Arzúa Sostible luchará contra la reapertura de la mina de Touro por su impacto negativo sobre la salud pública y el medio ambiente
Diferentes personas y entidades del ámbito social y ecologista de Galicia se organizan en un nuevo colectivo para facilitar el asesoramiento y la presentación de documentación administrativa ante el hipotético desarrollo de un nuevo plan extractivo de Cobre San Rafael y Atalaya Mining/Explotaciones Gallegas, con el objetivo de brindar además toda la información a la población interesada en la problemática que la actividad minera está generando a nivel territorial.
Logotipo de la nueva entidad.
UN PROYECTO MINERO SIN LICENCIA SOCIAL
Desde el colectivo se recuerda que «aunque las empresas se esfuercen en comprar la voluntad popular» el proyecto de la mina de Touro ha tenido, tiene y tendrá «una completa falta de licencia social» y que «la pandemia no puede ser excusa para pretender imponer una explotación que comportará un serio impacto negativo sobre la salud pública y la conservación ambiental de la comarca de Arzúa«.
En este sentido, la entidad considera «una mera compra a golpe de talonario» la propaganda de Cobre San Rafael de su supuesto programa «TERRAS da xente», que pretende recabar el apoyo de entidades locales de la comarca a su pretendida explotación mediante 25.000 euros, algo que consideran «pura calderilla» en comparación con el volumen de negocio de su empresa de referencia en Andalucía.
Para el grupo llama la atención que mientras Cobre San Rafael S.L. «vende» la propuesta como «un hito» de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de «Transparencia, ética y responsabilidad real ambiental y social» las dos empresas matrices que integran la mercantil, tanto Atalaya Mining como Explotaciones Gallegas «acumulan tanto quejas vecinales como expedientes sancionadores por las muchas irregularidades cometidas tanto en Andalucía como en Galicia«.
Los vecinos del barrio del Alto de la Mesa denuncian graves daños por la actividad extractiva de Atalaya Mining en Andalucía / Remitida
Así, la «Responsabilidad Social Corporativa» de Atalaya Mining «es tal» en Riotinto que la expansión de su negocio minero y sus voladuras de explosivos además de nubes de polvo «están provocando grietas en muros, techos y paredes de las casas del barrio del Alto de la Mesa» cuyos vecinos se han organizado en plataforma para reclamar sus derechos frente a los abusos de una compañía «tan socialmente responsable que además rechaza hacerse cargo de los daños».
Según denuncian, el «respeto» de la multinacional pasa también por un sistema de balsas mineras «considerado como el más peligroso de Europa» y «una política de empresa que acumula expedientes sancionadores, escándalos internos, altos niveles de siniestralidad laboral y numerosos incumplimientos en materia ambiental, que incluso han derivado en actuaciones de oficio por parte de la Fiscalía».
Por su parte, Explotaciones Gallegas, propietaria de la mina de Touro, ha recibido en los últimos años más de 80.000 euros en multas por sus vertidos e irregularidades cometidas en relación con el dominio público hidráulico.
«Esta es la realidad, y no otra, de las empresas que pretenden desarrollar el proyecto de reapertura de la mina de Touro, que se definen claramente por sus hechos. Porque hay cosas que el dinero no puede comprar: el sentido común y el amor a la tierra» -sentencian desde el colectivo-.
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