Acción en dos hoteles de Blackstone en Madrid y Barcelona en defensa del derecho a la vivienda

Comunicado Sindicato de Inquilinas e inquilinos 

El pasado 14 de julio, vecinos de Madrid y de Cataluña se plantaron en los hoteles Axel Madrid y Ramblas Vincci, propiedad del fondo buitre Blackstone, el mayor propietario de viviendas y de hoteles en el estado español. El objetivo era exigir la renovación de contratos sin subidas abusivas para sus inquilinos así como la implementación de alquileres sociales para familias vulnerables. En definitiva, la acción se centraba en parar la expulsión de varias familias de sus casas.

La protesta se celebró en el interior y en el exterior de los hoteles, interpelando a los huéspedes para explicarles cómo Blackstone abusa de sus inquilinos como parte de su modelo de negocio. Los colectivos organizadores consideraban esencial vincular la turistificación y la gentrificación que sufren tanto Barcelona como Madrid con el millón de desahucios que se han producido en los últimos 10 años en todo el estado. Los hoteles han sido elegidos como sede de esta acción para poner el foco sobre las prácticas abusivas de fondos buitre como Blackstone. Desahuciar familias al imponerles subidas abusivas inabarcables, expandir la presencia de casas de apuestas en barrios trabajadores para potenciar la ludopatía e invertir en hoteles que defienden un modelo de turistificación salvaje vinculado a la gentrificación no son hechos aislados, sino un modelo de negocio estratégico que pone el beneficio propio de un fondo buitre extranjero por encima de las necesidades de las familias afectadas.

En Madrid, familias de Alcorcón, Aranjuez, Carabanchel, Torrejón de Ardoz y Vallecas, organizadas a través del Sindicato de Inquilinas, PAH Alcorcón y el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, protagonizaron la acción. Antonio, Mari, Laura y Antonio componen algunas de las más de 80 familias que tienen claro que la única forma de hacer frente a los abusos por parte de su casero es luchando mano a mano y exigiendo una negociación colectiva para todas las familias involucradas.

El Sindicato de Inquilinas, gracias a sus campañas #MadridVsBlackstone y #NosQuedamos, ya consiguió sentar al fondo buitre Blackstone a una mesa de negociación colectiva que ganó alquileres estables de hasta 7 años sin subidas abusivas para más de 200 personas. Una vez más, tienen claro que no van a dejar de luchar colectivamente hasta añadir una victoria más a su lucha por el derecho a la vivienda y contra la especulación.

Blackstone y su modelo de negocio 

Más de 20.000 viviendas fruto de diez años de especulación

Blackstone es el fondo buitre con más viviendas en todo el estado español, 1000 más que CaixaBank. Este fondo de inversión extranjero, como muchos otros, amplió enormemente su cartera después de la crisis hipotecaria, cuando numerosos bancos quebraron y se les facilitó la adquisición de viviendas de familias desahuciadas a precios irrisorios. Concretamente, Blackstone adquirió grandes lotes de propiedades de Caixa a través de la cartera Hércules y de otras adquisiciones masivas vinculadas con el rescate a la banca. La alta rentabilidad de este modelo de negocio se vio aumentada por el marco de medidas económicas estratégicamente aprobadas en aquel momento: la legalización de las Socimis en 2013, implicando la bonificación de buena parte de los impuestos sobre sus beneficios, y la flexibilización del mercado del alquiler, debido a la aprobación de los contratos a 3 años.

Blackstone se ha centrado en cerrar el ciclo de especulación con la vivienda de alquiler en los últimos años y, actualmente, se está deshaciendo de su cartera de vivienda a través del mercado de venta. Por lo tanto, su estrategia principal consiste en expulsar a sus inquilinos a través de subidas abusivas y no renovación de contratos, con la finalidad de sacar mayor rentabilidad en las operaciones de compra-venta.

En su constante búsqueda de nuevas vías de negocio, desde el pasado febrero, Blackstone también se ha convertido en uno de los principales “servicers” o gestores de cerca de 50.000 viviendas de la SAREB. A través de Anticipa y Alisenda, ahora gestiona miles de viviendas que se pagaron con dinero público debido al rescate bancario, cuando “el banco malo” absorbió los “activos tóxicos” que dejó la crisis hipotecaria.

Además, desde que Blackstone aterrizó en el territorio español, no solo hemos visto cómo adquiere grandes lotes de propiedades de bancos, sino que ha llegado a convertirse en el mayor propietario de hoteles del estado. Ha apostado, por ejemplo, por la compra de la cartera de hoteles de Banc Sabadell a través de Hotel Investment Partners (HI Partners), la cual adquirió en 2017. Actualmente, HI Partners suma ya 71 activos y 21.241 habitaciones, gestionados por reconocidas firmas como Meliá, Marriott o Axel, siendo el principal inversor en hoteles vacacionales en el sur de Europa.

La explotación de nuestras ciudades no acaba en los miles de desahucios a los que asistimos cada semana. Con la inversión que Blackstone está haciendo en hoteles, se refuerza un proceso de turistificación insostenible en Barcelona, Madrid y otros tantos lugares. Los flujos y la actividad turística se han reactivado tras la pandemia y pretenden seguir creciendo cada año, agravándose la expulsión de vecinas, la pérdida del comercio de proximidad, la saturación de calles, plazas y transporte público, la contaminación ambiental y la precarización laboral que caracteriza el sector de la industria turística.

Una ley para frenar la especulación y proteger el derecho a la vivienda

Durante los próximos meses, la batalla entre defensores de la especulación y del derecho a la vivienda no solo continuará en las calles, sino que también se llevará al ámbito legal a través de la Ley de Vivienda estatal que se está discutiendo actualmente en el Congreso. Septiembre será un mes clave para decidir algunas de las cuestiones y detalles más determinantes de la ley, que pueden impactar enormemente las próximas décadas, igual que lo hicieron el paquete de medidas pro-especulación aprobadas hace ya 10 años. La batalla social se centrará en cuestiones como la regulación de alquileres con bajadas de precio, para garantizar precios asequibles para los inquilinos; la obligación de ofrecer alquileres sociales a los hogares vulnerables, para acabar con la oleada de desahucios; la incorporación de las viviendas de la SAREB en el parque público de vivienda, para ampliar el ridículo porcentaje de vivienda pública del Estado; o la reducción drástica de los beneficios fiscales que desde hace diez años tienen los grandes fondos buitre.

Este debate encarnizado estará protagonizado, por un lado, por la patronal inmobiliaria que, a través de sociedades como Anticipa (Blackstone), lobbies como ASVAL o promotores inmobiliarios como Asprima, ya están ejerciendo presión sobre el Gobierno para que se apruebe una ley que defienda sus beneficios. En el otro lado, se encuentran decenas de sindicatos de inquilinos y de vivienda de todo el estado, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la mayoría de sindicatos laborales (como CCOO, UGT, CGT) e innumerables organizaciones sociales, que defenderán una ley que incorpore cambios reales y proteja el derecho a la vivienda de toda la sociedad.