Desde el 24 de marzo, una reunión convocada por 18 países que firmaron un comunicado para discutir sobre la situación de Venezuela se hizo viral por redes sociales y medios de comunicación corporativos. Este fue el primer paso para instalar en la arena mediática y diplomática que la situación de Venezuela es excepcional y por ende debe ser tratada como tal, centrando en ella toda la agenda de la OEA en el mediano plazo, aunque los blandos resultados de la primera reunión o primer round de la semana pasada, analizado por Misión Verdad en su momento, mostraran una intención contraria con respecto al “ultimátum” de Luis Almagro.

Lo que en su momento fue un repliegue, producto de las circunstancias y el devenir de los acontecimientos, tomó forma, esta vez, de un paso agigantado. En la mañana del 3 de abril se declaró la suspensión “por inconsulta” por parte de la Presidencia del Consejo Permanente asumida ese mismo día por Bolivia. El representante de ese país en la OEA, Diego Parys, había argumentado diplomáticamente el primero de abril que la convocatoria de esta reunión era una “decisión apresurada” sobre la situación que vive Venezuela en estos momentos, además de no contar con los mínimos rasgos de legalidad ante la negativa de consultar a la delegación venezolana para llevarla a cabo.

Sin embargo, desde las 3 de la tarde del 3 de abril de 2017 se reunieron las delegaciones de 19 países en el Consejo Permanente de la OEA, rompiendo así con su propia institucionalidad al omitir y desconocer la Presidencia de Bolivia, y la Vicepresidencia, a cargo de Haití -también ausente en la sesión-, y del resto de las delegaciones que componen el órgano que no recibieron la invitación oficial de Bolivia para hacerse cargo de la reunión en Washington.

Esto supuso un quiebre del reglamento en el seno de la OEA, donde se declaró que la sesión sería presidida por la delegación de Honduras en el contexto de este Consejo Permanente, bajo el rebuscado argumento de ser el miembro más antiguo de la organización, intentanto desaparecer en el verbo lo que en la práctica ya se había consumado: de forma ilegal se despojó a Bolivia de la presidencia del Consejo Permanente.

La OEA desbarató sus propias reglas institucionales para cumplir con la orden de cercar a Venezuela, dinamitaron sus propias reglas como ente multilateral en beneficio de las directrices pivoteadas por Luis Almagro, y detrás de él, todo el organigrama de empresas petroleras y financieras (entre ellas Exxon Mobil), tanques de pensamiento y ONGs financiadas por el Departamento de Estado, que se han concentrado en utilizar a la OEA como la principal plataforma internacional de agresión por escalas contra Venezuela.

A lo interno de Venezuela, en el momento en que se materializaba la reunión de la OEA, con 19 países asistentes, ONGs como Transparencia Venezuela y Provea hicieron el respectivo control de daños para justificar la maniobra en el seno de la OEA, respondiendo al interés de sus principales financistas que también son los de Luis Almagro.

Cabe destacar que la delegación usurpadora de la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, nunca citó el artículo que supuestamente justificaba la sesión celebrada en Washington sin la Presidencia de turno, esta vez encarnada en la delegación de Bolivia liderada por Diego Pary.

Ya lo que vendría a continuación sería continuar por la presión del momento, con la ilegalidad cometida por quienes supuestamente son los garantes de la legalidad en el hemisferio. No había posibilidad de volver atrás, tanto porque la delegación boliviana no permitiría una reunión sobre Venezuela sin su aval, bajando a cero las expectativas y la inversión mediática y política de la reunión, como por la inmensa presión de fabricar un “punto de no retorno” con respecto a Venezuela que abriera las puertas a un proceso de escalada en el asedio de la OEA, antes de que la narrativa del falso “golpe de Estado” se siguiera cayendo por su propio peso. Actuaron presos del propio tiempo límite que se imponen ellos mismos, lo cual produjo una violación inédita de la mecánica legal de la OEA.

Sin precedentes

En la sesión celebrada por el ilegal Consejo Permanente de la OEA, 19 países hicieron actos de presencia: Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Jamaica, Barbados, Bahamas, Guyana, Uruguay y Belice.

Con la nítidez de lo que se fraguaba en el seno de la OEA, llegaron a la sesión Diego Pary, representante de Bolivia ante la OEA y a cargo de la presidencia del Consejo Permanente de la organización, y el embajador de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada. Al tomar cada uno su derecho de palabra, fueron ignorados los reclamos de ambas delegaciones sobre el rompimiento de la institucionalidad de la OEA, incluyendo el pronunciamiento de Nicaragua.

