Los compromisos climáticos de Glasgow, en peligro por un tratado obsoleto

Coincidiendo con la 11º ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de la Carta de la Energía, la campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión, de la que forma parte Ecologistas en Acción, insiste en que la salida es la única vía.

La 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26) celebrada en noviembre de 2021 recogió la presentación de nuevos compromisos de los países para la reducción de emisiones procedentes de la quema de combustibles fósiles. Unos compromisos que, aún siendo insuficientes, deberían suponer el inicio inmediato de la descarbonización a nivel global. Un nuevo análisis del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) alerta de que estos avances podrían verse obstaculizados por el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo obsoleto de la década de los 90.

Algunos de los compromisos adoptados por los gobiernos en Glasgow incluyen: la eliminación del carbón de forma gradual, la creación de la Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas (Beyond Oil and Gas Alliance, BOGA, por sus siglas en inglés) con el fin de no emitir nuevas licencias para la extracción de gas y petróleo, y la reducción drástica de las emisiones de metano.

El estudio analiza cómo el TCE puede obstaculizar la implementación de cada uno de estos objetivos a través de acciones a nivel nacional, ya que tendrán un impacto en las inversiones extranjeras en el sector energético, aumentando la probabilidad de demandas millonarias contra los Estados.

Los inversores en combustibles fósiles perjudicados —tales como los operadores de centrales eléctricas de carbón— seguirán recurriendo al mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) que contiene el Tratado, con el objetivo de impugnar este tipo de decisiones. En este sentido, investigaciones recientes señalan que los inversores en energías fósiles utilizan cada vez más el TCE para mitigar las pérdidas que les ocasionan las políticas climáticas.

Como resultado, las políticas destinadas a la transición a una economía con bajas emisiones de carbono corren el riesgo de desencadenar demandas de arbitraje que cuestan a los gobiernos una media de más de 600 millones de dólares, casi cinco veces más la cantidad concedida en los casos relacionados con energías no fósiles. Un problema que se puede ver agravado por la falta de una planificación coherente con la descarbonización necesaria: plantear nuevas infraestructuras gasísticas y nucleares o seguir impulsando sectores que difícilmente tendrán hueco en la transformación energética hipotecarán, aún más, a las generaciones futuras y, además, serán reclamables ante el TCE.

Esta semana los países vuelven a reunirse en una 11ª ronda para continuar las negociaciones sobre la modernización del Tratado con el objetivo de llegar a un acuerdo en junio de este año. Frente a esto, la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, de la que forma parte Ecologistas en Acción, sostiene que si en dos años y diez rondas el debate ha sido completamente estéril sobre eliminar la protección de los combustibles fósiles, tampoco será posible alcanzar un acuerdo a la altura de las circunstancias en los próximos cuatro meses. Además, advierten de que la falta de transparencia en el proceso imposibilita un adecuado debate parlamentario a nivel europeo y nacional.

A su vez, el nuevo artículo del IISD destaca la importancia de estas conversaciones para el futuro de los compromisos de la COP 26. «No se pueden hacer promesas para abandonar los combustibles fósiles y al mismo tiempo formar parte de un tratado que los protege. Los países deben aceptar que la modernización ha fracasado y abandonar el Tratado urgentemente», afirman desde Ecologistas en Acción.

Kyla Tienhaara, titular de la cátedra de investigación sobre economía y medio ambiente de la Universidad de Queen, Canadá, ha investigado los conflictos entre los tratados de inversión y las políticas medioambientales. Su mensaje es claro: «Tenemos que derribar las barreras legales a la acción climática, y el Tratado de la Carta de la Energía -tal como está a día de hoy- es una de las principales».