En Cuba apremian más y mejores medidas para reducir brechas sociales

El monto de la jubilación de Virgen Oliva, por ejemplo, equivale a 75 dólares, si se tiene en cuenta la tasa oficial para el pago de salarios y pensiones de 24 pesos por dólar.

Y se va en las facturas del hogar, los “mandados” (nombre popular de la cartilla de racionamiento), medicinas “y algún que otro producto del agro. No da para más”, asegura a IPS esta antigua dependienta de 72 años.

El gobierno provee una cartilla de racionamiento con discretas cantidades de alimentos básicos a precios subsidiados, que si bien no cubren las necesidades mensuales, constituye un paliativo para una mayoría de familias cubanas.

Pero, “¿cómo comprar carne de cerdo, pescado, queso, conservas o espaguetis con los precios actuales?”, preguntó Oliva, residente en el municipio de Marianao, uno de los 15 de La Habana.

Para adquirir estos y otros insumos, la jubilada debe acudir a los mercados con precios libres, a las más abastecidas tiendas en divisas o al mercado negro, donde una tasa cambiaria distinta convierte su pensión en apenas 15 dólares.

Un kilogramo de leche en polvo en el mercado informal cuesta más de la mitad de lo que Oliva devenga en un mes.

Elba Blanco, de 69 años, revende cigarrillos, bolsas de nailon y productos industriales en las inmediaciones de un establecimiento agropecuario del capitalino municipio de Arroyo Naranjo.

“No tengo hijos ni familiares en el extranjero que envíen remesas. Estoy reuniendo para arreglar el techo de la casa y que no nos caiga encima a mi hermana y a mí”, señaló a IPS la otrora auxiliar de limpieza quien recordó que una bolsa de cemento cuesta 10 dólares, “poco menos de lo que recibo de jubilación”.

“Es necesario ejecutar un estudio nacional sobre la pobreza para conocer las diferencias entre territorios y  grupos de edades. Podrían sus resultados ayudar a tomar decisiones de política de apoyo a esos grupos, que no solo tengan que ser asistenciales”: Reina Fleitas.

Yanetsy Rojas, de 42 años, asegura conversar mucho con su hijo, de 15 años, “para que comprenda que si sus compañeros llevan zapatos nuevos al aula, o salen con ropas de marca y celulares caros, él no puede hacerlo, porque mi salario no da para eso”.

Madre divorciada y auxiliar pedagógica en una escuela primaria del habanero municipio de Boyeros, Rojas expuso a IPS que está ahorrando “para comprar una máquina (compresor) para el refrigerador y poder guardar los alimentos” y que no recuerda “la última vez que me compré ropa o pinté la casa”.

Múltiples dimensiones de la pobreza

El economista Omar Everleny Pérez Villanueva afirmó al conversar con IPS que “en el contexto actual hay un aumento de la desigualdad social”, mientras estimó que “más de 30 % de la población cubana vive con problemas de pobreza de ingresos”.

Por su parte, la socióloga Reina Fleitas acotó que si bien “no siempre se reconoce, se ha producido un incremento del tipo de vulnerabilidad que llamamos pobreza, y que afecta a muchas familias en su nivel de vida”.

“Aunque no sea siempre pobreza multidimensional, se observa un incremento de la precarización de los indicadores del nivel de vida de las familias provocado por las deficiencias del modelo económico, el bloqueo (como llaman internamente al embargo estadounidense) y los efectos de la pandemia”, complementó la también profesora titular de la Universidad de La Habana en diálogo con IPS.

Cuba presentó en 2021 el primer Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, el cual subrayó que “una potencial privación monetaria o material no impide el acceso, disfrute y resultados superiores en áreas como educación, salud, trabajo, impactos ambientales, condiciones de vida, seguridad y asistencia social y otras dimensiones del desarrollo humano”.

El documento convino en que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) resultan adecuados, en el caso cubano, “para evaluar sus avances en la erradicación de la pobreza”.

El texto contabilizó 50 000 “pobres multidimensionados”, casi 0,45 % de los 11,2 millones de residentes en el país cuando se hizo estudio.

El IPM es una herramienta de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que contempla como dimensiones del bienestar la salud, educación y nivel de vida, cada una con indicadores sobre bienes y servicios tangibles, más allá de la dimensión monetaria.

