Para los Verdes de Equo Almería las energías renovables deben estar al servicio de las personas y de la salud del Planeta

Para la formación ecologista, la transición energética hacia energías renovables en curso, se aleja de una transición ecológica social y ambientalmente justa, favoreciendo a las empresas oligopólicas, de grandes infraestructuras, instaladas lejos de la real demanda local y que excluye la participación ciudadana.

Por ello, se suma a la exigencia de una urgente moratoria que paralice temporalmente los nuevos proyectos hasta que se implemente una planificación completa y coherente, capaz de contener los conflictos surgidos en el mundo rural, utilizados como territorios de sacrificio, propios de un colonialismo energético depredador que expulsa a sus habitantes.

El desarrollo de las energías limpias tiene que proteger el clima, la biodiversidad y el territorio, e impedir que los grandes capitales se apropien de los recursos del suelo a bajo coste, limitándose a reemplazar los combustibles fósiles por energías limpias bajo la tutela centralizada de las mismas compañías que gestionan la energía hidráulica, nuclear, carbón y gas; controlando aún más el mercado eléctrico español, y la escalada de precios, origen de la pobreza energética en nuestro país. 

 Desde el Partido Verde, inciden en que las políticas públicas tienen que impulsar una nueva dirección en la transición energética, complementando en su totalidad las Directivas Europeas de Energía Limpia, “Paquete de Invierno”, que obligan al ahorro y la eficiencia energética, así como el autoconsumo en un modelo renovable distributivo; regula la capacidad máxima de producción, y la obligatoriedad de integrar las energías renovables en la ordenación y la planificación del territorio. 

Los Verdes de Equo comparten la necesidad de paralizar temporalmente la autorización de nuevas industrias eólicas y fotovoltaicas a gran escala (más de 5 MW) para frenar la nueva burbuja solar con el uso de los fondos europeos Next Generation, el sobredimensionamiento de la capacidad de la red y la disponibilidad de subestaciones eléctricas para distribuir la energía, controladas, en su mayoría, por Iberdrola, Endesa y Naturgy, y fondos de inversión, muchos de ellos de origen chino.

Asimismo, apoyan el establecimiento de un plan de áreas de exclusión, como es el caso de Red Natura 2000, que garantice la protección de espacios de sensibilidad ambiental, terrenos de alto valor agro-ecológico y rurales de interés para la biodiversidad, la protección de zonas paisajísticas y de valor cultural, los recursos hidrológicos, la economía local, el patrimonio arqueológico, etc. con la necesaria inplementación de un mapa ambiental vinculante coordinado desde el Estado con las Comunidades Autónomas, a fin de evitar la práctica fraudulenta de fragmentación de los proyectos de más de 50 MW .

Igualmente, abogan por un modelo energético distributivo y democrático que considere la energía como un derecho, garantizando un mínimo vital por persona. De ahí, la necesidad de potenciar la participación social y territorial en la generación, almacenamiento y gestión de la demanda; estableciendo fórmulas que favorezcan los consumos energéticos de las comunidades.

Los Verdes almerienses se suman al movimiento social que alerta que Almería, particularmente el Campo de Tabernas, es diana preferente de grupos y fondos de inversión especulativos, que intentan ocupar más de 4.000 hectáreas de terreno (equivalente a 3000 campos de fútbol), y cuya capacidad de producción eléctrica supone el 5,4 % de todo lo proyectado en el país para el 2030, lo que alarma a agricultores, ganaderos y vecinos, como demuestra la oposición al proyecto de Parque Eólico en el Mar de Agata frente al Parque Natural Cabo de Gata- Níjar.

Según Manuel Pérez Sola, coportavoz andaluz, «las energías renovables suponen una oportunidad tanto para las zonas urbanas e industriales como para las rurales, al ser éstas un eje vertebrador para la prosperidad y desarrollo; siempre y cuando, cada territorio tenga una producción dimensionada a las necesidades energéticas reales, y que cuente con una correcta planificación estratégica y territorial capaz de impulsar el autoconsumo y las comunidades o cooperativas energéticas locales, aprovechando los tejados e infraestructuras públicas y privadas existentes: polígonos industriales, las cubiertas de las 35.000 hectáreas de invernadero de nuestra provincia, o los suelos ya degradados cerca de los principales puntos de demanda; dejando así los beneficios en los lugares donde se produce, y propiciando la creación de empleo local y arraigo vital».