Guillermo Lasso decreta el estado de excepción en tres provincias de Ecuador

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha establecido el estado de excepción de 60 días en tres provincias de Ecuador bajo el pretexto de combatir al crimen organizado y al narcotráfico que opera en el país. Las altas cifras de criminalidad han dado pie al mandatario ecuatoriano para este despliegue militar en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas (correspondientes a todo el norte de la costa del Pacífico).

La declaración de este estado de excepción localizado, el segundo mandatado por Lasso en el año que lleva al frente de la presidencia ecuatoriana, coincide con el levantamiento de numerosas medidas destinadas a contener la COVID-19. «Hemos cumplido nuestro mandato sagrado de salvar vidas en Ecuador. Ahora, debemos proteger la vida contra un despiadado enemigo que quiere poner a prueba nuestra determinación y voluntad, pero solo encontrará la más absoluta y contundente derrota», afirmaba Lasso en un mensaje a la nación.

«Quienes amamos la ley, siempre seremos más fuertes. Quienes defendemos la vida y el Estado de Derecho, nunca jamás desfalleceremos. Prevaleceremos siempre. Protegeremos la vida en cada decisión que tomemos, en cada rincón de nuestro país, hasta someter a cada uno de los violentos», añadía, tratando de brindar solemnidad a una medida establecida en un contexto de total incapacidad de las autoridades para hacer frente al crecimiento de la violencia.

En los primeros cuatro meses del 2022, Ecuador registra 1.255 muertos a causa de la violencia, de estos al menos 400 se han reportado en la ciudad de Guayaquil y la vecina Durán. Un 60 por ciento del total de homicidios ha ocurrido en las tres de las 24 provincias ecuatorianas que ahora son patrulladas por militares.

En los últimos meses el país ha reportado decapitaciones y matanzas de sicarios en territorios portuarios como Guayaquil, que posee una de los puertos más cotizados para el transporte de droga producidas en Colombia, Perú y el mismo Ecuador.

Con este telón de fondo, se han desplegado más de 4000 oficiales de la Policía de Ecuador y 5000 efectivos de las Fuerzas Armadas en las tres provincias. En las zonas de mayor violencia, como la ciudad de Guayaquil, se ha establecido así mismo el toque de queda a partir de las 23:00 horas y hasta las 5 de la mañana.

Al finalizar el primer día del estado de excepción, las autoridades no presentaron un balance global de los operativos, que según reportes dispersos dejan detenidos y el decomiso de armas y drogas. Sin embargo, medios de comunicación locales transmitieron numerosos sucesos, entre ellos los asesinatos de un joven de 21 años y un agente de policía, ambos en Guayaquil.

Aumento de la criminalidad y crisis económica

El aumento de la violencia y la criminalidad en Ecuador ha sido una tónica durante los últimos dos años. El país, tradicionalmente menos golpedo por el crimen que sus vecinos, ha visto como en los último años el número de homicidios y de crímenes violentos incrementaba drásticamente. Un fenómeno que las autoridades y el gobierno achacan al incremento del narcotráfico y al surgimiento de bandas organizadas.

Sin embargo, numerosos analistas señalan que estos análisis obvian el caldo de cultivo social y económico que ha fomentado el incremento de la criminalidad. Ecuador vive sumida en una crisis económica permanente desde hace más de cinco años. La caída de los precios de los carburantes, principal exportación del país, causó un importante retroceso económico que la agenda neoliberal de Lenin Moreno se encargó de depositar en las espaldas de la población más vulnerable.

En octubre de 2019, la retirada de la bonificación a los carburantes y otros recortes de políticas sociales por parte del gobierno de Moreno, condiciones establecidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conceder un crédito de 4500 millones de dólares al país, produjeron un estallido social con grandes movilizaciones y protestas.

La llegada de la pandemia de COVID-19 no hizo sino agravar esta situación. En 2020, el PIB de Ecuador se contrajo en un 7,74%, lo que, nuevamente, recayó sobre la población con menos recursos. La pobreza extrema creció del 9,5% de la población al 14,7%. Más de un tercio de la población del país vive sin los recursos necesarios para afrontar sus necesidades básicas.