Este país insular caribeño cuenta con sistemas de educación y salud universales y gratuitos, pero en los últimos años la calidad de los procesos ha estado impactada por la carencia de insumos y éxodo de profesionales, entre otros efectos de la crisis multidimensional que arrastra el país desde hace tres décadas.

A ello se suma un dispar avance del programa de reformas económicas que desde 2011 pautó la hoja de ruta para una actualización del modelo económico.

Investigadores analizan que la condición de pobreza y vulnerabilidad en el contexto cubano puede asociarse, entre otros factores, con la insuficiencia de ingresos y otros activos, fundamentalmente la vivienda, en esta nación con un déficit de casi 900 000 inmuebles y un tercio del fondo habitacional en regular y mal estado técnico.

Los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, y políticas públicas para el avance de grupos históricamente desfavorecidos como las personas negras o mestizas, residentes en entornos rurales, así como en barrios sin servicios básicos de La Habana, han resultado insuficientes.

Poder adquisitivo a la baja

Pérez Villanueva se refirió a la disminución del poder adquisitivo de buena parte de la ciudadanía desde enero de 2021, cuando el reordenamiento económico y unificación monetaria elevó el salario mínimo a 87 dólares equivalentes, el máximo a casi 400, y situó en 63 dólares las pensiones más bajas.

El propio gobierno ha reconocido problemas en el diseño e implementación del ordenamiento y en octubre de 2021, al calificar la inflación –77 % por ciento al cierre del año-, como “la principal desviación” del proceso, aludió a la existencia de “ingresos polarizados”.

El incremento generalizado de precios diluyó los aumentos de salarios y pensiones en un contexto de caída de las principales fuentes de ingreso, insuficiente producción agrícola, déficit de ofertas y necesidades de consumo insatisfechas.

Otro factor adverso resultó el fortalecimiento del embargo estadounidense, vigente desde 1962, y que de acuerdo con autoridades entorpece el acceso a créditos internacionales y obstaculiza las operaciones comerciales para inducir privaciones en la ciudadanía.

Al mismo tiempo se acentuó la dolarización parcial de la economía y aumentaron los establecimientos que desde 2019 venden electrodomésticos, alimentos y otros bienes mediante tarjetas magnéticas respaldadas por monedas convertibles (MLC), provenientes fundamentalmente de remesas.

Envueltos en la polémica por las segmentaciones del mercado que genera, las autoridades insisten en que este mecanismo busca recaudar divisas para, con una parte de ellas, abastecer los comercios en pesos cubanos.

“Investigaciones sociales han arrojado que familias que viven en esa condición (de pobreza) no acceden a remesas, o las que reciben son de montos pequeños que llegan esporádicamente”, apuntó Fleitas.

Por lo cual, complementó la experta, “no puede considerarse esta una vía para mejorar su situación alimentaria y cubrir otras necesidades que acumulan, como las de la mala  calidad constructiva de sus viviendas y la escasa tenencia de muebles y equipos domésticos que casi siempre están en malas condiciones”.

En agosto las autoridades bancarias reactivaron la compra y venta de dólares, en pausa durante más de un año, y limitaron la venta diaria a solo 100 dólares por persona, pero a partir de lo recaudado en la jornada anterior.

En un entorno de escasez de divisas y una alta demanda por parte de un segmento, que a juicio de Pérez Villanueva “lo ejecuta de 20 a 25 % de la población”, el dólar en el mercado informal ronda los 145-150 pesos por dólar.

Propuestas

Pérez Villanueva sostiene que, entre varias medidas, el estado pudiera “rebajar el margen de ganancia de 240 % que mantienen las ventas en MLC. Si, por ejemplo, importar una libra de pollo costara un dólar, se pudiera vender a 1,50 MLC y no a 2,40 MLC, lo cual redundaría en un beneficio para la población”, razonó el economista.

Asimismo, propuso a nivel local “hacer un levantamiento de las personas con la peor situación y distribuirles o venderles productos a precios subsidiados”.

Para Fleitas, “la política económica debe buscar vías de apoyo más integral a las familias más pobres”.

Y también consideró “necesario ejecutar un estudio nacional sobre la pobreza para conocer las diferencias entre territorios y grupos de edades. Podrían sus resultados ayudar a tomar decisiones de política de apoyo a esos grupos, que no solo tengan que ser asistenciales”.

ED: EG

Fuente: IPS Noticias