Los temas cruciales para la paz y los derechos humanos serán tratados en tres sesiones. Investigación de agresiones contra defensores de derechos humanos en Colombia, garantías de no repetición en el Acuerdo de Paz en Colombia y obligaciones estatales contra la impunidad y Justicia Especial para la Paz en Colombia.

En las audiencias estarán presentes el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Colombiana de Juristas, Corporación Jurídica Libertad, Coordinación Colombia Europa, Estados Unidos, Corporación Reiniciar, Corporación Jurídica Yira Castro, el Movimiento de Víctimas de crímenes de Estado (MOVICE), el Movimiento Político Social Marcha Patriótica, entre otras organizaciones sociales y de derechos humanos.

Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentado la semana pasada, Colombia registró 59 muertes de líderes sociales y más de 300 amenazas contra defensores de derechos humanos en el 2016,  provocadas por acciones sistemáticas llevadas a cabo por grupos armados ilegales presentes en los territorios, por lo que esta organización instó al Estado colombiano a brindar mayor protección y seguridad.

A pesar del llamado de ONU para que el Gobierno colombiano tome mayores medidas de seguridad y garantías para líderes sociales, cuyos asesinatos forman parte de una escalada de violencia en el país, el Gobierno insiste en que no hay ideologías o posturas en los crímenes contra los líderes sociales y defensores en Colombia que demuestren tal sistematización.

Intervención de Marcha Patriótica ante la CIDH

Washington, D.C., 21 de marzo de 2017

Señora Vice Presidenta, Comisionadas, Comisionados y Secretario Ejecutivo.

Señoras y señores de la delegación del Estado.

Participantes y asistentes de la Sociedad Civil

Marcha Patriótica, es un movimiento político y social que emerge en medio del conflicto social armado y busca una solución política al mismo, la desmilitarización y democratización de  la vida civil  y la política colombiana. Reúne más 1500 organizaciones campesinas, indígenas, afro descendientes, de mujeres, estudiantiles, juveniles, obreras y cívicas y de sectores diversos. Al centro de nuestro ideario esta la búsqueda de la paz con justicia social y el ejercicio de la defensa integral de los derechos humanos.

Por nuestro ideario y acción política, desde nuestra aparición, hemos sido objeto de ataques sistemáticos y generalizados por parte de grupos paramilitares, servidores públicos e integrantes de la Fuerza Pública, lo que nos ha permitido identificar los siguientes patrones de persecución en contra de nuestro Movimiento:

a. El lenguaje estigmatizador y el uso de medios de comunicación masivos para criminalizar al proceso organizativo.

Acciones que han sido ejecutadas por personas del establecimiento y altos funcionarios del Estado, lo que es gravísimo, porque el fin no es otro que causar daño al colectivo. Más grave aún, son sus consecuencias, pues coloca a Marcha al margen de la ley y pretende justificar y legitimar la violencia.

b. Homicidios, atentados, torturas y desapariciones forzadas de dirigentes locales y regionales.

Entre el 8 de septiembre de 2011 y el 5 de marzo de 2017, 133 miembros de MAPA han sido asesinados de los cuales 13 fueron mujeres y 120 hombres.

Hechos que han sido perpetrados por Grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, cumpliendo lo que sin duda es un plan nacional. Ocurrieron en zonas de conflicto armado, en ataques indiscriminados, en el marco de la represión a protestas sociales, bajo la modalidad mal denominada de falsos positivos, simulando enfrentamientos con la guerrilla y/o en el marco de detenciones previas.

Vale la pena destacar que en 2016, se presentaron 116 homicidios de líderes sociales y defensor@s de Derechos Humanos en Colombia, de los cuales 23 eran integrantes de marcha patriótica. En el año 2017, se han presentado 31 homicidios de los cuales 6 eran integrantes de marcha patriótica. Igualmente de los 37 atentados que se presentaron en el año 2016, 9 se cometieron en contra  miembros de nuestro movimiento político y social. .

La defensoría del pueblo recientemente señalo que “en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017, ha registrado al menos 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones”.

c. Amenaza directa individual y colectiva por parte de grupos militares y paramilitares a líderes y organizaciones.

