Podemos pide desbloquear la Ley de Vivienda e inhabilitar a constructoras multadas por la CNMC para contratar con la administración

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha defendido la necesidad de desbloquear la Ley de Vivienda. Echenique ha indicado que «nadie entiende» que aún no estén aprobadas la derogación de la ‘Ley Mordaza’ y la futura normativa de vivienda, que deberían desbloquearse «inmediatamente» antes de los presupuestos.

Sobre el primer caso, ha apuntado que no están lejos del acuerdo final para terminar con esta ley «infame» y «represiva» aprobada por el PP pero que lleva más tiempo desde la moción de censura al expresidente Mariano Rajoy, aunque hay algunos «escollos» que solventar.

Entre los elementos que demanda el espacio confederal y otros socios parlamentarios, ha citado la necesidad de revisar la sanción por falta de respeto a los agentes policiales porque ahora es «ambigua» y puede utilizarse «para poner multas cuando alguien mira mal a un Policía», o la responsabilidad jurídica de los convocantes de manifestaciones cuando se producen altercados.

En vivienda, Echenique ha recalcado que aspiran a reducir la ‘vacatio legis’ a la hora de aplicar la regulación de precios del alquiler, que la Sareb ceda sus pisos al parque social de las administraciones públicas y prohibir de forma permanente los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. «Son cosas razonables (…) no estamos pidiendo la luna», ha exhortado Echenique.

Asimismo, ha deslizado que posiblemente planteen en la negociación presupuestaria endurecer diez puntos el Impuesto sobre Sociedades a los grandes supermercados y financiar con esta recaudación adicional un cheque de ayuda a la cesta de la compra para las familias o aplicar el IVA en las universidades privadas con ánimo de lucro, acabando con la exención que ahora disfrutan.

Sobre todo porque son «buenas ideas» y por eso las plantearon en las propuestas de resolución en el marco del Debate sobre el Estado de la Nación, que el PSOE no respaldó, aunque el elemento fundamental es conseguir una reforma fiscal «valiente» y un aumento presupuestario de las partidas sociales. «Todo lo demás se puede hablar», ha deslizado.

También ha tildado de «gravísimo» las multas impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a seis de las principales constructoras españolas por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.

En este sentido, ha denunciado que estas compañías han buscado «sacar más dinero» de la administración que dejan de ir a sanidad y educación, por lo que apoya la prohibición de contratar con estas empresas que ya recoge el organismo regulador.

No obstante, ha recalcado que aunque esa posibilidad existe, es un proceso que se dilata aunque defiende que no es «no es mala idea» que esas inhabilitaciones para contratar con el sector público se aceleren. Por ello, abre la posibilidad a formalizar algún tipo de iniciativa parlamentaria al respecto.