Redacción •  Vivienda •  24/01/2022

«El Bono Joven no puede distraer la atención de la Ley por el Derecho a la Vivienda, bloqueada por el CGPJ»

  • El pleno del CGPJ tumbó el 14 de enero el informe que avalaba la ley de vivienda. La decisión del poder judicial retrasará previsiblemente hasta febrero la aprobación del anteproyecto de ley de vivienda en el Consejo de Ministros, que tenía previsto enviarlo al Congreso el próximo martes, 18 de enero.
  • El Sindicat de Llogateres de Catalunya denuncia que el CGPJ está jugando a hacer de parlamento previo mientras es cada vez más urgente que esta ley llegue al Congreso para poderla debatir y mejorar.
«El Bono Joven no puede distraer la atención de la Ley por el Derecho a la Vivienda, bloqueada por el CGPJ»

Barcelona, 24 de enero. La aprobación del proyecto de ley por parte del Consejo de Ministros requiere contar con un informe, obligatorio pero no vinculante, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la propuesta. Después de haberse anunciado un informe favorable, a pesar de objeciones parciales, por parte del CGPJ en los últimos días, el borrador ha sido tumbado por el pleno del órgano judicial.

El Sindicat de Llogateres de Catalunya lamenta este nuevo obstáculo, que se suma a una larga acumulación de retrasos desde el inicio de la legislatura. El CGPJ tiene el mandato caducado desde hace más de dos años y sus sectores nombrados por varios partidos están jugando a hacer un debate parlamentario previo cuando es en el Congreso de los Diputados y a sus grupos a quien corresponde hacer este debate. Concretamente, el PP está intentando ganar a través de jueces lo que teme perder en el Congreso. De hecho, la organización inquilina considera que se trata de valoraciones ideológicas contra la necesidad de regular los precios de los alquileres para garantizar el derecho a la vivienda.

Además, hay que mencionar el absurdo que supone que los poderes judiciales se amparen en la descentralización de competencias para poner palos en las ruedas a una ley de garantía del derecho a la vivienda, mientras se han dedicado sistemáticamente a tumbar leyes catalanas en ésta y todas las materias con la excusa de que invadían competencias estatales.

Por otro lado, conviene no olvidar que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el CGPJ emitirá los informes sobre los anteproyectos de ley en el plazo improrrogable de treinta días (art. 561.2). Un plazo que ya ha sido ya agotado.

La propuesta de ley presenta medidas todavía insuficientes

El contenido de esta ley incluye todavía medidas demasiado tímidas y plazos demasiado laxos para que sea una medida efectiva y contundente para la garantía del derecho a la vivienda y, en concreto, en la regulación de precios del alquiler. El Sindicat de Llogateres de Catalunya, junto con la decena de organizaciones que forman parte de la Iniciativa Ley Vivienda, presentó hace semanas alegaciones al anteproyecto de ley. Por ello, el debate parlamentario es urgente y necesario para poder hacer de este texto una ley que verdaderamente garantice el derecho a la vivienda.

El Sindicat de Llogateres hace un llamamiento a todos los partidos que apoyaron la Iniciativa Ley Vivienda (ERC, EH Bildu, Junts, CUP, Más País, Compromís, BNG, Nueva Canarias, Unidas Podemos-En Comú Podem.) a conseguir en el debate parlamentario estos cambios en la ley propuesta por el gobierno.

Es necesario y urgente regular los precios de los alquileres de forma decidida, como hizo el Parlament de Catalunya con la Ley 11/2020, con un régimen sancionador que garantice su cumplimiento y con topes y bajadas obligatorias para asegurar que se revierte la escalada de precios de los últimos años.

El Bono Joven: una anécdota sin efectos y una distracción

Desde los primeros anuncios sobre esta medida, el Sindicat de Llogateres ha criticado duramente el Bono Joven. Lo consideran, por un lado, mal orientado, puesto que las políticas de ayudas al alquiler acaban siendo una transferencia de dinero público a los arrendadores, como apuntan informes y experiencias internacionales. Además, sin una regulación de alquileres, estas ayudas podrían provocar incluso subidas en los precios. Por otro lado, las cifras que se presentan son irrisorias (el Consejo de la Juventud de España ha calculado que el bono llegará al 1,7% de los jóvenes emancipados) y los criterios, arbitrarios.

