudios y valoraciones que ya se hicieron por parte del propio personal de la Junta de Andalucía”, ha denunciado Martínez. “Estas medidas, se suman al gasto de 3 millones de euros que se hizo anteriomente y que buscan poner en riesgo el empleo de 27.000 trabajadores y trabajadoras”. El sindicato señala que detrás de esa política hay “una intencionalidad de no resolver el problema de estos trabajadores y trabajadoras y dejar en manos externas una decisión que compete al Gobierno andaluz”.