Redacción •  Actualidad •  23/06/2022

Los sindicatos SITCPLA y USO lanzan duras críticas contra los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transporte para la huelga de Ryanair

  • El decreto del Ministerio de Transportes establece unos servicios mínimos de entre el 70 y el 80% para los vuelos a entre la península y las islas, y más de un 50% entre territorios peninsulares y vuelos al extranjero.
Los sindicatos SITCPLA y USO lanzan duras críticas contra los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transporte para la huelga de Ryanair

Los sindicatos convocantes de la huelga de TCPs de Ryanair convocada para este fin de semana, SITCPLA y USO, han dirigido duras críticas al decreto del Ministerio de Transportes que establece los servicios mínimos que tendrán que cumplir los trabajadores de la compañía.

En el decreto, suscrito por la secretaria de estado de transporte, María José Rallo, el Ministerio establece unos servicios mínimos de más del 70% de la plantilla en todos los aeropuertos para los vuelos domésticos hacia o desde territorios no peninsulares, es decir, aquellos que se trasladan desde la Península a las Baleares o la Canarias. Los servicios mínimos decretados oscilan entre el 73% establecido en el aeropuerto de Palma de Mallorca y Alicante, y el 82% impuesto en Ibiza.

Los sindicatos subrayan que en varios casos, como en la mayoría de los casos, los porcentajes de protección de vuelos exceden al factor de ocupación de los mismos. Según el decreto, el objetivo es salvaguardar los intereses de los pasajeros, pero este dato refleja claramente que el objetivo es no perjudicar los intereses de la compañía, ya que Ryanair es una compañía caracterizada por operar en hub, es decir, sus vuelos forman parte de rutas siempre cubiertas por otras muchas compañías aéreas.

De esta forma, consideran que con esta actuación, el Ministerio se pone de parte de la transnacional defendiendo los derechos de una compañía aérea low cost por encima del cumplimiento de la ley española para los trabajadores. Además, valoran abiertamente el decreto como abusivo, anunciando que procederán a su impugnación.

“Al tratarse de una compañía low cost, el modelo de esta transnacional es cubrir rutas con mucha facturación, eso es lo que se denomina en el mercado anglosajón como hub”, explican desde el sindicato SITCPLA. “Con esta premisa, es absolutamente absurdo conceder unos servicios mínimos como si se tratase de una compañía clave que cubre rutas en exclusiva, tal como ha hecho el ministerio”, añaden.

Así mismo, el decreto establece unos porcentajes por encima del 50% en todos los aeropuertos para los destinos domésticos peninsulares y los vuelos internacionales. Desde el 53% de los aeropuertos de Gerona y Santiago, al 58% de protección brindado en el aeropuerto de Madrid.

Para SITCPLA y USO, estos porcentajes suponen una vulneración de los derechos laborales y del derecho a huelga. Señalan que, entre los servicios que establece como esenciales, se encuentran los servicios de bebidas a los pasajeros que lo soliciten, un elemento que nunca se ha establecido como servicio fundamental para vuelos de corta duración excepto para los pasajeros con necesidades especiales.

“El decreto establece que tendríamos que servirle bebidas alcohólicas a cualquier turista que se dirige a Ibiza si nos lo solicita, como servicio esencial. Díganme si es o no delirante”, comenta airado un trabajador de la compañía.

Así mismo, denuncian que se toman elementos coyunturales completamente ajenos a la huelga de Ryanair, como el despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en Madrid con motivo de la Cumbre de la OTAN en Madrid que tendrá lugar este fin de semana, como premisa para garantizar unos servicios mínimos que consideran abusivos.

La convocatoria de huelga para los más de 1300 tripulantes de cabina de Ryanair fue anunciada el pasado 13 de junio por los sindicatos con representación SITCPLA y USO. El motivo de la convocatoria es la ruptura unilateral de la Mesa de Negociación del I Convenio Colectivo por parte de la compañía, así como los incumplimientos de la transnacional irlandesa en materia de legislación laboral española.


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