Unidas Podemos enmienda la Ley de Vivienda para controlar los precios de alquiler, prohibir los desahucios y aumentar el parque público de alquiler social

Estas son algunas de las demandas trasladadas por la formación minoritaria del Gobierno de coalición en sus enmiendas registradas en el Congreso a la Ley por el Derecho a la Vivienda. Con sus aportaciones busca endurecer los límites a los desahucios y la regulación de alquileres.

Respecto a la regulación de alquileres, la propuesta de Unidas Podemos pasa por extender a todas las viviendas, no solo a grandes propietarios, los topes de precios en las zonas tensionadas, y rebajar el umbral previsto de incremento de precios para declarar una zona tensionada y poder aplicar el control de precios.

Por una Ley de Vivienda que garantice el derecho constitucional a tener un techo ? @AleJacintoUrang

✅ Regulación de precios del alquiler
✅ Que los pisos de la SAREB se conviertan en vivienda pública
✅ Acabar con los desahucios sin alternativa habitacional pic.twitter.com/jnD4XRPyAT

— PODEMOS (@PODEMOS) April 6, 2022

Si con la redacción actual se podría declarar zona tensionada en casos de un aumento de precios cinco puntos por encima del IPC en una comunidad autónoma en los cinco años anteriores, Unidas Podemos propone dejarlo solo en dos puntos por encima.

Asimismo, plantea asegurar que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización de contrato siempre estén a cargo del propietario que alquila su vivienda, una nueva regulación del registro de contratos de alquiler y eliminar el período de 18 meses contemplado en la ley para empezar a aplicar la regulación de precios.

Para movilizar vivienda social, el grupo confederal quiere obligar a los grandes tenedores de vivienda a destinar un mínimo del 30% de todas las viviendas que tenga en titularidad a alquiler social, un porcentaje que se vería aumentado en caso de que tenga capital público.

La alternativa a este alquiler social es que los grandes tenedores puedan ceder en favor de las administraciones competentes para su gestión.

En el caso de la Sareb, el conocido ‘banco malo’, que esta misma semana el Estado ha pasado a controlar a través del FROB, este porcentaje de alquiler social pasa a ser de un mínimo del 75% de sus pisos.

?Acabamos de registrar nuestras enmiendas a la Ley de Vivienda para mejorarla y hacer realidad el derecho a una vivienda digna ??

Las administraciones públicas garantizarán el acceso a los suministros básicos de agua, gas y electricidad a todas las personas. No podrán cortarse. pic.twitter.com/O54x8RMmGm

— Pilar Garrido (@PilarGarrido_) April 6, 2022

DESAHUCIOS, DACIÓN EN PAGO Y CORTE DE SUMINISTROS

Por otro lado, el grupo confederal quiere impedir cualquier demanda de desahucio por parte de grandes tenedores sin que hayan ofrecido a sus inquilinos un alquiler social, en el caso de que se trate de personas o unidades familiares o de convivencia en riesgo de exclusión.

Asimismo, también propone impedir los cortes de suministros de agua potable, gas y electricidad cuando la persona afectada sea «susceptible de encontrarse en riesgo de exclusión residencial o social», considerando cualquier interrupción injustificada como «acoso inmobiliario» y, por tanto, objeto de sanción.

Unidas Podemos plantea, a su vez, cambios en el régimen de segunda oportunidad, para hacer obligatorio el Código de Buenas Prácticas para la banca aprobado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, y establecer que la dación en pago obligatoria extinga toda la responsabilidad del deudor.

REGULACIÓN DEL ALQUILER TURÍSTICO PARA EVITAR SALIDAS DE VECINOS

Por otra parte, Unidas Podemos profundiza en el artículo dedicado a asegurar el acceso a la vivienda y en los instrumentos de la legislación, para detallar que el uso predominante sea el residencial en municipios con demanda fuerte.

En este sentido, plantea que para los supuestos de usos turísticos se exija una autorización previa urbanística, que esta sea temporal y que las administraciones tengan programas de inspección para velar por la buena convivencia y evitar el desplazamiento de residentes a otras zonas.

Asimismo, en zonas con fuerte demanda turística no estacional con escasez de vivienda residencial, Unidas Podemos quiere que la regulación contemple porcentajes máximos de viviendas con usos turísticos respecto al número de habitantes, no superiores al 2%, y establecer un plazo máximo de vigencia antes de exigir la autorización previa.

«LA SUSPENSIÓN LIMITADA DE DESAHUCIOS NO ES SUFICIENTE»

En la presentación de las enmiendas este jueves en el Congreso, su portavoz parlamentaria de Vivienda, Pilar Garrido, ha defendido que esta ley debe ser «mejorada» para que sea más eficaz y efectiva y ha explicado que, dentro del paquete de modificaciones, solicitan que la suspensión de desahucios limitada a unos pocos meses «no es suficiente».

«No debe haber ningún desahucio sin alternativa habitacional y se debe suspender de manera indefinida hasta que haya una alternativa habitacional adecuada», ha zanjado para destacar que, en esta línea, quieren que los grandes tenedores no interpongan demandas de lanzamiento hasta que no haya esa oferta de alojamiento para las familias vulnerables.

MADRID AUMENTARÍA SU PARQUE PÚBLICO UN 15% CON LA ‘CLÁUSULA SAREB’

Mientras, la responsable del área de Vivienda de Podemos, Alejandra Jacinto, ha destacado que España llevan enlazando varias «burbujas inmobiliarias» y que la «factura más cara» que se paga en España no es ni la luz ni los carburantes, sino el precio del alquiler al que muchas familias dedican entre el 50% y 60% de sus ingresos.

«Por tanto, es hora de aprobar esta ley recogiendo las enmiendas de los colectivos en defensa del derecho a la vivienda, del bloque de investidura y las suyas para que la normativa sea ambiciosa, con una regulación del precio eficaz para que bajen las rentas, emulando el modelo catalán para emularlo a nivel estatal», ha dicho.

Finalmente, ha recalcado que muchas autonomías están pidiendo que se incorporen las viviendas de la Sareb al parque público y que si este punto se incorpora en el proyecto legislativo, solo en Madrid el parque público aumentaría un 15%.

*Con información de Agencias.