Renuncian 17 candidatos a las legislativas colombianas por falta de garantías de participación

Un total de 17 aspirantes a ocupar las curules de paz de tres departamentos de la costa Caribe colombiana renunciaron a sus candidaturas tras denunciar falta de garantías políticas, de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán el domingo próximo.

Varios aspirantes a las curules de paz de los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira realizaron un acto de protesta frente a la Registraduría Nacional del Estado Civil en Valledupar, capital del Cesar.

En ese sitio se encadenaron y denunciaron que se vieron obligados a renunciar, ya que no hay garantías para su participación política, de acuerdo con un reporte del corresponsal de teleSUR en Colombia, Hernán Tobar.

Una de las exaspirantes, María Fonseca, dijo en el acto de protesta que “el gobierno no nos dio garantías para poder participar” en los comicios legislativos, que se van a desarrollar el domingo siguiente.

En una de las pancartas que mostraron los manifestantes se podía leer: “Hemos sido utilizados para legitimar un proceso comicial para victimarios”.

Los inconformes aseguraron que los recursos públicos destinados para el desarrollo de sus campañas no llegaron y dijeron que para la obtención de los mismos les exigían una póliza que no podían cumplir por la escasez de recursos económicos en su condición de víctimas.

Argumentaron, asimismo, que los pusieron a competir con maquinarias electorales a las que pertenecen sus victimarios.

Otro excandidato, Luis Fernández Lara, externó: “Nos pusieron a competir con un hijo del mayor victimario en el Caribe colombiano, el hijo de (alias) Jorge 40 (Rodrigo Tovar Pupo), que fue la persona que más masacres cometió en esta región del país y hoy está aspirando a una de estas curules”.

En las circunscripciones especiales de paz se inscribieron 403 candidatos en 213 listas para competir por una de las 16 curules de paz en la Cámara de Representantes.

Analistas colombianos, entre ellos Jorge Rojas, responsabilizaron de esta situación al Gobierno del presidente Iván Duque, que no solo desconoció los acuerdos de paz de 2016, sino que además no dio oportunidad a las víctimas de la violencia de que se visibilizaran en el ámbito político.