La dirección del Partido Popular trata de cerrar en falso su crisis retirando el expediente a Ayuso
- Génova afirma que considera válidas las explicaciones dadas desde el gobierno autonómico madrileño en el que se reconocen las comisiones recibidas por Tomás Díaz Ayuso pero que estas son legales.
- Aumentan las voces en la formación de derecha que exigen un Congreso Nacional extraordinario para atajar la crisis.
La dirección nacional del Partido Popular encabezada por Pablo Casado trata de cerrar la crisis política abierta en el seno de su partido con la retirada del expediente a la presidenta autonómica madrileña Isabel Díaz Ayuso. La medida, anunciada por el equipo de Casado tras una reunión mantenida durante horas en la sede del partido en la madrileña calle de Génova, busca poner fin a un enfrentamiento interno que amenaza con dinamitar al principal partido de la oposición.
Con el cierre del expediente, la dirección nacional del partido persigue detener la dinámica de acusaciones mutuas, por el supuesto espionaje al entorno de la presidenta autonómica, por un lado, y las comisiones recibidas por el hermano de la presidenta, por otro. Tras las duras declaraciones de Pablo Casado, en las que cuestionaba el criterio ético de conceder dichas comisiones por la adquisición de material sanitario en pleno confinamiento ante la COVID-19, la retirada del expediente supone la asunción por parte de la dirección nacional del planteamiento del equipo de Isabel Díaz Ayuso que normaliza los pagos a su hermano Tomás.
Sin embargo, la decisión no parece obtener un reflejo positivo en el entorno de la presidenta madrileña. Tras el encuentro de ayer entre Casado y Ayuso, el entorno de la mandataria autonómica calificó el mismo como una «reunión infructuosa». Una oferta de Génova que establecía que Ayuso emitiese un comunicado en el que afirmase que no había sido investigada por la dirección nacional del PP a cambio de la retirada del expediente, habría sido rechazada por esta.
La dirección nacional justifica la decisión, afirmando que no se trata de una medida a cambio de nada, y que de haber recibido dicha información (en la que se reconoce la existencia de comisiones) durante los seis meses que se le ha requerido, no se habría llegado a abrir el expediente. Una maniobra difícil de entender en un entorno democrático normal, pero que cobra sentido en una crisis marcada por los apoyos mediáticos y los enfoques personalistas por encima de los hechos. Con respecto al despliegue de propaganda en medios de comunicación afines al Partido Popular, la dirección del partido adviritió que estudiaría emprender acciones judiciales ante las informaciones vertidas sobre Pablo Casado.
Los barones reclaman un Congreso
La gravísima crisis interna, sin embargo, continúa. Varias figuras importantes del partido derechista, algunos de los denominado «barones del partido» entre ellos, reclaman la celebración de un congreso extraordinario urgente para superar la ruptura interna. La celebración del mismo supondría, de facto, el desplazamiento de Casado al frente de la dirección nacional y su sustitución por otra figura.
El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, fue uno de los primeros en deslizar la posibilidad de celebrar un Congreso Nacional extraordinario, aunque planteandolo como una medida extrema, sin reclamarlo abiertamente. Un actitud muy habitual en el presidente de la Xunta que, para muchos, puede ser el gran beneficiado de la actual crisis.
Mucho más contundente ha sido la ex portavoz del grupo parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo. Otrora gran apuesta política de Casado, la diputada por Barcelona ha reivindicado públicamente la necesidad de celebrarlo, dirigiendo fuertes críticas al lider popular y su secretario general Teodoro García Egea.
A pesar de todo, la celebración del mismo es un difícil encaje, que no tiene por qué solventar los graves problemas de los populares, a un año vista de la importantísima convocatoria de elecciones municipales y autonómicas, y las elecciones generales. Para muchas voces del PP, el mismo supondría también una guerra abierta en público demasiado cerca de los comicios. Los estatutos del partido exigen además la aprobación de dos tercios de la Junta Directiva Nacional, con una antelación mínima de un mes, un periodo de tiempo en el que difícilmente se podría contener el conflicto de cara al público.
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