Antes de que Moncada saliera de la sesión de la OEA como forma de protesta por el quiebre institucional que hubo en la OEA, como también la delegación de Nicaragua, declaró que “el que quiera ser águila que vuele. El que quiera ser gusano que se arrastre”, refiriéndose a la tendenciosa orquestación de la reunión convocada.

Por último, el texto de resolución de la OEA, leído por la delegación de Perú, fue votado y aprobado con la abstención de cuatro países de apoyar la resolución contra Venezuela: Bahamas, Belice, República Dominicana y El Salvador. Luego de la votación, se suspendió la sesión hasta el próximo miércoles 5 de abril.

Todo esto para poder así torpedear desde el frente diplomático-político a Venezuela con un argumento fabricado desde los EEUU con Luis Almagro de principal operador en la OEA. Paradójicamente, los mismos países que piden a Venezuela que respete las reglas del organismo y la división de poderes son los que pisotearon la legislación de la organización, desmitificando aquello de que las reglas estén hechas para evitar que la fuerza se imponga sobre la razón.

Fin práctico de la reunión: el efecto mediático

El proyecto de resolución aprobado en la sesión ilegal de la OEA muestra una agresividad que en los apoyos no tiene. Lo que puede verse en el aval de la resolución de 17 de los 21 países presentes en la sesión, siete menos de los necesarios para aprobar la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela.

Sin embargo, que hayan aprobado la resolución por aclamación, sin realizar votaciones nominales (país por país) como propuso El Salvador, puso en evidencia la pretensión de fabricar un abultamiento mediático para compensar por esa vía lo que el número (17 votos) sigue negándole. La propaganda contra Venezuela, el descrédito y la desligitimación, siguen siendo la punta de lanza para cubrir los flancos débiles de la organización y su evidente crisis de liderazgo.

La intención era inequívoca: presentar esta resolución como mayoritaria y venderla como si la hubiera aprobado toda la OEA, con el objetivo de ser presentada en las portadas de todos los medios locales e internacionales como una “victoria fulminante”, como un “ahora sí vamos con todo contra Venezuela”. El golpe institucional que desconoció la presidencia de Bolivia sólo fue un obstáculo para tal fin. Un show viciado de principio a fin de ilegalidades y sobre todo de antipolítica.

Bastante demostrativo es, en ese sentido, que la sesión ilegal haya comenzado con la canciller argentina, Susana Malcorra, dando a conocer una declaración conjunta (también ilegal) del Mercosur sobre Venezuela. No tanto por el contenido de la declaración conjunta, ubicadas en las mismas coordenadas de agresión contra el país, sino porque intentó proyectar desde el comienzo de la reunión esa misma imagen de mayoría, que la resolución no tenía entre sus apoyos. Una imagen que la resolución necesitaba para mostrar fuerza dado su contenido confrontativo contra el país y sus instituciones.

Lo aprobado ilegalmente desconoce al Estado venezolano

Esta resolución tiene un corolario de coordenadas simbólicas y mecánicas discursivas que llevan a un terreno peligroso el desconocimiento del Estado venezolano y de sus instituciones, en el marco de un sentido general de que por la vía política y constitucional no hay nada que hacer más que su frontal desplazamiento como escenario de resolución de conflictos. Y esto fue asumido a partir de una interpretación sesgada y manipulada de la sentencia 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre las funciones de la Asamblea Nacional (AN).

Según esta resolución aprobada ilegalmente, “las decisiones del TSJ de suspender los poderes de la AN y de arrogárselos a sí mismo son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas decisiones”.

Aquí se encuentra el centro del asunto, ya que a partir de esta consideración es que la resolución habla de “alteración inconstitucional del orden democrático en Venezuela”, relativizando la modificación de la sentencia en cuestión que aclara que la AN tiene toda la “potestad de ejercer sus funciones o el órgano que así requiera” (cabe aclarar, una vez salga del actual desacato judicial que la obliga a desincorporar a tres de sus legisladores por orden del TSJ).

Bajo esta interpretación hecha a calco y copia para darle la razón a ellos mismos, es que los 17 países llaman “a apoyar las medidas que permitan el retorno al orden democrático a través del ejercicio efectivo de la democracia y el Estado de Derecho en el marco constitucional de Venezuela”. Así como gestiones diplomáticas dirigidas a restablecer la “institucionalidad democrática” en el país, concepto pisoteado por estos países en su propio centro de operaciones: la OEA.