En cualquier caso, es una medida oportunista que se anunciaba a bombo y platillo la semana en la que el CGPJ bloquea la regulación de precios del alquiler.

Cronología de un retraso constante

Cabe recordar que éste es el último de una larga acumulación de retrasos en los compromisos del gobierno español, desde la firma del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, el 30 de diciembre de 2019, que incluía medidas de contención de rentas para frenar las subidas abusivas del precio del alquiler. Con el pacto de presupuestos suscrito a finales de octubre de 2020 entre ambos partidos, se comprometían a aprobar un proyecto de ley para llevar al Congreso antes de tres meses. Tras incumplir este plazo, el entonces ministro José Luís Ábalos anunció que el anteproyecto estaría listo en febrero de 2021.

Fue finalmente el 26 de octubre de 2021 cuando el Consejo de Ministros presentó el anteproyecto de Ley para el Derecho a la Vivienda. Unas semanas después, el 10 de diciembre, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se comprometió a que antes de acabar el año, en la última reunión del Consejo de Ministros de 2021, la norma volvería a estar en el orden del día para quedar aprobada como proyecto de ley y ser enviada a las cortes para su tramitación. La fecha de esa reunión era el 28 de diciembre y, efectivamente, los compromisos de la ministra resultaron ser una inocentada.

A la espera del informe del CGPJ, no se llevó la propuesta legislativa al primer Consejo de Ministros del año (10 de enero), a pesar de que si una vez aprobado el anteproyecto (el 26 de octubre) se hubiera remitido al CGPJ para que redactara su informe preceptivo, el plazo hubiera sido suficiente para poder aprobar el proyecto de ley antes de acabar el año. El retraso era evitable, pero la ministra lo atribuía a una acumulación de trabajo en los procedimientos.

Ahora, tampoco se llevará a la reunión del próximo martes. El pleno del CGPJ ha designado a nuevos ponentes, cuyo calendario de trabajo no se conoce, pero que ya ha agotado el plazo legal que tenía el órgano para remitir su informe al ejecutivo.

El Bo Jove no pot distreure l’atenció de la Llei pel Dret a l’Habitatge, bloquejada pel CGPJ

El Sindicat de Llogateres de Catalunya denuncia que el CGPJ està jugant a fer de parlament previ mentre és cada vegada més urgent que aquesta llei arribi al Congrés per poder-la debatre i millorar.

Barcelona, 24 de gener.

L’aprovació del projecte de llei per part del Consell de Ministres requereix comptar amb un informe, obligatori però no vinculant, del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la proposta. Després d’haver-se anunciat un informe favorable, tot i les objeccions parcials,  per part del CGPJ els darrers dies, l’esborrany ha estat tombat pel ple de l’òrgan judicial.

El Sindicat de Llogateres de Catalunya lamenta aquest nou entrabanc, que se suma a una llarga acumulació d’endarreriments des de l’inici de la legislatura. El CGPJ té el mandat caducat des de fa més de dos anys i els seus sectors nomenats per diversos partits estan jugant a fer un debat parlamentari previ quan és al Congrés dels Diputats i als seus grups a qui pertoca fer aquest debat. Concretament el PP està intentant guanyar a través de jutges el que té por de perdre al Congrés. Així mateix, l’organització llogatera considera que es tracta de valoracions ideològiques contra la necessitat de regular el preus dels lloguers per tal de garantir el dret a l’habitatge.

A més, cal fer un esment a l’absurd que suposa que els poders judicials s’emparin en la descentralització de competències per posar pals a les rodes a una llei de la garantia del dret a l’habitatge, mentre s’han dedicat sistemàticament a tombar lleis catalanes en aquesta i totes les matèries amb l’excusa que envaïen competències estatals.

D’altra banda, convé no oblidar que la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix que el CGPJ emetrà els informes sobre els avantprojectes de llei en el termini improrrogable de trenta dies (art. 561.2). Aquest termini ja ha estat esgotat.

