Una Extremadura Digna advierte del riesgo de nuevos desahucios en la región en 2023

La organización Una Extremadura Digna advierte del regreso de los desahucios a la región en 2023, coincidiendo con la finalización del periodo de suspensión recogido en el Decreto 11/2022, de 25 de junio. Este decreto establecía para la suspensión de los desahucios a las personas vulnerables económica y socialmente.

«En breve período de tiempo, en menos de un mes, probablemente, muchas familias se encontrarán con convocatorias judiciales previas al lanzamiento», afirman desde UED. «Los precios de los alquileres y el coste de los alimentos y materias básicas para la vida no paran de aminorar la capacidad de los ingresos de las familias», añaden.

UED pone el foco en el gobierno autonómico, apuntando que hasta la fecha, la Junta de Extremadura se ha dedicado a publicar acciones futuras previstas en el plan estatal de la vivienda para los años venideros, pero no ha tomado soluciones que pudieran hacer frente a problemas habitacionales que se multiplican en localidades extremeñas, desde Badajoz, Cáceres, Mérida hasta Talayuela.

Desde Una Extremadura digna (UED) exigen que la Consejería de la Vivienda además de facilitar el acceso a las ayudas de alquiler con la eliminación de parte de la burocracia que se exige, se haga cargo de las viviendas que están en manos de la SAREB, de las entidades bancarias y de los grandes propietarios en diferentes localidades de Extremadura para cederlas en alquiler social.

También, apuntan, es necesaria su actuación en otros casos. «No sabemos qué pasa con las 90 viviendas del barrio de Suerte de Saavedra de Badajoz que el Ministerio del Interior lleva negociando desde hace años con la Junta de Extremadura, ni qué ocurre con las 220 viviendas de los Álamos en Mérida, ni la lentitud extrema en la adjudicación de las viviendas públicas en otras localidades como Almendralejo o Talayuela, etc», recogen.

UED considera necesario que los presupuestos regionales es necesario contengan partidas para la adquisición de viviendas de particulares en venta en diferentes localidades al objeto de crear Bancos Locales de Viviendas, o que se establezcan claros programas de construcción de viviendas.

Por otro lado, señalan que sería muy necesario que los partidos políticos de la oposición en la Asamblea de Extremadura, «especialmente los que se llaman de izquierdas», exijan medidas de la Junta de Extremadura para buscar soluciones a los problemas que previsiblemente se puedan producir al concluir el período de suspensión de lanzamientos del Decreto 11/2022.

«No podemos consentir que en nuestra región haya cientos de familias que están pasando penurias por el estado físico de las viviendas y vivan en la angustia y el dramatismo de ser desalojadas por carecer de medios económicos para mantener alquileres inalcanzables para sus presupuestos familiares», afirman.