La resolución se parece mucho a las agresiones diplomáticas contra Siria

Así el declarado pedido de “retorno al orden democrático” apunta a que Venezuela no cumple la Carta Democrática, por lo que estos países implícitamente lo consideran un Estado que está fuera de la ley, un Estado forajido, considerando ilegítimas sus instituciones. Lo que debe ser visto en un contexto en el que el presidente colombiano Juan Manuel Santos habla de transición pacífica en el país, y la canciller argentina, Susana Malcorra, cuando plantea la necesidad de tutelaje externo para asegurar el restablecimiento de este orden democrático en el seno de la OEA.

Quizás en este sentido sea bastante didáctico comprender la dimensión de esta resolución y su contexto, si comparamos su lenguaje con la que el Parlamento Europeo emitiese en 2012 para referirse a lo que por entonces era el inicio de la crisis siria.

Como vemos, las palabras como “transición a un orden democrático” utilizadas para agredir a Siria mucho se parecen al lenguaje usado en esta resolución ilegal de la OEA. No por mera coincidencia, ni azar, sino por formar parte de una misma caja de herramientas gramatical para convertir al Estado agredido en victimario, trasladando las culpas y justificando todas las acciones en su contra, abriendo la puerta a agresiones de mayor calado (bélicas, financieras, económicas, diplomáticas, etc.).

De más está decir que bajo esta figura simbólica los 17 países que acompañaron la resolución consideran un aporte a la crisis venezolana apoyar cualquier tipo de acción insurreccional del antichavismo en el fren interno, así como la obstaculización de cualquier instancia de diálogo, como la Unasur. Una negociación que no conlleve a la entrega de poder por parte del chavismo hacia sus adversarios, está negada según el enfoque de la resolución. Y aunque esto es nítidamente la generación de condiciones (mediáticas, políticas y diplomáticas) para un golpe de Estado, hay un doblez que no se puede perder de vista: la intención de sustituir de facto a los venezolanos como los verdaderos decisores de los asuntos internos de su país a través de estas iniciativas y otras que se podrían estar calculando, como sanciones económicas y financieras, que prolonguen el asedio económico contra el país bajo el fetiche de que es necesario un cambio de gobierno para que todo cambie.

Un escenario de improvisaciones y las alertas de siempre

Pero valen algunas precisiones antes del cierre: dar un paso más después de esta resolución está determinado no sólo por lo que la OEA pueda volver a concentrar en apoyos y recursos en una próxima reunión, sino por el cálculo individual de cada uno de los países acompañantes de la resolución en torno a sus relaciones económicas y comerciales con Venezuela, el margen de afectación interna que una reacción en cadena de rompimientos diplomáticos y económicos podría traer, y lo más importante, qué tanto es posible arriesgar si desde el frente interno venezolano no se dan los prometidos y estimulados hechos de violencia que le den hueso al discurso diplomático. En tal sentido, hay que estar atentos a la orquestación de episodios de violencia interna ya que la resolución de una parte de los países de la OEA es una invitación a cometerlo, garantizando su impunidad.

Pero en este sentido ellos también al dar ese paso adelante también se juegan su credibilidad como actores contra Venezuela, en tanto y en cuanto una imposibilidad de torcer el frente interno a su favor puede dejarlos descolocados y fuera de la zona de strike.

Evidentemente, las coordenadas simbólicas de las acciones de ayer y de la resolución nos llevan a la misma mecánica antidiplomática aplicada contra Siria y Libia desde sus organizaciones multilaterales de mayor proximidad, pero salvando las diferencias entre ambos procesos con respecto al venezolano por historia, cultura y circunstancias actuales, las coordenadas políticas nos llevan a un escenario donde la improvisación, la desesperación y el caminar sobre lo que vaya ocurriendo en caliente, dan para cualquier maniobra, signadas por una mayor agresividad y errores de cálculos.

Y esto dependerá de lo que en el organigrama de la intervención puedan hacer los que están en la primera línea de fuego bajo la cobertura de manifestaciones y protestas para voltear la agenda a su favor. Nos referimos a la MUD. Las últimas convocatorias no se han destacado precisamente por su abultamiento, en una combinación de pérdida de credibilidad por parte de la población como por el proceso de renovación de partidos políticos ante el CNE, que debilita el sentido de estas convocatorias. Ya la OEA hizo su parte exponiéndose a la ilegalidad y el descrédito, ahora el tiempo corre en contra de la dirigencia interna de la MUD.

La institucionalidad es y ha sido siempre un parapeto para demostrar la fuerza que se impone en ese ministerio de las colonias (dicho así por Fidel Castro) llamado Organización de Estados Americanos.