TC ve el límite a las subidas de alquileres en Cataluña una semana después de que el Gobierno los topara al 2%

El Tribunal Constitucional (TC) estudiará en el pleno que arranca este martes 5 de abril el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la ley catalana de vivienda que habilita a poner límites a los precios del alquiler. Se estudiará a los pocos días de que el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez anunciara que limitará a un 2 por ciento el incremento de los alquileres en los próximos tres meses dentro de un plan de choque contra los efectos económicos de la guerra de Ucrania.

Fue en junio de 2021 cuando el Consejo de Ministros acordó interponer este recurso cuya sentencia, ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer, llega a primera deliberación al pleno. Ya entonces, el Gobierno no solicitó la suspensión cautelar de la medida porque, según explicó, el Ejecutivo central esperaba tramitar en paralelo la Ley estatal de Vivienda.

En concreto, impugnó ante el Tribunal Constitucional los artículos 1 y del 6 al 18; las Disposiciones Adicionales de la 1º a la 4ª; la Disposición Transitoria 1ª y la Disposición Final 4ª letra b de esa ley del parlamento catalán de medidas urgentes en materia de contención de rentas.

«Entendemos que vulnera las competencias estatales en esta materia», justificó la entonces ministra portavoz para presentar este recurso de inconstitucionalidad, que ya fue aconsejado así por el Consejo de Estado tras ser consultado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Vox y el PP, contra la Ingreso Mínimo Vital

Entre los asuntos que llegan a deliberación del pleno que preside Pedro González-Trevijano se incluyen dos recursos de inconstitucionalidad, promovidos por PP y por Vox, para decidir sobre si se admiten a trámite o no. Ambos son relativos al ingreso mínimo vital.

Vox presentó el suyo el pasado mes de marzo contra un apartado de la ley por atribuir al País Vasco y a Navarra competencias en materia de Seguridad Social al considerar que supone una «frontal vulneración de la caja única». En concreto, va contra la disposición adicional quinta de la ley del ingreso mínimo vital y contra la disposición final trigésima de la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La portavoz y secretaria general del partido, Macarena Olona, explicó cuando fue a presentarlo que recurrían por la «evidente ruptura que supone lo que el Tribunal Constitucional ha convenido en denominar la caja única de la Seguridad Social que debe ser única para toda España y para todos los españoles».

Esa disposición adicional quinta regula la aplicación de la ley en los territorios forales, en atención a la especificidad de las Haciendas Forales. Así, se contempla que dichos territorios asuman las funciones y servicios que la Ley atribuye al Instituto Nacional de Seguridad Social y se prevé que, mientras no se asuman dichas funciones, se firme una encomienda de gestión.

Por su parte, el PP presentó el suyo a finales de marzo, e incluía en su recurso al igual que Vox la disposición final trigésima de la ley de PGE para 2022 que modificaba esa disposición adicional quinta.

Esta rezaba que «en razón de la especificidad que supone la existencia de haciendas forales, en relación con esta prestación, las comunidades autónomas de régimen foral asumirán, con referencia a su ámbito territorial, las funciones y servicios correspondientes que en esta Ley se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social así como, en atención al sistema de financiación de dichas haciendas forales, el pago, en relación con la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital, en los términos que se acuerde».

Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que aumentará el Ingreso Mínimo Vital (IMV) un 15% durante los próximos tres meses en el marco de ese plan de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania.

Lo avanzó en el encuentro ‘Generación de Oportunidades’, organizado por Europa Press, y señaló que ese plan estará dotado de 16.000 millones de euros, entre ellos 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos y otros 10.000 millones en créditos ICO para amortiguar el impacto crisis.