El Grupo Municipalista IU-Podemos-Comuns en la FEMP considera «tímidos» los avances en la CNAL porque «no resuelven los difíciles retos de los municipios en esta coyuntura económica»
- Este grupo valora tras la reunión del Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local en la tarde-noche de ayer que exigir a las entidades locales un superávit del 0,1% del PIB para 2023 en un escenario de prórroga de la suspensión de las reglas fiscales -frente al 0,2% que se recogía en el programa de estabilidad de abril- “solo ofrece más margen para gastar el superávit, pero no resuelve la capacidad financiera y de recursos para ejecutar presupuestos que demandamos las administraciones locales”.
El Grupo Municipalista de Izquierda Unida-Podemos-Comuns en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) considera “timidos” los avances comprometidos en la reunión celebrada con carácter urgente en la tarde-noche de ayer del Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) Este grupo considera que estos compromisos “no resuelven los difíciles retos que deben afrontar los municipios en una coyuntura económica tan complicada como la actual”.
De la misma forma, el Grupo Municipalista entiende que “pese a haberse conseguido para 2023 un aumento de los importes del sistema de financiación -lo que comporta 23.035 millones de euros, 1.100 millones más que en el año en curso-, siguen sin resolverse cuestiones centrales ya expresadas con claridad por la FEMP, como la reglamentación para que la transferencia desde las comunidades autónomas a los ayuntamientos de los fondos europeos de resiliencia y recuperación que les corresponden les lleguen a estos sin bloqueos, como ocurre ahora con algunas comunidades”.
Además, a diferencia de la anterior reunión de la CNAL, el grupo destaca que “en la actual ya no actúa la consignación de fondos extraordinarios, como los más de 6.066 millones de euros extra acordados en la anterior reunión. Estos recursos debían servir en los pasados años de pandemia para fortalecer de forma suficiente la autonomía financiera de los ayuntamientos para completar su catálogo de servicios sociales, crear empleo público y desarrollar con garantías las competencias municipales, sin tener que afrontar gastos impropios sin los recursos adecuados”.
“Estos recursos -recuerdan- han llegado de forma desigual y su ejecución definitiva ha resultado difícil en muchas administraciones locales, dado que no habían podido resolver la capacidad de aumentar sus plantilla para la gestión administrativa”.
De igual forma, este año los ayuntamientos ya no van a recibir los recursos extra del anterior acuerdo relacionados con las compensaciones por las liquidaciones negativas del 2020, en lo tocante a las devoluciones por el cambio en el Suministro Inmediato de Información del IVA de 2017 -que había dejado sin una parte sustancial de las liquidaciones mensuales de este impuesto destinado a los ayuntamientos- y en las entregas a cuenta de 2020. “Todo ello supuso entonces un importante ingreso extraordinario, pero hay que tener muy en cuenta que en esta ocasión ya no opera a la hora de configurar los presupuestos municipales del año próximo”, recuerdan.
El grupo Municipalista de IU-Podemos-Comuns en la FEMP considera que debe abordarse ya “con urgencia” uno de los compromisos centrales del acuerdo de gobierno del actual Ejecutivo de coalición, donde se recogía que en lo tocante a las administraciones locales: ‘se ampliará las competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el respeto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como unidad territorial básica. En esta misma línea, derogaremos la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP, y aprobando una nueva normativa que conceda a los municipios la capacidad de percibir unos tributos propios mínimos (sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica) y de disponer de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado’.
Para el Grupo Municipalista, esta cuestión “debe ser prioritaria para el Gobierno de coalición en el nuevo curso político que comienza”. Es así, “especialmente por el trascendental papel que han jugado los ayuntamientos en la contención socioeconómica de los efectos causados por la crisis sanitaria del Covid-19, tras realizar un importante esfuerzo inversor y asumir competencias impropias, habiendo llevado a cabo esfuerzos encomiables en cuestiones concretas como ampliar el escudo social de protección a las familias, bonificar en tasas a la hostelería y al comercio local, o garantizar los servicios sociales básicos”.
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