Bombazo judicial contra la política energética del PP de Feijóo: El TSXG anula la autorización de la Xunta para repotenciar el parque eólico de Corme

La Sala explica en la sentencia que el Gobierno gallego acordó, en febrero de 2018, declarar de “interés especial” la modificación sustancial del parque, lo que implicaba “tramitarla de forma prioritaria” y, por tanto, reducir de 30 a 15 días hábiles los plazos del procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción, así como los del procedimiento de evaluación ambiental y del proyecto sectorial.

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo, sin embargo, ha declarado que no procede aplicar la Ley 5/2017, que establece un plazo de 15 días para el trámite de informar a la ciudadanía sobre este tipo de proyectos, destacando que esa ley es contraria a dos directivas europeas en materia de medio ambiente, las cuales fijan un plazo mínimo de 30 días para ese trámite.

De esta forma, los magistrados subrayan en el fallo que, si bien “nada impide reducir el plazo de información pública de 30 días a la mitad” en la actuación dirigida a obtener la autorización previa y de construcción del parque, aseguran que “no sucede lo mismo” en el trámite que concierne a la evaluación ambiental. Así, hacen referencia a la directiva europea de 16 de abril de 2014, que dispuso que el plazo fijado para la consulta del público interesado sobre el informe de evaluación del impacto ambiental no será inferior a 30 días.

El alto órgano judicial destaca que “la primacía del derecho comunitario sobre el autonómico no deja lugar a dudas”, al tiempo que recalca que, de ello, se concluye que, en este caso, no fue de acorde a derecho la reducción del plazo de información pública a 15 días en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental. Además, indica que, aunque el trámite de exposición pública que concierne al proyecto de ejecución y el relativo al estudio de impacto ambiental deben realizarse conjuntamente, para el primero la ciudadanía dispone de un plazo de 15 días para presentar alegaciones y, para el segundo, de 30 días.

Además, el TSXG asegura que, según la directiva europea, antes de adoptar la decisión definitiva sobre el proyecto que se promovía, es decir, antes de someterlo a información pública, la Xunta debió presentar los informes sectoriales sobre la repotenciación del parque eólico de Corme. Al no hacerlo, según la Sala, las personas interesadas “no pudieron ejercer de forma plena su derecho a participar de forma efectiva y con pleno conocimiento de todas las opciones que se presentaban”.

El TSXG resalta que la directiva europea establece que “el público interesado tendrá la posibilidad real de participar desde una fase temprana en los procedimientos de toma de decisiones ambientales”, a cuyo efecto “tendrá derecho a expresar observaciones y opiniones, cuando estén abiertas todas las opciones, a la autoridad o autoridades competentes, antes de que se adopte una decisión sobre la solicitud de autorización del proyecto”.

REACCIONES A LA DECISIÓN JUDICIAL

Tras conocerse la decisión del TSXG las reacciones desde los ámbitos político y social no se han hecho esperar. Para Anova, esta sentencia «retrata la connivencia de la Xunta con el expolio eólico» y pone de manifiesto «que la única política de la Xunta de Galicia en el sector eólico es el negocio de las grandes empresas aunque tenga que pasar por encima de la ciudadanía, del paisaje, del patrimonio o de la biodiversidad».

«Cuando ya está demostrado que no se dan las condiciones de planificación, protección del territorio y participación ciudadana en los procesos la Xunta de Galicia no puede seguir abocando a que la guerra judicial sea la única defensa. Debe parar este desastre y rectificar su política de expolio eólico» -ha declarado el portavoz nacional de Anova Antón Sánchez-.

Para Carlos Penedo ex-concejal de Ponteceso y portavoz de la Plataforma en Defensa do Monte As Salgueiras, el proyecto de la multinacional EDP Renovables en Corme ha sido un primer contacto «con un modelo eólico corrupto» impulsado por el Gobierno Feijóo «que no prima los intereses de las personas y del medio ambiente sino el negocio capitalista». Tras la decisión del TSXG, manifiesta su satisfacción recordando que «lo que queda demostrado por la Justicia es el despropósito del Gobierno del PP en la Xunta» y que si este no es capaz de cambiar un modelo eólico que perjudica tan claramente a las personas y el medio ambiente «es mejor que dimita».