Las organizaciones ecologistas exigen la paralización de la unión de estaciones de esquí en el Pirineo aragonés

La Diputación de Huesca ha presentado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo una propuesta de financiar mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) un proyecto de ARAMON y de la Mancomunidad del Valle del Arán de unión de las estaciones de esquí de Candachú, Astún y Formigal, cuyo coste asciende a 34 millones de euros, que se unen a los aproximadamente 30 millones de euros que ya se han solicitado en la fases previas del proyecto. El propio secretario de Estado de Turismo ha confirmado, en declaraciones a los medios de comunicación, que el proyecto podría recibir una financiación cercana a esa cantidad.

Para las cinco organizaciones ecologistas estatales, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, dicho proyecto no debe llevarse a término por sus negativos impactos ambientales y porque daría continuidad a un modelo de desarrollo insostenible, que no genera empleo de calidad y que está destinado a desaparecer en el corto plazo por las condiciones meteorológicas provocadas por el cambio climático.

Las organizaciones ecologistas alertan de que la construcción de esta infraestructura de conexión entre estaciones de esquí comportaría un impacto irreparable en el paisaje y en las especies de  fauna y  flora de este espacio pirenaico, especialmente en el paraje denominado Canal Roya, un gran valle glaciar, al pie de pico Anayet, de extraordinaria belleza y valores naturales. El proyecto contempla levantar dos entramados de grandes pilastras metálicas, ancladas en hormigón, para sostener los cables por los que discurrirían telecabinas en ambas direcciones. Además, se pretende construir una carretera de servicio y evacuación a lo largo de todo el recorrido y se edificaría una estación de servicios en el fondo del valle.

Las organizaciones ecologistas recuerdan que este valioso espacio natural tiene abierto un procedimiento para la creación de un nuevo parque natural, denominado Anayet-Partacua, fundamentado en su singularidad paisajística de origen glaciar, su excepcional vegetación de alta montaña y su fauna singular y que, hasta que dicho procedimiento se resuelva no debería haber ninguna intervención sobre la zona.

WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra denuncian que este proyecto que se enmascara como “turismo sostenible” no cumple con el principio de “No Hacer Daño Significativo” (DNSH por sus siglas en inglés), condición sine qua non establecida por la Unión Europea (UE) para la asignación de los fondos europeos Next Generation que financian el PRTR, que obliga a justificar que los proyectos financiados no impactarán de forma negativa a ninguno de los seis objetivos medioambientales definidos por la UE:

1. Mitigación del cambio climático.
2. Adaptación al cambio climático.
3. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos.
4. Transición hacia una economía circular.
5. Prevención y control de la contaminación.
6. Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.

Los grupos ecologistas se muestran convencidos de que el proyecto incumple todos los objetivos ambientales, por lo que el Gobierno español se verá obligado a devolver los fondos. Las organizaciones ecologistas manifiestan que: “Además de los impactos locales sobre la biodiversidad, la creación de nuevas infraestructuras y carreteras supondría un aumento del flujo de vehículos, lo que impide la lucha contra el cambio climático. Vamos a denunciar ante la Comisión Europea  esta propuesta si hiciera falta, y no cabe duda de que, si esta ha sido financiada con dinero europeo, la UE va a obligar a su devolución.”

Contrario al nuevo escenario climático

Además, en un contexto de cambio climático, con un riesgo alto de descenso de la nieve según las predicciones del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático (OPCC), sostener las instalaciones de esquí supone apostar por la innovación artificial como la única estrategia, lo que pone en riesgo los humedales y supone un aumento del consumo de energía. En lugar de ello, atendiendo al diagnóstico del propio OPCC, las estaciones de esquí en la montaña aragonesa deben afrontar sin demora su adaptación al cambio climático y la progresiva reducción de la nieve. Para mantener el empleo actual han de reformular su proyecto, diversificando y corrigiendo su oferta turística hacia un modelo sostenible. Las posibles pérdidas de empleo de este cambio en el modelo deberían tener la misma consideración que otros sectores de actividad (energético, automóvil…) que sufrirán la reconversión para realizar una transición justa. La destrucción de este paraje compromete el futuro de un turismo sostenible, de nuevas oportunidades de empleo y de calidad en la zona. El uso del Fondo de Recuperación Europeo debe dirigirse a este objetivo, diversificando y desestacionalizando el empleo y promoviendo la producción y gestión de los recursos locales, priorizando recursos económicos destinados a la creación de empleo, dotación de servicios y calidad de vida que favorezcan el asentamiento de la población, especialmente de las mujeres jóvenes, como eje vertebrador y de desarrollo demográfico en estas montañas. “No hay otro camino para fijar población estable en el territorio y corregir la precariedad actual del empleo en torno a las estaciones”, afirman las organizaciones.

Las ONG consideran que es urgente promover otro modelo de desarrollo en el territorio, contando con la participación de la población local, para emprender iniciativas capaces de generar empleo sin comprometer los valiosos recursos naturales de la zona. Por ello, estas organizaciones concluyen que insistir en este modelo de turismo no tiene sentido, y supone un despilfarro de fondos públicos que intentan prolongar la agonía del negocio de la nieve en esta valiosa zona del Pirineo aragonés.