La proposta de llei presenta mesures encara insuficients

El contingut d’aquesta llei inclou encara mesures massa tímides i terminis massa laxos perquè sigui una mesura efectiva i contundent per a la garantia del dret a l’habitatge i, concretament, en la regulació de preus del lloguer. El Sindicat de Llogateres de Catalunya, juntament amb la desena d’organitzacions que formen part de la Iniciativa Ley Vivienda, va presentar fa setmanes al·legacions a l’avantprojecte de llei. És per això que el debat parlamentari és urgent i necessari per poder fer d’aquest text una llei que veritablement garanteixi el dret a l’habitatge.

El Sindicat de Llogateres fa una crida a tots els partits que van donar suport a la Iniciativa Ley Vivienda (ERC, EH Bildu, Junts, CUP, Más País, Compromís, BNG, Nueva Canarias, Unidas Podemos-En Comú Podem) a aconseguir en el debat parlamentari aquests canvis a la llei proposada pel govern.

És necessari i urgent regular els preus dels lloguers de manera decidida, com va fer el Parlament de Catalunya amb la Llei 11/2020, amb un règim sancionador que en garanteixi el compliment i amb topalls i baixades obligatòries per assegurar que es reverteix l’escalada de preus dels darrers anys.

El Bo Jove: una anècdota sense efectes i una distracció

Des dels primers anuncis sobre aquesta mesura, el Sindicat de Llogateres ha criticat durament el Bo Jove. El consideren, d’una banda, mal orientat, ja que les polítiques d’ajudes al lloguer acaben sent una transferència de diners públics als arrendadors, com apunten informes i experiències internacionals. A més, sense una regulació dels lloguers, aquestes ajudes podrien provocar fins i tot pujades en els preus. De l’altra, les xifres que es presenten són irrisòries (el Consell de la Joventut d’Espanya ha calculat que el bo arribarà a l’1,7% dels jovent emancipat) i els criteris, arbitraris.

En qualsevol cas, és una mesura oportunista que s’anunciava a so de bombo i platerets la setmana en què el CGPJ bloqueja la regulació de preus del lloguer.

Cronologia d’un endarreriment constant

Cal recordar que aquest és l’últim d’una llarga acumulació d’endarreriments en els compromisos del govern espanyol, des de la signatura de l’acord de coalició entre PSOE y Unidas Podemos, el 30 de desembre de 2019, que incloïa mesures de contenció de rendes per frenar les pujades abusives del preu del lloguer. Amb el pacte de pressupostos subscrit a finals d’octubre de 2020 entre els dos partits, es comprometien a aprovar un projecte de llei per portar al Congrés abans de tres mesos. Després d’incomplir aquest termini, l’aleshores ministre José Luís Ábalos va anunciar que l’avantprojecte estaria a punt el febrer de 2021.

Va ser finalment el 26 d’octubre de 2021 quan el Consell de Ministres va presentar l’avantprojecte de Llei per al Dret a l’Habitatge. Unes setmanes després, el 10 de desembre, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va comprometre’s que abans d’acabar l’any, a l’última reunió del Consell de Ministres del 2021, la norma tornaria a estar a l’ordre del dia per quedar aprovada com a projecte de llei i ser enviada a les Corts per a la seva tramitació. La data d’aquesta reunió era el 28 de desembre i, efectivament, els compromisos de la ministra van resultar ser una innocentada.

A l’espera d’aquest informe del CGPJ, no es va portar la proposta legislativa al primer Consell de Ministres de l’any (10 de gener), tot i que si un cop aprovat l’avantprojecte (el 26 d’octubre) es remetia al CGPJ perquè en redactés l’informe preceptiu, el termini era suficient per poder aprovar el projecte de llei abans d’acabar l’any. L’endarreriment era evitable, però la ministra l’atribuïa a una acumulació de feina en els procediments.

Ara, tampoc es portarà a la reunió del proper dimarts. El ple del CGPJ ha designat nous ponents, el calendari de treball dels quals no es coneix, però que ja ha esgotat el termini legal que tenia l’òrgan per remetre el seu informe a l’executiu.


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