El Parlamento aprueba proteger los derechos laborales de trabajadores de telemárketing subcontratados por la Junta
Una propuesta de Podemos Andalucía, apoyada por unanimidad de todos los grupos –salvo el punto 3- con aportaciones del resto de partidos. Así, el Parlamento de Andalucía pide que se cumplan las clausulas sociales en empresas como Konecta, empres responsable de dar servicio en los teléfonos de Emergencias.
Clima laboral “caracterizado por la ansiedad de la plantilla, la falta de relaciones laborales estables y fluidas, una pérdida progresiva de empleo de calidad y precarización de las condiciones e las que se accede al empleo de esta empresa”. Así lo recoge una PNL de Podemos Andalucía, aprobada hoy, y apoyada por todos los grupos del Parlamento de Andalucía, con aportaciones de PSOE y PP.
Así, según ha explicado el parlamentario de Podemos Jesús Rodríguez, “se ha aprobado un punto de apoyo a los trabajadores en sus reivindicaciones en el sector, concretas del conflicto, así como impulsar las clausulas sociales en los pliegos de contrataciones”. Y es que estas empresas, como Konecta, son las responsables de dar servicios fundamentales como es el teléfono de emergencia, 061.
En la PNL también se recuerda como la Junta de Andalucía, “a través de la Consejería de Salud, y en concreto de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias”, sigue incumpliendo “tanto la PNL aprobada en el Parlamento, ya que debería de entenderse que las resoluciones adoptadas y aprobadas en el Pleno deberían aplicarse para el nuevo contrato de gestión del servicio telefónico de emergencias sanitarias, 061, con independencia de que haya habido una resolución anticipada del anterior contrato, es decir antes del 31 de diciembre de 2016, de cara a la nueva licitación del contrato”.
Con esta PNL, Podemos Andalucía pretende poner el foco en un sector, el del telemárketing, en el que se incumplen de manera continuada los derechos laborales más fundamentales. “La estrategia empresaria del Konecta ha venido intensificando en los últimos tiempos la exigencia de obtención de mayores rendimientos en plazos más cortos, reduciendo de forma notable los precios de servicios ofertados a los clientes (entes públicos y privados). Esta nueva política viene traduciéndose en estos últimos tiempos en un aumento de la conflictividad laboral en el seno de la empresa y en la denuncia por parte de representación sindical de los trabajadores de un incumplimiento continuado del convenio colectivo sectorial”, según recoge la PNL aprobada.
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