El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) pide un nuevo plan de residuos nucleares

El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), del que forma parte Ecologistas en Acción, ha participado en el periodo de información pública de la versión inicial del Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos y de su Estudio Ambiental Estratégico. Las alegaciones del movimiento antinuclear comienzan por señalar la falta de explicación y justificación de las propuestas del plan. Para el MIA este es un documento más cercano a un resumen esquemático que a una propuesta válida para enfrentar la gestión de los residuos nucleares a lo largo de varias décadas.

La principal novedad del borrador es la presentación de más de una propuesta de solución al almacenamiento temporal de combustible gastado y residuos de alta actividad, que aunque es un requisito del Estudio Ambiental Estratégico no responde a un correcto análisis de las implicaciones de los distintos sistemas de gestión. Las propuestas incluidas son un almacenamiento temporal único y centralizado (ATC) o bien descentralizado (ATD) en los siete emplazamientos de las centrales nucleares. Ambas alternativas convergen en 2073, en la misma “solución definitiva” de los residuos radiactivos peligrosos durante miles de años en un Almacén Geológico en Profundidad (AGP).

Todas las centrales disponen ya de Almacén Temporal Individualizado (ATI) o lo tendrán próximamente, y ahí depositan ahora sus residuos. La cuestión es que no se describe suficientemente la nueva propuesta de transformar un ATI en ATD: no se entra a detallar el equipamiento necesario, se asegura que lo tendrán pero también se dice que, un elemento esencial para manipular los residuos en caso de problemas será una celda caliente compartida por las siete instalaciones. Esta servirá para que, si a lo largo de las décadas en que estará operativo, aparece algún problema que requiera verificar e inspeccionar el estado de los residuos, o manipularlos, la solución es que se traslade por carretera. En la propuesta no se hace una valoración del riesgo que puede implicar, ni se da ninguna explicación de por qué no dotar a cada instalación de su celda caliente. El MIA señala: «No se puede hacer una valoración comparativa de ambas opciones si no se aporta una información razonada y más completa».

Otra cuestión esencial es el retraso de dieciséis años en el AGP: en el anterior plan de 2006 se consideraba que se podría disponer de un almacenamiento definitivo 22 años tras el cierre de la última central, pero el nuevo plan lo retrasa hasta 38 años, y lo lleva a 2073. El MIA señala que no se da ninguna justificación para este cambio, simplemente se establecen 30 años para la determinación del emplazamiento y la caracterización geológica, mientras en 2006 bastaba con 14. Por si no fuera suficiente, el comienzo del proceso se retrasa a 2029, en lugar de abordar cuanto antes la difusión de información y el largo proceso de consulta social que implica una instalación de ese tipo. Lo cierto es que la duración de los almacenes temporales, sea la alternativa ATC centralizada o la ATD descentralizada, viene determinada por la construcción del AGP. Y cuando más se retrase más cara será la alternativa de siete ATD. De hecho, hasta mitad de siglo resultará mucho más cara la centralizada, pues habrá que construir la instalación ATC y trasladar los contenedores. A partir de 2050, las partidas de gasto principales serán el mantenimiento de los almacenes y el pago de compensaciones a los ayuntamientos de su entorno. Por tanto, retrasar el AGP encarece la opción descentralizada, la que evita más transportes radiactivos.

El MIA señala que si se evitara el retraso de 16 años en el almacén definitivo (AGP), es decir, volviendo a los términos del anterior plan de residuos, se abaratarían las dos alternativas de almacenamiento temporal, y además se aproximarían los costes de ambas opciones, haciendo que la elección entre ellas esté más relacionada con factores de seguridad y acuerdo social que de costes. El movimiento antinuclear considera necesario que se presente una segunda estimación de la distribución anual de costes con una fecha más cercana de operación de un AGP, por ejemplo 2057.

Los transportes de contenedores son una cuestión esencial de todo el plan y, sin embargo, no se aportan datos ni se evalúan sus impactos. Según las estimaciones realizadas por el MIA, habrá que desplazar más de 600 contenedores desde siete lugares distantes. El blindaje de estos contenedores no puede ser completo, por lo que hay emisiones de radiación gamma que son un riesgo para trabajadores y habitantes de las poblaciones por las que circulen los convoyes, en especial cuando se detienen por la noche en áreas de descanso o en caso de accidente. También habría que evaluar la posibilidad de sabotajes y atentados y las medidas necesarias para protegerse. Nada de esto se tiene en cuenta en la evaluación de alternativas, aunque la de ATC exigirá el doble de transportes que la de ATD.

Respecto al tratamiento de los residuos de muy baja, baja y media radiactividad, el plan asume la continuidad de El Cabril con una importante ampliación. Independientemente de otras cuestiones, el MIA considera que no debe abordarse esa ampliación y que, una vez  se complete la capacidad de El Cabril, hay que proceder a su clausura. No se debe persistir en el error de situar un depósito de residuos nucleares en un lugar de alto valor natural, en un medio geológico fracturado con cierta actividad sísmica y muy alejado de la mayoría de instalaciones nucleares y radiactivas, lo que implica largos recorridos de transportes con carga peligrosa. Durante las próximas décadas, los desmantelamientos de centrales y la gestión de residuos van a implicar un gran aumento del número y el volumen de los transportes. Habrá que comenzar cuanto antes la búsqueda de un lugar más apropiado para la gestión de estos residuos. Y esta vez ha de ser con el debido respeto a la ciudadanía, con transparencia y procesos de verdadera participación pública. Hay experiencia sobre esto en varios países de la Unión Europea.

Sobre la cuestión de cómo se va a pagar la gestión de los residuos no hay nada. El plan da cifras de costes, aunque sin ninguna explicación y con un detalle de partidas muy insuficiente para comparar las alternativas, pero no se trata la provisión de fondos, por lo que no se puede saber si habrá dinero para abordar la planificación de residuos o si esta cuestión va a resultar determinante para tomar una decisión sobre las alternativas de almacenamiento, porque si falta dinero se impondrá la menos costosa, aunque no sea la más segura. Es esencial que se trate ahora la financiación del plan porque las empresas productoras de los residuos, empresas que declaran grandes beneficios, pueden todavía  ver reajustada su tasa de contribución para costear el tratamiento de sus desechos radiactivos. Cuando cierre la última central, será con probabilidad la ciudadanía quien tenga que asumir los costes ante la incapacidad de seguir financiando mediante los gravámenes de la producción nuclear actuales.

El MIA exige a Enresa, entidad encargada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de la elaboración del nuevo plan de residuos, que mejore profundamente el borrador del Séptimo Plan de Residuos Radiactivos. Para encarar un problema de semejante magnitud se necesita tanto competencia técnica como que se actúe con transparencia y se facilite la información y participación de la ciudadanía. El futuro cierre de las centrales nucleares hace de este plan el más importante para garantizar que sean las empresas quienes paguen por la contaminación radiactiva de la que se han beneficiado durante décadas. La enorme problemática de los residuos nucleares no puede ser abordada de una forma tan parcial y es necesario iniciar un proceso de información y participación ciudadana para abordar una solución definitiva a residuos nucleares radiactivos durante miles de años.