Una sentencia judicial no puede parar el consenso político y social para mejorar la calidad del aire

La Plataforma por la Calidad del Aire, la Asociación para la Promoción del Transporte Público, la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona, Ecologistas en Acción, Eixample Respira, Bicicleta Club de Cataluña, Cataluña Camina y la Asociación para la Prevención de los Accidentes de tráfico reclaman que el debate abierto por la sentencia del TSJC no sea si se anula o no la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sino cuáles son las medidas efectivas para garantizar el derecho a respirar un aire limpio.

Las entidades lamentan la suspensión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de la ordenanza de la ZBE en el ámbito Rondas de Barcelona. Consideran que la sentencia hace apreciaciones políticas con argumentos técnicamente falsos, que exceden el ámbito propiamente jurídico, y confían que los recursos que presentarán las administraciones hasta que no llegue la sentencia firme, permitan parar la suspensión de la ordenanza.

No es la primera vez que se intentan revertir, por la vía judicial, medidas anticontaminación. Se encuentran ejemplos en otras ciudades donde se hicieron políticas contra la contaminación que también sufrieron intentos de veto por esta vía, como Madrid o París. No se trata de un hecho aislado.

Para las organizaciones, la anulación de la ZBE sería un paso atrás en la lucha contra la contaminación y frente a la emergencia climática y energética. Por eso insisten en que lo que hay que hacer es ir mucho más allá. Consideran que la ZBE es un instrumento que permite aplicar medidas efectivas de reducción de vehículos. Del mismo modo, piden que se supere el esquema aplicado de renovación de vehículos, que no ha permitido lograr los objetivos de calidad del aire requeridos por la normativa europea y recomendados por la OMS, y de los cuales se derivan otros impactos socioambientales y económicos. Las entidades quieren recordar que ahora mismo hay abierto un proceso judicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por este incumplimiento reiterado de la normativa de la calidad del aire. En el mismo sentido, piden a la Generalitat, al Ayuntamiento de Barcelona y otros municipios que rectifiquen los esquemas de renovación en las ZBEs existentes y futuras para aplicar medidas más contundentes de reducción de vehículos.

La existencia de la ZBE facilita la implantación de un peaje urbano junto con planes contundentes de cambio modal, como los que las entidades llevan pidiendo desde hace años, con la reducción del vehículo privado y la potenciación del peatón, del transporte público y colectivo, la bicicleta y los VMP. Medidas efectivas de rápida ejecución para disuadir el uso habitual e individual del vehículo privado, como lo demuestran las 19 ciudades de ocho países europeos donde se ha aplicado.