En el año el año 2016 se presentaron 517 amenazas individuales y colectivas de líderes sociales y defensor@s de Derechos Humanos.

d. Allanamientos arbitrarios, seguimientos y los robos de información sensible.

e. Detenciones arbitrarias y judicializaciones a integrantes de Marcha.

Son varias las modalidades empleadas: capturas con o sin orden judicial, allanamientos de los lugares de trabajo o vivienda, en el marco de protestas sociales, de operativos militares y/o policiales y de combates con la insurgencia armada, entre otras. Las acusaciones se hacen bajo el supuesto de la comisión de delitos de rebelión, terrorismo y conexos. Algunos de nuestros compañeros aun están vinculados a procesos judiciales, recluidos en centros penitenciarios, en detención domiciliaria y/o libertad condicional y por lo menos 15 han sido absueltos de los cargos que les han sido imputados después de pasar años enteros  tras las rejas.

f. Los intentos institucionales por acabar con la vida política de nuestros voceros nacionales Huber Ballesteros, Carlos Lozano Guillen, David Flórez, Andrés Elías Gil Gutiérrez y Piedad Córdoba Ruiz, a través de montajes judiciales y/o procesos disciplinarios parcializados.

Algunos impactos psicosociales.

• El etiquetamiento está vinculado a la psicología de la guerra y logra que personas u otros colectivos rechacen la incorporación a Marcha. 

• Los asesinatos, ataques armados y amenazas de muerte de líderes debilitan la base social, instalan desconfianza y generan dificultad para que otros integrantes quieran asumir el liderazgo, o, lleva a que otras personas que ejercen liderazgo busquen abandonar esa responsabilidad.

• Las detenciones, en numerosas ocasiones, vienen acompañadas de un impacto negativo por parte de los medios de comunicación, mostrando a las personas como importantes responsables de la estructura de la guerrilla.

La respuesta del Estado y su responsabilidad

De la respuesta ofrecida por la Fiscalía, se desprende: que las violaciones continúan sin ser investigadas bajo el carácter de sistematicidad; que un solo asesinato (William Castillo Chima) se relacionó con su actividad de defensor de derechos humanos; y que el 92% de los asesinatos continúa en la impunidad.

La Procuraduría General de la Nación, en su respuesta dijo: “En conclusión, el balance a nivel nacional determina que solo hay dos casos activos con indagación preliminar relacionados con el MAPA…”

Por todo lo anterior consideramos que el Estado es responsable:

a. Porque las labores iniciales de estigmatización provinieron de altos funcionarios del Estado, incluidos el Presidente de la República, y el ministerio de Defensa 

b. Porque agentes de la Fuerza Pública y de la Fiscalía han participado respectivamente en varios de los crímenes y hechos represivos ilegales e infundados, de los que hemos sido objeto;  

c. Porque estando al corriente del terrible impacto de  los asesinatos y demás agresiones, no adelantó medidas de prevención efectivas y las adoptadas no han sido eficaces para impedir que continúen;

d. Porque si bien ha iniciado investigaciones, se adelantan como hechos inconexos, no reconocen las características de generalidad y sistematicidad que la persecución reviste, no han sido eficaces y no han sancionado a los responsables de los delitos. 

Colombia, en el caso de Marcha Patriótica viola integralmente derechos protegidos por la Convención, ha incumplido obligaciones internacionales, derivadas de ese y otros tratados interamericanos.

Ante el exterminio en curso y por considerar agotados los recursos internos, en breve Marcha Patriótica acudirá a la Comisión, a presentar una petición por escrito y con las formalidades requeridas en el marco de las previsiones de los artículos 33, 41 inciso f) y 44 de la Convención.

Entre tanto y al amparo del artículo 1 de la Convención y el artículo 25 del Reglamento de la Comisión, ruega la declaratoria urgente a nuestro favor de medidas cautelares de protección y para ese efecto deposita ante el Señor Secretario Ejecutivo el documento de solicitud correspondiente.

Comisión de Relaciones Internacionales.

Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.