Amigos de la Tierra y el Observatorio de las Multinacionales en América Latina denuncian la opacidad y los impactos socioambientales provocados por las compañías mineras

Según explican ADT y el OMALla estrecha relación entre el aumento del consumo de minerales y la agenda político-económica europea está teniendo como consecuencia el incremento de proyectos mineros que se pretenden explotar dentro de las fronteras continentales. En España, solo en el año 2018 llegaron a presentarse más de 2.000 solicitudes para iniciar operaciones de minería, y en 2021 había registradas 548 licencias para proyectos de minería metálica.

Ante este ‘boom’ extractivo,el informe identifica una serie de patrones que se identifican con la lógica de los megaproyectos, en unos parámetros que se vienen observando desde hace décadas en este tipo de actividades en el Sur Global. En este sentido, estas iniciativas lideradas por empresas transnacionales se apropian de territorios y bienes naturales «amparadas por una evidente asimetría normativa entre la fuerte protección de los intereses corporativos y la débil o inexistente protección de los derechos colectivos», como en el caso de la mina de litio de Cáceres, donde el ayuntamiento rechazó otorgar los permisos de explotación y la empresa amenazó con plantear un recurso contencioso-administrativo.

Para ambos colectivos «la opacidad es otra de las señas de identidad de la forma de proceder de estas compañías» ya que, por un lado «hace referencia a la maraña de entidades que participan en la cadena global de la explotación minera y, en segundo término, se vincula con una gestión política poco transparente». Por otra parte, la promesa de creación de empleo y la llegada de inversiones, así como otro tipo de iniciativas asistenciales enmarcadas en los programas de responsabilidad social corporativa es una de las estrategias utilizadas para convencer o crear división entre las comunidades. Por ejemplo, en Salamanca, la empresa Berkeley, que solicitó los permisos para explotar la mina de uranio de Retortillo y finalmente vio truncados sus planes, financió actividades municipales por valor de 470.000 euros a los municipios afectados desde 2016.

Además, ADT y el OMAL exponen que «estos conglomerados empresariales dejan impactos económicos, políticos, socioculturales y ambientales en los territorios«. De hecho, según el Atlas Global de Justicia Ambiental (EJOLT), a día de hoy existen 323 conflictos socioambientales relacionados con la extracción de minerales como cobre, litio, plata y tierras raras.

Las organizaciones explican queel creciente interés de corporaciones e inversores en la minería «tiene un fuerte componente especulativo»y está impulsado por las políticas europeas para la transición energética y digital. Así, la ampliación a gran escala de las energías solar y eólica podría provocar un aumento de hasta el 600% en la demanda de determinados elementos, en una estrategia para la transición ecológica basada en la mera sustitución de fuentes de energía que no cuestiona los parámetros de producción y consumo.

Para los colectivos «las explotaciones mineras responden a los caprichos de un modelo económico corto de miras que poco tiene que ver con la verdadera transición ecológica«, que abre explotaciones mineras altamente contaminantes y daña la salud de la población al tiempo que no recicla de manera eficaz los materiales ya existentes fomentando lo que se conoce como «minería urbana».

Por estos motivos, consideran quelos colectivos y las organizaciones que se oponen a los megaproyectos mineros en sus territorios sirven de ejemplo para mostrar que existen multitud de luchas sociales que se están enfrentando al poder corporativo y que apuestan por formular propuestas y alternativas «para repensar el futuro con criterios de justicia social y ambiental».

Entidades sociales como la Plataforma Sí a la Tierra Viva, asociación vecinal que luchó en el Campo de Montiel (Ciudad Real) contra los proyectos de la mercantil Quantum Minería para extraer tierras raras, vieron refrendados sus esfuerzos tanto a nivel social como político y judicial yen 2017 consiguieron la negativa administrativa al proyecto por parte de la Junta de Castilla-La Mancha por su inviabilidad técnica y ambiental.

En referencia al caso, Federico Aguilera, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de la Laguna y Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente recordó queel de Ciudad Real es un claro ejemplo de ese tipo de racionalidad económica de las empresas «que pone por delante el beneficio» y está basado en «la violencia entendida como la imposición de una manera de hacer las cosas, saltándose la legislación y excluyendo cuestiones ambientales y a los propios ciudadanos».

LLAMAMIENTO A LAS AUTORIDADES

Finalmente, Amigos de la Tierra y el Obervatorio de las Multinacionales de América Latina hacen un llamamiento al Gobierno para que ponga límites al extractivismo, que con unas prácticas que «aceleran la crisis ecológica y climática» comprometen la salud de los trabajadores y la calidad de vida de las poblaciones próximas. «Es fundamental replantearnos nuestro modelo de producción y consumo y avanzar hacia la reducción, la reutilización y el reciclaje» -sentencian-.

Fuente: www.rebeldes.info