Vicepresidente de Bolivia a golpistas: «No se equivoquen, el pueblo despertó»

“Así como se han manifestado aquella vez en un cabildo y han planificado organizar el golpe de Estado, nuevamente, hermanos, son los mismos, pero en nuestro pueblo ha habido un despertar de conciencia en 2020. Que no se equivoquen”, advirtió el vicepresidente rodeado de diputados y senadores del MAS-IPSP, el presidente del Instrumento Político, Evo Morales, y dirigentes de las organizaciones sociales.

Choquehuanca señaló que gracias al pueblo boliviano retornó el Proceso de Cambio al Gobierno con el 55% de respaldo luego de que “sufrió una interrupción violenta” con el golpe de Estado de 2019, cuando la segunda vicepresidenta del Senado, Jeannine Añez, se declaró presidenta del país ante una Asamblea Legislativa que no reunía en quorum reglamentario y ordenó la represión a la población.

Las Fuerzas Armadas recibieron licencia blanca para reprimir a la población en virtud del Decreto Supremo 4078 promulgado por el gabinete de Añez. Con la norma, se los eximió de eventuales juicios penales por los operativos ejecutados en noviembre de 2019.

Así, uniformados de la Policía y las Fuerzas Armadas realizaron operativos – entre el 15 y el 19 de noviembre de 2019 – en Huayllani (Sacaba) y Senkata, dejando el saldo de más de una treintena de personas fallecidas, 184 personas heridas y 224 personas detenidas.

“Hemos vivido un año de tristeza, de incertidumbre, de llanto, luto, desaliento, de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, de violación de derechos humanos, de persecución política y de encarcelamiento”, rememoró el vicepresidente.

Al igual que sucedió ese año, el 30 de septiembre pasado los grupos de poder de Santa Cruz llevaron adelante un cabildo, que, si bien en un inicio fue convocado para exigir la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023, concluyó con un paquete de exigencias.

Su agenda incluyó temas como la justicia, el caso terrorismo y juicio al expresidente Evo Morales, la seguridad jurídica, avasallamiento de tierras, cultivos de coca y la autorización de la incorporación de la biotecnología en el agro.

En términos globales, el cabildo amenazó con ir a un paro indefinido desde el 22 de octubre, si hasta el 21 no se atiende su demanda, de fijar para el 2023 la realización de la encuesta nacional.

Además, exigió que los resultados se apliquen en 120 días, acabada la encuesta, en la configuración de un nuevo padrón electoral para las justas del 2025.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, rechazó el ultimátum, convocó a esto sectores acudir a la mesa técnica de este 11 de octubre con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para trabajar en el Censo y les instó a no llevar al departamento a un nuevo paro, como ya lo hicieron en dos oportunidades el 25 de julio y el 8 y 9 de agosto.

Recordó que el Censo tiene 700 actividades programadas que se deben realizar de manera rigurosa y que sus resultados deben procesarse en por lo menos 12 meses.

“Esto no es un juego, hablamos de un levantamiento estadístico de rigurosidad”, afirmó en declaraciones a la prensa en La Paz.

Ante estos aprestos opositores, el vicepresidente convocó a la unidad del pueblo boliviano para defender no solo la democracia sino también los recursos naturales como el litio.

Según dijo, en el año de la ruptura del orden constitución, el gobierno de facto había iniciado el proceso de “privatización” del litio, que fue frenado por la administración del presidente Luis Arce Catacora.

“Quieren dividirnos para robarnos nuestro litio”, alertó.

De acuerdo con el vicepresidente, con el litio el país registrará hasta $us 30.000 millones de ingresos anuales, superior a los $us 3.000 millones que genera la venta de gas.

“Si nos unimos, todos ganamos”, afirmó Choquehuanca.