La reacción popular en Chile contra el paro patronal de transportistas en octubre de 1972

Preparado durante casi un año por los gremios patronales, el «paro de octubre» toma rápidamente los ribetes de una insurrección que busca la dimisión del gobierno de Allende, o la fabricación de una crisis tal que provoque una «intervención» militar. La Democracia Cristiana y el derechista Partido Nacional, ahora unidos en la Confederación Democrática (CODE), se movilizan y manifiestan. La justicia, la Contraloría y la mayoría parlamentaria usan sus poderes para entrabar la acción del Ejecutivo, mientras grupos fascistas sabotean las infraestructuras y atacan a los camiones activos. En resumen, la burguesía chilena se da el lujo de un mayo del 68, pero a la inversa.

Medidas gubernamentales

Tres semanas antes, el 14 de septiembre, el presidente Allende había denunciado un Plan Septiembre: «Se pretende paralizar el país, promoviendo un conflicto en el gremio del rodado… creando dificultades a barcos que traían trigo… y grupos fascistas tienen preparadas asonadas callejeras». Días después llama a retiro al general Alfredo Canales, implicado en el proyecto de golpe. La conjura pierde así su principal apoyo militar; por entonces exiguo.

Iniciada la huelga, Allende habla al país. Recuerda que hace sólo 20 días había alcanzado un acuerdo con los transportistas: alza de 120% de sus tarifas y la estabilización de los precios del carburante y de los repuestos. Por lo tanto -explica- el paro del transporte es completamente ilegal y ocasiona dificultades increíbles en el abastecimiento de alimentos, gas y combustibles. Pide a los partidarios de la UP que se atengan a las instrucciones del gobierno, «hay que impedir lo que ellos quieren; meter una cuña entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas». Y reitera, con énfasis, que hará todo lo que esté a su alcance para evitar un enfrentamiento entre chilenos. Decreta «Estado de Emergencia» en 12 de las 25 provincias, extendido luego a 20.

Éstas quedan a cargo de militares facultados para restringir el derecho de reunión y modificar el funcionamiento del transporte. Instauran el patrullaje callejero y algunos aplican los decretos de apertura a comercios cerrados. Incluso clausuran radios de derecha que infringen las restricciones impuestas por los militares jefes de zona. En Santiago, el general Bravo impone un toque de queda desde las 0:00 hasta las 6:00 horas.

El ministro del Interior Jaime Suárez (PS) anuncia la caducidad de los acuerdos con los dueños de camiones; anula la entrega de 1.500 camiones Fiat, retiene otros 160, y advierte que todo camión parado o que obstaculice carreteras puede ser requisado. Empadrona a los choferes de los servicios públicos para conducir los vehículos disponibles. Aplica la Ley de Seguridad del Estado a los dirigentes de la huelga y un juez ordena su detención durante algunos días y establece prioridades para distribuir el combustible: primero hospitales, bomberos, carabineros, luego la locomoción colectiva, enseguida las bencineras.

Al mismo tiempo, el gobierno utiliza al máximo su facultad de decretar cadena nacional de radio y TV.

La reacción popular

Fábrica en poder de los trabajadores

El combate de la base de izquierda por mantener el país en funcionamiento toma la forma de trabajo voluntario, ocupación de industrias para que sigan en marcha y creación de nuevas organizaciones adaptadas a las circunstancias, como los cordones industriales.

El trabajo voluntario es masivo. Decenas de miles de estudiantes organizados por las juventudes de los partidos de izquierda, incluyendo el MIR, y por las federaciones de estudiantes de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado (actual USACH), asumen casi cotidianamente trabajos de carga y descarga de trenes, el medio de transporte público que continúa funcionando, y de unos 500 camiones activos, conducidos por choferes opuestos a la huelga, organizados en el Movimiento de Recuperación Gremial.

Unos 5 mil ciudadanos se apuntan como voluntarios para conducir los vehículos requisados, mientras otros hacen guardia para proteger a los camioneros que trabajan o a los comerciantes activos, desafiando intimidaciones y atentados.

Los trabajadores de las empresas públicas organizan ventas directas a comerciantes en funcionamiento, o distribuyen a través de las JAP (Juntas de Abastecimiento y Precios) para evitar que los productos vayan al mercado negro. La primera iniciativa es tomada por la textil ex Yarur, que resuelve no entregar «ni un solo metro de tela» a comerciantes en huelga; lo mismo hará Textil Progreso y otras industrias. En algunas, como Poliester de Sumar, los trabajadores requisan los camiones y los ponen a trabajar.

En unas 150 empresas privadas, los propietarios ordenan cesar las actividades y retornar a casa, con la paga garantizada. Los trabajadores responden, casi siempre, ocupando las plantas para impedir que paralicen y organizando la producción. Incluso los que en esos días están en huelga por cuestiones económicas, como Cemento Melón, deciden unánimemente volver al trabajo, «para que no se nos confunda con ellos». El gobierno interviene 65 industrias, que se añaden a las 177 nacionalizadas o intervenidas.

En casi todos los complejos industriales, especialmente en Cerrillos y Vicuña Mackenna, se desarrollan «comités coordinadores» que pronto serán llamados «cordones industriales». Se trata de organizaciones territoriales -que nadie había previsto- compuestas por delegados de cada industria, donde participan trabajadores sindicalizados o no, de pequeñas y grandes empresas, nacionalizadas o privadas (ocupadas) y, en el plano político, se encuentran miembros de la UP, del MIR, otras fuerzas de izquierda e incluso demócratacristianos opuestos a la huelga.

Durante la batalla, los cordones coordinan el funcionamiento de las industrias: se ocupan del suministro de materias primas, requisan vehículos para desplazar a los trabajadores entre la industria y el domicilio y reemplazan técnicos huelguistas por otros no huelguistas, o por estudiantes de los últimos años. También vigilan las empresas para evitar atentados.

Hay derroche de abnegación. Se trabaja sin contar las horas extras y, en ciudades casi sin transportes, muchos trabajadores caminan kilómetros a diario para llegar a su puesto. Gracias a ellos lo esencial del aparato productivo permanece activo. Sin lograr su objetivo, la insurrección patronal retrocede.

Salvador Allende y Carlos Prats

El 3 de noviembre Allende forma un nuevo gabinete con dos dirigentes sindicales y tres militares, buscando una forma de alianza entre trabajadores y sectores medios, que poco antes había rechazado la DC. Los nuevos ministros negocian con los huelguistas y el 6 de noviembre los gremios patronales llaman a reanudar el trabajo.

La primera ofensiva, pese a su fracaso, deja daños considerables que facilitarán la segunda movilización patronal de julio de 1973. Las pérdidas se estiman en US$200 millones y el transporte tardío de semillas y fertilizantes comprometieron las cosechas de 1973.

Pero, por sobre todo, aquellas jornadas revelan la disposición popular. Más allá de los panfletos que exclaman «Chile funcionó sin patrones» o «Los patrones están de más», la acción colectiva efectuada por «los de abajo», sin duda la más importante en la historia de Chile, no puede explicarse sólo por sus reivindicaciones económicas. La mayoría de los trabajadores se identifica con el proyecto socialista y está dispuesta a hacer sacrificios por él.

Fuente: allendevive.cl